EE UU investiga la expropiación de cementera

Un grupo de empresarios americanos y japoneses jamás imaginaron que el destino de su planta cementera instalada en el sur de Honduras terminaría en la agenda del Capitolio de EE UU.

Cemento América (Cemar) inició operaciones el 6 octubre de 2003 en San Lorenzo, Valle, al lanzar cemento Uno al mercado de la región centro, sur y oriente del país, pero seis meses después clausuró actividades al ser víctima de la “guerra de precios” de la semiestatal Lafarge-Incehsa.

En aquel entonces, Cementos América incursionó con una presentación de cemento gris, en una bolsa de 42.5 kilogramos, a un precio de 80 lempiras en los departamentos de Choluteca y Valle, seis lempiras menos que su competencia.

Lo anterior provocó una “pelea” por el mercado centro-sur-oriente del país, hasta llegar a cotizarse ese material de construcción en 45 lempiras en febrero de 2004, mostrando una reducción de 91.1 por ciento, o sea 41 lempiras menos.

Cemar era propiedad de Taiheiyo Cement de Japón y del Grupo Cerna, de Estados Unidos, en la que se invirtieron casi 28 millones de dólares.

El capitolio

Más de 130 legisladores estadounidenses, entre representantes y senadores, vienen investigando desde hace cuatro años el cierre intempestivo de Cemar.

Entre los congresistas que conocen el caso están Ileana Ross Lehtinen, republicana de La Florida y Jefa de la Minoría de la Cámara de Representantes; Elliot Engel, demócrata de Nueva York, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes; Dan Burton, republicano de Indiana y jefe de la Minoría del Subcomité del Hemisferio Occidental; Charles Rangel, demócrata de Nueva York, quien preside el Comité del Presupuesto; Dana Rohrabacher, republicana de California y jefa de la Minoría del Comité de Derechos Humanos; John Conyers, demócrata de Michigan y presidente del Comité de Justicia.

Una gran parte de legisladores ha enviado cartas a las autoridades hondureñas, las que no respondieron en tiempo en forma y ahora el caso será ventilado en el Congreso de Estados Unidos, lo que puede llevar al gobierno norteamericano a aplicar sanciones en contra de Honduras por la participación de la semiestatal Lafarge-Incehsa, de la que el Grupo IPM es propietario del 42% de las acciones.

Expropiación

La conocida firma internacional de abogados Greenberg Traurig investigó el caso denunciado en EE UU por el ciudadano americano óscar Cerna, quien gerenció Cemar en sus cortas operaciones.

EL HERALDO tuvo acceso al documento elaborado por ese bufete, en el que concluye que lo ocurrido a la desaparecida empresa de capital japonés-estadounidense fue una “expropiación indirecta en violación del Derecho Internacional”.

Agrega que de eso deriva el reclamo de Cerna, “cuya inversión en una sociedad mercantil -Cemento América, SA de CV- le fue expropiada por el gobierno de Honduras en el año 2004.

“La expropiación indirecta, por la cual el señor Cerna no recibió compensación alguna, requirió de la ejecución de una trama diseñada por el gobierno -Honduras- para proteger sus propios intereses comerciales, así como los de funcionarios a título personal, en las dos compañías que dominaban, y aún dominan, la industria doméstica de manufactura de cemento”.

La firma Greenberg Traurig asegura que producto de ello, Cerna perdió el valor total de su inversión, sufriendo pérdidas económicas y no económicas adicionales, las que pretenden le sean compensadas.

La investigación señala que durante todo el proceso de instalación de la planta fue evidente la intención de algunos funcionarios del gobierno anterior por evitar que Cemento América operara en Honduras.

El documento establece que se violaron las disposiciones establecidas en el convenio de seguridad de inversiones, firmado entre los dos países.

Una de las intervenciones más claras fue la acusación interpuesta por la Procuraduría Regional de Choluteca en contra de óscar Cerna por el delito de evasión fiscal por la importación del equipo valorado en 13 millones de dólares, el que fue ingresado al puerto de Henecán el 21 de julio de 2001 y retirado como una importación temporal, previa caución aduanera a fin de garantizar la reexportación dentro de los seis meses siguientes.

El entonces juez de Letras de Nacaome, Teodoro Bonilla, admitió la acusación y avaló la incautación del equipo por parte de la Policía Nacional, procediendo a emitir una orden de captura en contra de Cerna.

Ante esa demanda en contra de un ciudadano estadounidense, funcionarios de la embajada Americana se personaron a los tribunales correspondientes, determinando, Bonilla, posteriormente que la acusación carecía de méritos.

Asimismo, se menciona la participación irregular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que después de encontrar un ajuste de un millón de lempiras en una inversión de 600 millones, maliciosamente engavetó la resolución para que Lafarge-Incehsa ofertara menos por los activos y pasivos de Cemar.

Acusación

Greenberg Traurig sostiene que “el gobierno de Honduras no solo estaba al tanto de la trama y de su implementación, sino que también fue participante activo en la misma”.

Agrega que el derecho internacional reconoce la noción de la “responsabilidad del Estado” por los hechos realizados o las omisiones toleradas por los agentes o representantes de los gobiernos, así como por los gobiernos mismos.

“La inversión realizada en Honduras por el ciudadano estadounidense Óscar Cerna le fue despojada sin justificación legal y sin que él recibiese la compensación debida”, reza la investigación de la firma de abogados, la que también ha sido distribuida entre influyentes miembros del Congreso de Estados Unidos.

Por todo lo anterior y por tratarse de una cuestión de justicia, equidad y de derecho, debe exigírsele al gobierno de Honduras restituir al señor Cerna el valor de su inversión, así como compensarles las pérdidas.