Pobre administración de OABI, según informe del departamento de Estado

Existe un mal manejo de los bienes decomisados al narcotráfico, lo que obstaculiza agilizar la penalización de este delito, según el informe “Estrategia internacional de control de narcóticos 2009”, del Departamento de Estado.

La entidad encargada de manejar los recursos provenientes del tráfico de drogas es la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), del Ministerio Público ( MP), pero está minada por la falta de planificación, asegura la investigación.

“La OABI es una organización pobremente administrada, y está limitada por una falta de coordinación con fiscales públicos que deben llevar los casos a juicio antes que los activos capturados puedan ser distribuidos o rematados”, indica el estudio.

Incluso los fiscales del MP trabajan aisladamente de la OABI porque prácticamente pasan en “guerra” por la tenencia de los artículos decomisados. Sobre ese punto, el informe es claro: “El fiscal público ha dicho que ya no trabaja con la OABI por disputas sobre la confiscación final de activos”.

Esta dependencia del la Fiscalía es obligada a que remate los bienes decomisados para que no se dañen, aunque ello siempre depende de una resolución judicial para que se haga efectiva.

“Existe presión actualmente sobre la OABI para que liquide con mayor rapidez todos los activos que fueron confiscados, en un esfuerzo de evitar estacionamientos llenos de activos deteriorados y costos altos en seguridad y mantenimiento”.

Con las nuevas regulaciones que se están implementando en este momento, y la nueva Ley de Protección de Testigos que pasó en 2008 y faculta a la unidad a guardar todos los activos capturados, la OABI podría expandir su rol de manera significativa.

La policía y los fiscales se quejan de que la ley no puede ser activa sin los fondos suficientes, establece el informe.

Bajo el Código de Procedimientos Penales, cuando dinero o bienes son capturados en una investigación criminal, un cargo debe ser sometido contra el sospechoso dentro de 60 días después de la captura, si el cargo no es sometido, el sospechoso tiene el derecho de solicitar que se liberen los bienes capturados.

La investigación del Departamento de Estado también abarcó un análisis sobre el valor del inventario de la OABI y cómo ha decrecido la cantidad de captura de personas vinculada al narcotráfico y el lavado de activos.

“Desde diciembre de 2008, el valor total de los activos capturados fue 5.9 millones de dólares, incluyendo 4.6 millones en activos tangibles como carros, casa y yates”, apunta.

“El total para 2008 no incrementó mucho en comparación con 2007, ya que no ha habido movimiento en casos existentes y pocas capturas en ese año”, es el balance las pesquisas.

Los 750,000 mil dólares recaudados por la venta de un avión abandonado en 2007 (jet mexicano), probablemente relacionado con narcotráfico, fueron utilizados para comprar varios automóviles para fiscales públicos e investigadores de la policía.

Muchos de los bienes capturados están relacionados con crímenes de narcotráfico, ninguno se sospecha de estar vinculado con actividad terrorista, se recuerda.

El director de la OABI, Omar Zúniga, no compartió la conclusión de que esa entidad es deficientemente administrada, pues incluso ha recibido el asesoramiento y auditoría del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

También fue auditada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente al que se le notificó que no podían llevar una contabilidad de los bienes incautados como si fueran del Estado, ya que eso significaría invertir fondos con los que no cuentan.

Eso nos lleva a invertir dinero en la evaluación, a que las personas que están en la OABI asuman personalmente la depreciación, cosa que está lejos de toda lógica, dijo.

También negó que exista un divorció entre la dependencia y los fiscales, pues la OABI es parte del Ministerio Público.

De igual manera recordó que mientras no haya una sentencia judicial para rematar un bien o devolverlo a su dueño no pueden disponer del mismo.

Urge mejorar coordinación contra el narcotráfico

El gobierno de Honduras progresó en 2008 ya que criminalizó el financiamiento terrorista e incrementó el alcance legal de las entidades financieras monitoreadas por la Unidad de Información Financiera, según el informe del Departamento de Estado.

El gobierno de Honduras debería asegurarse de que estas mejorías a las regulaciones de lavado de dinero sean implementadas y coordinadas de forma que su régimen de antilavado de activos y contraterrorismo se acerque más a parámetros internacionales.

En el período intermedio, el gobierno de Honduras debería continuar apoyando el desarrollo de las leyes y su refuerzo, y entidades reguladoras de combatir crímenes de lavado de activos y otros crímenes financieros.

El gobierno de Honduras debería también eliminar cualquier ambigüedad en cuanto a la captura de negocios vinculados con actividad criminal y el enriquecimiento sospechoso de individuos, y debería revocar provisiones que permitan dispensas de responsabilidad criminal para ofensores de la ley por primera vez.

El gobierno de Honduras debería prestar especial atención a la necesidad de una coordinación mayor entre sus instituciones, ya que esto constituye el mayor factor que impide la lucha contra el lavado de activos.