Microempresas, las más golpeadas con el mínimo

Entre la espada y la pared se encuentran los propietarios de pequeñas y medianas empresas, que se debaten en el dilema de ser patronos o volverse obreros.

Para Martha Julia Zúniga, el anhelo de toda la vida fue independizarse de un empleo de 8 horas diarias y convertirse en empresaria.

El sueño se volvió realidad y desde hace unos cinco años estableció su propio salón de belleza en el barrio Buenos Aires, donde emplea a tres estilistas más.

Sin embargo, el sueño anhelado está a punto de volverse pesadilla porque el presidente Manuel Zelaya decretó el 24 de diciembre de 2008 un salario mínimo de 5,500 lempiras para los obreros de la zona urbana y de 4,055 para los del área rural.

“A las muchachas les he pagado un salario de 3,500 lempiras mensuales, pero no les podré cancelar los 5,500 lempiras del nuevo salario mínimo porque no tengo capacidad.

Ya hablé con ellas y si no aceptan pactar un incremento menor, una de las tres deberá de ser despedida”, lamentó la estilista.

Gran impacto

El impacto salarial sufrido por este salón de belleza asciende a un 58 por ciento por cada una de las empleadas. “Corro el riesgo de cerrar este negocio y dedicarme a otra cosa.

Dos amigas mías clausuraron ya su salón. La salida es llegar a un acuerdo con las empleadas”, estimó la microempresaria.

Martha Julia desconoce la advertencia efectuada por la ministra de Trabajo, Mayra Mejía, sobre que es ilegal pagar un salario inferior al establecido por el presidente Zelaya.

Esa es la ley, señores.

Revés

El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, explicó que en las negociaciones del salario mínimo anterior se establecía una diferenciación salarial para las categorías de 1 a 15 empleados y de 16 trabajadores en adelante.

El decreto ejecutivo, publicado ya en el diario oficial La Gaceta del 27 de diciembre de 2008, establece un salario mínimo urbano y rural para los 18 departamentos del país. Ya no existen las categorías.

El director del la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Guillermo Matamoros, confió que en el sector de la maquila se mantenga el salario actual.

El gobierno determinó postergar la negociación salarial para la maquila hasta los primeros días de febrero del presente año.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, el gobierno incurriría en un grave error si también eleva el salario mínimo de los empleados de la maquila a 5,500 lempiras.

La mayor parte de los pedidos de la maquila los efectúan empresas situadas en Estados Unidos, país que enfrenta una de las principales crisis económicas en la historia del capitalismo.

El presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, expresó que el gobierno aceptó efectuar una prórroga al incremento salarial de los 133,000 empleados de la maquila, pero no se le brindó similar trato para unos 700,000 trabajadores de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes).

Bulnes ha estimado que el impacto del salario mínimo en las micro y pequeñas empresas ha significado alrededor del 230 por ciento, cifra que indudablemente acabará con estas empresas.

El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Santiago Ruiz, resaltó que el impacto del referido incremento en la Pymes agrícolas es de un 121 por ciento.

Además, mediante el referido decreto se determinó que más de un 65 por ciento del territorio nacional fue declarado como zona urbana y el resto como zona rural.

“Creemos que para enfrentar esta alza se elevará el precio de los alimentos y se despedirá personal”, indicó.

Los efectos

Mientras la cúpula presidencial del país anuncia que 200 empresas están listas para presentar ante la Corte Suprema de Justicia un rosario de impugnaciones en contra del alza del salario mínimo, el empleo de unos 15,000 trabajadores que laboran en la industria panificadora podría desaparecer antes del 30 del presente mes.

La industria panificadora agremiada dispone de unas 2,000 unidades productivas que emplean a un promedio de 70 trabajadores, para un total de 150,000 obreros.

La estimación del directivo de la Asociación Nacional de Panificadores, Jimmy Dacareth, es que se prescindirá de un 10 por ciento del total de los obreros, o sea que 15,000 se irán a la calle en el transcurso de los próximos días.

El dirigente expresó que ya cesanteó a 30 trabajadores que laboraban en su panadería.

El director del Cohep, Benjamín Bográn, indicó que unas 200 empresas han solicitado la asesoría del Cohep y de las cámaras de comercio para preparar los recursos de amparo con suspensión del acto reclamado en contra del decreto ejecutivo que elevó el salario mínimo.

El asesor del Cohep, Armando Urtecho, informó que a varias empresas ya les preparó el escrito que presentarán a partir de mañana ante la Corte Suprema de Justicia.

Indignación empresarial por burla del presidente

“Es lamentable que el presidente Zelaya cante y asuma una posición indolente en contra de los miles de trabajadores que ya fueron despedidos.

Hemos pasado del nerviosismo a la indignación por esa actitud”, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios (ANMPI), Carlos Uclés.

El dirigente expresó que esta situación mantiene en incertidumbre a los empleados.

El directivo de la Asociación Nacional de Panificadores, Jimmy Dacaret, dijo que la burla del presidente les causó malestar y tristeza porque es una afrenta en contra de los trabajadores que perdieron su empleo y ante la situación que vive el sector privado.

El director del Cohep, Benjamín Bográn, indicó que los despidos no son amenazas, sino una reacción genuina de los empresarios ante el alza desproporcionada del salario mínimo.

Fiscalía: Despidos deben tener causa justificada

La situación laboral de centenares de trabajadores ha llegado a oídos de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Esta dependencia del Ministerio Público es del criterio que los despidos de personal deben tener una causa justificada.

“Las personas despedidas tienen, en primer lugar, el derecho de acudir a los tribunales para que los jueces revisen si los despidos están justificados y razonados, en los casos que sean injustificados que sean indemnizados, o por el contrario reintegrados”, expresó la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce.

La Fiscalía tiene por mandato perseguir las responsabilidades a los servidores públicos ya sea por abuso de poder o por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

En ese sentido, la fiscal advirtió que se incoarán acciones penales contra funcionarios que, en el ejercicio de su cargo, incumplan con los derechos de los trabajadores despedidos.

Igualmente, la fiscal aclaró que no es competencia de la Fiscalía deducir responsabilidades a representantes de empresas, por lo que no se iniciarán investigaciones en ese sentido.

“La Constitución de la República garantiza la estabilidad en el empleo y reconoce, por otro lado, la libertad de contratación”, dijo.