Honduras
Si usted es una de esas personas que habían hecho planes para hoy porque esperaba recibir la primera parte del aumento del 60 por ciento al salario mínimo aprobado por el gobierno, tendrá que olvidarse de esto.
Su caso es igual al de unos 600,000 obreros integrados en esta estructura y que deberán esperar hasta el fin de mes para saber si les pagarán este incremento.
La cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) recomendó ayer a las empresas esperar el desarrollo de un proceso legal iniciado el lunes 12 de enero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se solicitaba a este poder del Estado dejar en suspenso la medida salarial.
Los asesores legales del Cohep, en representación de 78 empresas, interpusieron entre el 12 de enero y ayer igual cantidad de recursos de amparo con suspensión del acto reclamado.
El director del Cohep, Benjamín Bográn, estimó que esta semana se incoarían entre 100 y 200 impugnaciones de empresas que están en contra de pagar un salario mínimo desproporcionado.
Cheque sin aumento
La cúpula del sector privado emitió anoche un comunicado donde recomienda a todas las empresas que se vean imposibilitadas a pagar el incremento desproporcionado del salario mínimo que comuniquen a sus trabajadores que este ajuste será diferido para la segunda quincena del presente mes, porque se interpuso una acción judicial y hasta que se resuelva se hará efectivo el pago respectivo.
El Cohep recomienda que se continúe pagando con la base del salario mínimo a diciembre de 2008, mientras no se defina la nueva escala salarial mínima impuesta por el Ejecutivo y que equivale a una compensación salarial de 5,500 lempiras para el área urbana y a 4,055 lempiras para la rural.
El Cohep comunica a todos los empresarios que pueden hacer uso de la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
“Recomendamos a los empresarios que hagan el máximo esfuerzo posible para mantener los empleos y que busquen junto con sus trabajadores acuerdos que les permitan garantizar la sobrevivencia de las empresas y el empleo”, dice el texto del comunicado.
El director del Cohep expresó que esta recomendación se efectúa a las empresas que transitan por una crisis financiera.
“Sugerimos a los empresarios que acuerden con sus trabajadores un mecanismo que les permita ganar más a los obreros cuando sean más productivos”, dijo.
Es necesario, continúa el documento, que el gobierno defina de manera clara hasta dónde llegan los límites de la zona rural y del área urbana.
“La empresa que no enfrente estas dificultades puede pagar el salario mínimo fijado por el gobierno”, recomendó el Bográn.
Daños
El asesor económico de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Cándido Amaya, manifestó que un estudio preliminar que será presentado durante los próximos días a la opinión pública indica que se perdieron a la fecha unos 8,000 empleos solo en la capital.
Además existe la posibilidad de que estos recortes de personal sean apenas la punta del iceberg que impacte la economía de las empresas y del país.
La CCIT efectúa también una encuesta respecto a la posibilidad de la liquidación de empresas y otros problemas que deterioren más las relaciones armónicas entre el capital y el trabajo.
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, lamentó que de aquí en adelante las personas despedidas son los que “no tienen una representación legal, los sin rostros y los que trabajaban en la micro y pequeña empresa”.
El empresario solicitó al gremio empresarial agilizar la documentación necesaria para totalizar las 200 impugnaciones en contra del salario mínimo vigente, que es desproporcionado, porque hasta diciembre de 2008 tomaba en cuenta las diferencias de región geográfica, cantidad de empleados y tipo de trabajo, entre otras especificaciones.
El asesor legal del Cohep, John Padgett, informó que este día a las 3:30 de la tarde interpondrán entre 30 y 40 recursos adicionales de amparo en contra del alza salarial; todos estos recursos han sido interpuestos basándose en que el acuerdo ejecutivo SSTSS 374-STSS-08 violenta garantías como la igualdad ante la ley y el derecho el trabajo.
Otras acciones
En base a una publicación de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ya se habla que además de la interposición de los recursos de amparo se presentarían ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varios recursos de inconstitucionalidad en contra del acuerdo que fija el salario mínimo.
Según la Andi, este acuerdo es inconstitucional porque fue impuesto de manera unilateral por el presidente Manuel Zelaya, no observa las condiciones de las regiones, labor y costo de vida, y violenta la Ley de Municipalidades que determina qué comunidades del país son urbanas y cuáles son rurales.
La Andi señala que se violenta el principio de igualdad ante la ley porque los trabajadores de la maquila fueron exceptuados para la aplicación del nuevo salario mínimo.
En el referido acuerdo también se crea una partida presupuestaria para la secretaría del Trabajo, por lo que se violenta el sistema financiero del sector público, porque la Secretaría no tiene las capacidades legales para crear o modificar el presupuesto general de la República.
CSJ admite recursos de amparo
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ayer el primer paso: declarar admisibles los recursos de amparo interpuestos por diez empresas en contra del incremento al salario mínimo ordenado por el Poder Ejecutivo.
Las demandas de amparo fueron admitidas sin suspensión del acto reclamado, lo que significa que el acuerdo ejecutivo No. 374-STSS, publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 27 de diciembre, continúa vigente para las diez empresas que impugnaron esta normativa.
Las empresas recurrentes habían solicitado admitir los recursos con suspensión del acto reclamado, lo que fue desestimado por la Sala. La resolución se adoptó la tarde de ayer de forma unánime por los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional.
Luego de que la resolución sea firmada por los magistrados, el trámite continuará hasta emitir una sentencia definitiva.
El proceso continuará con la notificación de la admisibilidad a la parte recurrente, representada por el abogado John Stephen Padgeth Lara, para que formalice la acción de amparo.
Secretaría del Trabajo
Salario mínimo de 5,500 lempiras es ley
El nuevo salario mínimo de 5,500 lempiras para la zona urbana y de 4,055 para la rural entró en vigencia el 1 de enero de 2009, indicó el viceministro de Trabajo y Previsión Social, Darío Roberto Cardona.
El funcionario expresó que las empresas que paguen una cantidad inferior a sus trabajadores incurren en ilegalidad y serán multadas conforme a lo establecido en la ley.
“Creo que la normativa es muy bien conocida y se debe aplicar.
Existe un decreto que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 27 de diciembre de 2008, donde está establecido el salario mínimo”, indicó.
Según Cardona, los empleadores y empresarios deben cancelar a sus trabajadores esta remuneración de conformidad a lo establecido en la ley.
El presidente de la República, continuó, consideró a bien elevar el presupuesto de la Secretaría del Trabajo en 20 millones de lempiras.
Los recursos se utilizarán para contratar más inspectores y personal de conciliación, que serán diseminados en el territorio nacional.
“Desde el 1 de febrero se efectuará una serie de inspecciones de rutina y se desarrollarán investigaciones ante denuncias presentadas por los afectados”, advirtió el funcionario.
Marcha de protesta
Bloque defenderá el incremento salarial
El respeto a la estabilidad laboral y al nuevo salario mínimo de 5,500 lempiras son las razones principales por las cuales este día sindicalistas y docentes integrados al Bloque Popular marcharán por las calles de las principales ciudades del país.
En la capital, los trabajadores se concentrarán a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Pedagógica y, en su trayecto, se manifestarán frente a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y ante las oficinas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El coordinador del Bloque Popular (BP), Juan Barahona, expresó que esta manifestación es el inicio de acciones efectuadas por las tres centrales obreras del país y de los colegios magisteriales en defensa del nuevo salario mínimo y la estabilidad laboral de los trabajadores.
Barahona expresó que organizaciones agremiadas al Bloque Popular también se manifestarán en San Pedro Sula y las demás ciudades importantes del país.
Los sindicalistas sostienen que el incremento a este sueldo de subsistencia es una compensación justa ante el alza al precio de los productos de la canasta básica de alimentos y al transporte urbano e interurbano, así como a los servicios públicos.