Maestros y el mismo gobierno, beneficiados con alza al mínimo

Cuando el presidente Manuel Zelaya asumió el poder gritó a los cuatro vientos que su antecesor le heredó “bombas” por todos lados: ENEE, Hondutel, SANAA y otras.

Parodiando esa expresión del presidente Zelaya, algunos sectores ahora hablan de que el actual mandatario dejará, ya sea a su correligionario Elvin Santos o a su adversario Porfirio Lobo Sosa, un país convertido en una verdadera planta nuclear a punto de estallar.

Lo cierto es que esas “bombas” siguen intactas (la crisis en Hondutel, ENEE, el no acuerdo con el FMI, la inflación...) y ahora el panorama es peor no solo por el impacto de la crisis financiera mundial, sino también por el unilateral aumento al salario mínimo que decretó el presidente Manuel Zelaya.

Subir el salario mínimo de los obreros de 3,500 a 5,550, un ajuste de 60 por ciento en unos rubros y hasta de 200 en otros, no solo tendrá un impacto en las empresas, sino que en la propia economía del estado.

El impacto real que tendrán a futuro los efectos colaterales del aumento al salario mínimo, a nivel de las finanzas públicas y privadas, todavía es incuantificable; lo que sí ya se proyecta es la crisis salarial que dejará la administración del presidente Manuel Zelaya al próximo gobierno.

Los economistas y financistas, incluyendo funcionarios públicos, no se atreven a predecir las consecuencias del golpe que generará la medida adoptaba por el Poder Ejecutivo de aumentar a 5,500 lempiras el salario mínimo.

Algunos dirigentes empresariales preliminarmente hablan de unos 23 mil millones de lempiras solo en el sector privado.

Pero sobre el alcance en las finanzas públicas nadie se atreve a realizar una proyección.

Aunque el gobierno asegure que los efectos del aumento no impactarán en sus finanzas, eso no es tan cierto porque la variable juega un papel preponderante en muchas normativas y acciones oficiales.

Esta determinación, según economistas, no fue prevista para el anteproyecto de presupuesto, tampoco se tomó en cuenta para las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el cual Honduras mantiene un acuerdo “stand by” que termina el próximo mes de febrero, y seguramente el gobierno buscará una extensión.

Se ignoró todo lo que tiene que ver con la política de contratación del Estado, cuya burocracia aumenta cada año y más en período electoral; asimismo, no se tomó en cuenta una política de empleo.

Tampoco se ha medido el impacto en otros aspectos, ya que el salario mínimo no solo está adherido a cuestiones salariales, sino también a muchas sanciones de diversa índole, como por ejemplo las estipuladas en el Código Tributario.

“Serán sancionados con tres salarios mínimos, promedio vigente, los contribuyentes o responsables que infrinjan lo dispuesto en el artículo 43”, establece esta ley.

Solo en multas aplicando el Código Tributario, el gobierno estipuló un ingreso para 2008 de 47 millones de lempiras.

“Hay implicaciones que nosotros nos atreveríamos a decir, en este momento, que no se han podido cuantificar y no se ha podido identificar las magnitudes que esto pueda tener”, expresó, Muricio Díaz Burdeth coordinador del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh).

No hay duda de que el salario mínimo y todo lo que tiene que ver con empleo, los gobernantes lo está íntimamente relacionado con los procesos electorales.

“Desde nuestra perspectiva hay toda la intención de que este nuevo salario mínimo pueda contribuir favorablemente al tema electoral, por eso ninguno de los partidos políticos se está pronunciando”, lamentó.

Díaz Burdeth aseguró no tener duda de que el aumento va a tener un impacto en términos del gasto corriente del gobierno y particularmente en lo que corresponde a la planilla de sueldos y salarios, pues hay estatutos cuya parte económica está anexada al salario mínimo y, aunque otros aparentemente están desconectados, lo están a través del índice inflacionario, el cual se mueve casi directamente con el aumento al salario base.

A nivel de empresa privada hay un impacto que todavía no ha sido identificado por el mismo gobierno, relacionado con el pago de colaterales que hace el sector privado a entes públicos.

La Andi, en uno documento interno, plantea que si la planilla de una empresa era de L 1,000,000 mensuales, dicha empresa pagaba, además, en promedio L 720,000 por obligaciones colaterales y sus costos totales laborales eran de L 1,720,000.

Ahora, la planilla de L 1,000,000 subirá a L 1,600,000 (60% de L 1,000,000) y sus gastos colaterales ascenderán a L 1,152,000 (72% de L 1,600,000), para dar un nuevo total de L 2,752,000.

La pregunta es ¿quien va a pagar esos L 1,072,000 resultado de que el gobierno del presidente Zelaya está obligando a que esa empresa incurra en gastos adicionales cada mes?, se pregunta la Andi.

Los maestros favorecidos

“El sueldo base y el valor de la hora clase para los docentes serán incrementados de manera automática y directa por los ajustes que se apliquen al salario mínimo”, dice el artículo 49 del Estatuto del Docente, aprobado en 1997.

El sueldo base del médico general será de doce salarios mínimos, y el del especialista de catorce, ajustándose automáticamente al modificarse el salario mínimo, establece el Estatuto Médico aprobado en diciembre de 1985.

Ante la desproporción salarial que implicaban estas normativas, en diciembre de 2003 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo, estableciendo que el aumento al magisterio y a los galenos se haría de acuerdo con el índice inflacionario, congelando así los dos estatutos.

Pero el 12 de agosto de 2006, el presidente Zelaya Rosales firmó con la dirigencia magisterial un aumento de 24.2 lempiras la hora clase y diferido en tres años, lo cual significaría una erogación de 7 mil millones de lempiras.

Además estableció que a partir de 2010 los incrementos se darán de acuerdo al artículo 49 del Estatuto del Docente, el cual se reactivó el 15 de noviembre de 2007 mediante decreto 136-2007.

Esto indica que el sector magisterial sí se beneficiará del nuevo salario mínimo a partir de 2010.

Sin atreverse a dar cifras, el viceministro de Finanzas, José Antonio Borjas Macís, precisó que el impacto del salario mínimo en las finanzas del país se va a sentir a partir del próximo año; “si y solo si no hay una negociación previa con los maestros.

Debe haber una negociación con ellos porque el presupuesto no va a poder soportar indexar el salario mínimo al Estatuto del Docente, solo ahí se está hablando de unos 60 mil empleados, e indexar el salario mínimo sería matar el presupuesto del país”.

Será a la nueva administración -que comienza en 2010- a la que le corresponderá una nueva negociación con los docentes, dijo.

Aseguró que para este año el aumento a los maestros ya está contemplado en el anteproyecto de presupuesto, pues el presidente desde el principio de su administración negoció con ellos un acuerdo que vence en 2009.

Con los médicos, según él, no hay problemas porque a ellos se les continúa aplicando la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo.

En cuanto al aumento a los más de 25 mil empleados públicos, esto ya está contemplado porque desde abril del año pasado el ejecutivo ordenó que ninguno de estos debería ganar menos de 5,500 lempiras.

“Los otros estatutos que son más pequeños no están indexados al salario mínimo. Nosotros como gobierno no vamos a modificar nuestro presupuesto porque no tenemos impacto, dada la determinación del presidente de aumentar en abril el salario mínimo”, argumentó.

Daño

A pesar de formar parte del gobierno, Borjas Macís tiene muy claro que el aumento del salario mínimo afecta a la economía.

“Yo sigo insistiendo, pero nadie me para bola, en que el salario mínimo le hace daño a la economía porque, además de provocar inflación, solo beneficia a entre el 10 y 12% de la población laboral, y también está indexado a estatutos y a empleados de altos sueldos que no tienen que ver con el salario mínimo”.

Por ejemplo: el Estatuto del Docente de los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) está relacionado con el salario mínimo, no directamente, pero sí a través de una “formulita”.

Hay otras instancias, como juntas directivas del gobierno y de la empresa privada, donde las dietas se pagan o se dan de acuerdo con el salario mínimo y eso no puede ser así, criticó.

En 2010, docentes exigirán aumento de acuerdo con el nuevo salario mínimo

Este año se exigirá lo acordado con el gobierno en agosto de 2006, pero el otro año las exigencias se harán en base a lo estipulado en el Estatuto del Docente, el cual establece que los incrementos deben realizarse de acuerdo al salario mínimo, afirmó Eulogio Chávez, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh).

“Nosotros ya tenemos algo negociado con el gobierno para este año. Este aumento es a partir de enero, ese incremento nosotros lo vamos a exigir para que se dé a los profesores”, dijo.

Explicó que para un profesor que tiene jornada completa, de 36 horas, el aumento es de aproximadamente mil 300 lempiras, pero eso no es para todos, porque muchos maestros solo tienen diez horas, entonces su aumento es menos, por lo tanto, nadie puede establecer con certeza la cantidad de millones que el gobierno pagará”.