Suspenden a Seamman de Aeronáutica Civil

. La protección que ha tenido del Poder Ejecutivo no le ayudó a Guillermo Seamman para seguir como director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Seamman fue suspendido del cargo y recibió auto de prisión, según decidió la jueza Alina Aguilera, en la audiencia inicial que se celebró la tarde de ayer, por el juicio que se le sigue por el escándalo del "aerofraude", denunciado en exclusiva por la Unidad Investigativa de EL HERALDO.

Seamman, quien no compareció en la audiencia, fue acusado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de 39 delitos de abuso de autoridad al autorizar igual cantidad de convalidaciones de licencias a personal aeronáutico de Venezuela y Perú, de forma irregular.

Se emitieron ilegalmente porque los extranjeros nunca vinieron al país a tramitar los documentos ni ha someterse a los exámenes de conocimientos que exige la Ley de Aeronáutica Civil.

"Las pruebas fueron de valor porque se corroboró que Seamman firmó las convalidaciones, a pesar de que el proceso para la emisión de los documentos no se efectuó", dijo la fiscal acusadora, Karla Zavala, al salir de la audiencia que se celebró en el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.

Peso de las pruebas

La jueza valoró que los expedientes de las convalidaciones llevaban los facsímiles de las firmas de Seamman, es decir, sellos con la rúbrica del funcionario estampada en los expedientes de las convalidaciones, mismas que fueron presentadas en el trabajo investigativo de EL HERALDO.

Estos expedientes fueron decomisados por la Fiscalía en un reciente operativo que realizó en la oficinas de la DGAC.

"Claro que se demostró que hay pruebas que demuestran que hubo participación de Seamman en este delito, porque hubo omisión de Seamman de sus responsabilidades de funcionario al firmar los expedientes sin que se hicieran los trámites correspondientes" , acotó la fiscal.

Ada Mass, la otra fiscal que compareció en la audiencia, acotó que Seamman emitió un acuerdo, de fecha 21 de abril, en el que contradictoriamente anulaba las convalidaciones que firmó el 23 de abril (es decir, dos días antes de emitirlas).

"Cómo es que va a dejar sin validez una convalidación que no se había emitido; eso quiere decir que acepta su culpa", indicó.

Una parte de las convalidaciones se firmaron a inicios de marzo y las restantes el 23 de abril de 2008.

Las 39 convalidaciones se emitieron a favor de la empresa hondureña Atlantic Airlines, para que trabajaran en un Boeing 737 en Venezuela.

Cita con la justicia

La audiencia inicial contra Seamman comenzó el 11 y 12 de septiembre, pero la jueza extendió la misma para que ayer solo leyera su resolución porque quería tiempo para analizar las pruebas.

Guillermo Seamman no se presentó ayer ni en ninguna de las audiencias porque está estresado, según su abogado defensor, Daniel Rivera Mena.

El requerimiento contra Seamman se presentó a mediados de agosto.

El proceso

La jueza Aguilera emitirá un escrito para que la defensa legal se notifique del fallo y la suspensión corra desde ese momento.

A Seamman también se le prohibió visitar las oficinas de la DGAC y tener contacto con el personal de esa entidad. De igual manera, se le mantiene la prohibición de salir del país.

El auto de prisión implica que el caso de Seamman pasa de la audiencia inicial a audiencia preliminar.

En esta nueva etapa, el sospechoso sabrá si su caso pasa a juicio oral y público o se le sobresee parcial o definitivamente.

El auto de prisión es con medida sustitutiva, es decir que se defenderá en libertad, contrario a lo que generalmente sucede con delincuentes comunes que son enviados a prisión.

Después de este fallo, la Fiscalía tiene 60 días para solicitar a la jueza que convoque a las partes para la audiencia inicial.

Alegría y enojo

Según supo EL HERALDO, la noticia de la suspensión de Seamman generó júbilo entre la mayoría de empleados de Aeronáutica, que saben de los actos irregulares del funcionario, pero que han guardado silencio por temor a represalias.

El que salió visiblemente furioso de la audiencia fue el abogado Daniel Rivera Mena, quien anunció que procederá por prevaricato contra la jueza Alina Aguilera porque, según él, perjudicó ilegalmente a su cliente.

"La jueza cometió prevaricato porque no hay ninguna prueba que establezca que el señor Guillermo Seamman dio una orden para emitir las convalidaciones", dijo con el rostro enrojecido.

Aseguró que no se acreditó ningún documento o declaración de testigo que indique que Seamman giró instrucciones de que se firmaran las convalidaciones, por lo que no cabe imputarle el artículo 349 del Código Penal.

Durante la lectura de la resolución se observó cómo Rivera Mena hacía ademanes amenazantes contra la jueza Aguilera, se colocaba sus lentes y señalaba varios artículos del Código Penal para tratar de explicarle a la togada que estaba equivocada.

El personal de juzgado, escribientes, jueces y procuradores, miraba con asombro la furia con la que se dirigía Rivera Mena contra Alina Aguilera.

La fiscal Karla Zavala confirmó que Mena llegó a faltarle el respeto a la jueza, pero que será la impartidora de justicia la que sabrá si procede contra Rivera.

Los ataques del abogado defensor siguieron. Acusó a la embajada de Estados Unidos de presionar a la jueza porque, si no perjudica a su cliente con el auto de prisión y lo suspende del puesto, se le quitaría la visa americana.

"Esto es inaudito, lo que está pasando aquí es que hay presión de la embajada americana, va dirigida a quitarle la visa a la jueza o a cualquiera que se oponga a una situación...", expresó.

Rivera no tiene pruebas de este señalamiento, pero aseguró que esa situación "se ha dejado entrever en el trámite del juicio".

Sin embargo, no explicó si en algún momento la jueza dijo que tenía esa amenaza de parte de la representación diplomática estadounidense.

Mientras la jueza considera que si hay indicios racionales de culpabilidad contra Seamman, el presidente Zelaya lo ha defendido a capa y espada y nunca decidió suspenderlo para que haya mayor transparencia en el juicio.

Incluso, el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, se atrevió a decir que las pruebas de las investigaciones de EL HERALDO sobre el "aerofraude" eran débiles.

La aventura de Seamman en los juzgados apenas inicia, pues la Fiscalía está por presentar otras acusaciones por haber autorizado vuelos chárter a favor de empresas de Estados Unidos sin que se cumplieran los trámites o cuando las aerolíneas tenían los seguros vencidos, anomalías que también denunció EL HERALDO.