"Mel" convoca hoy a consejo de ministros

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, convocó para este sábado a un consejo de ministros en Casa Presidencial, luego que el Ministerio Público interpusiera una demanda de nulidad contra la llamada cuarta urna.

Esta es la primera reacción del Ejecutivo ante la acción emitida ayer viernes por el MP ante la Corte Suprema de Justicia.

En el consejo de ministros que inició alrededor de mediodía se discute la consulta popular que se aplicaría en el mes de junio, en donde los hondureños apoyarán o rechazarán la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre.
Hoy se pretende elaborar el decreto que se publicaría en La Gaceta, convirtiéndose en ley, lo que ha confirmado el ministro de Educación Marlon Brevé, según la radio HRN.

Brevé informó que se definirán los lugares donde los funcionarios motivarán a la población a presentarse a la consulta popular.

Además, el presidente Zelaya aseguró que el consejo de ministros discutirá el plan anticrisis, la operación del aeropuerto de Palmerola como terminal comercial para Tegucigalpa y Comayagua, proyectos de vivienda y agricultura con la microempresa, Banadesa y otros sectores de la economía, la donación de 250 millones de dólares para vivienda por parte de la Alba, programas de salud en coordinación con Cuba y la Cuenta del Milenio.

Posteriormente se desarrollará una conferencia de prensa en la que el Ejecutivo transmita el pueblo hondureño su posición ante la solicitud de nulidad de la cuarta urna, considerada por muchos sectores como un intento de continuismo del actual gobierno, y demás resoluciones adoptadas en el consejo.

MP pide anular consulta

El Ministerio Público (MP) dio el primer paso en defensa de la actual Constitución de la República y del Estado de Derecho.

El MP interpuso ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de nulidad del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, firmado por el presidente Manuel Zelaya y sus secretarios de Estado en Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo.

Dicho Decreto va encaminado a practicar una consulta popular el último domingo de junio del año en curso.

Según el acuerdo, la consulta es para determinar si hay interés o voluntad popular para que en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna para luego decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la que se le estaría dando un zarpazo a la Constitución para aprobar una nueva.

La acción judicial forma parte de la investigación que inició el ente acusador del Estado el pasado 25 de marzo.

En ese entonces el fiscal general, Luis Rubí, afirmó que la pretensión de instalar una Constituyente crearía una situación fáctica y violatoria a lo que establece la actual Carta Magna.

Es así que producto de un exhaustivo estudio jurídico, el MP definió su primera posición institucional con el fin de neutralizar los efectos del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009.

“Se notifica que en este día (ayer) estoy solicitando la nulidad, ante los tribunales de la República, del decreto que autoriza la encuesta (consulta) que tiene como fin preguntar si el pueblo puede elegir sobre una Constituyente”, expresó el fiscal general, en conferencia de prensa.

La demanda de nulidad se interpuso a la 1:10 de la tarde de ayer en la Secretaría del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, por los fiscales contra la Corrupción, Henry Salgado y Helmer Cruz.

“Se interpone demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo tácito de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo por no estar ajustado a Derecho. Se solicita la suspensión del acto impugnado. Se acompañan documentos. Se señala el lugar donde se encuentran los originales”, cita el encabezado de la demanda.

Al respecto, Rubí definió en detalle la posición del MP sobre este caso. “Después de un estudio hemos considerado que ese decreto del Poder Ejecutivo conlleva a disposiciones que violentan la Constitución de la República, consecuentemente, el Ministerio Público es el encargado de velar porque se respete, y lo estamos haciendo, la Constitución de la República”, precisó Rubí.

“En tal sentido, creemos que es contraria a la ley, ilícita, y consecuentemente he solicitado la nulidad para que no se practique esa encuesta porque tiene fines ilícitos”, afirmó el fiscal general.

Suspensión de consulta

Además, en la demanda de nulidad, el MP solicita al Juzgado Contencioso Administrativo que como primer paso se admita la misma con suspensión del acto reclamado.

“Es para evitar que el último domingo de junio se practique la encuesta por ser ilícita y contrariando todos los procedimientos que establece la Constitución de la República”, expresó.

Será la próxima semana cuando el Juzgado dictamine si lo admite con suspensión del acto reclamado, aplazando de esa forma la consulta del último domingo de junio.

Se adoptó la vía de lo Contencioso Administrativo porque el Ejecutivo no publicó el acuerdo en el diario oficial La Gaceta. “Esperamos que publicara (el Ejecutivo) el decreto, nunca lo publicó, consecuentemente consideramos que los hechos que se dieron tácitamente dan por publicado el decreto y en consecuencia hemos procedido a presentar la demanda de nulidad”, dijo.

En lo que respecta a las iniciativas presentadas por diputados nacionalistas y udeístas, el MP hace un análisis para determinar si incurrieron en responsabilidad.

Argumentos jurídicos

La demanda de nulidad sostiene que el acuerdo ejecutivo contiene disposiciones antijurídicas que produciría efectos que atentan contra la Constitución.

En la pretensión del Ejecutivo se prevé que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) coordine la consulta para dar un zarpazo a la actual Constitución.

En el escrito, el MP argumenta que está convencido plenamente que ni la Constitución de la República ni la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas concede al Presidente la facultad de practicar ninguna acción de consulta electoral, pues estas solamente pueden efectuarse en el marco de la ley por el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con los artículos 5 y 51 de la Constitución.

La ley primaria ya establece los procedimientos establecidos para cambios, reformas e interpretaciones. “Cualquier otra que sea contraria a lo que establece la Constitución es nula y acarrea responsabilidad”, afirmó.

Acusaciones

Como estrategia, el MP definió interponer acciones administrativas, previo a las de tipo penal. “La Fiscalía ha considerado como estrategia prever primeramente que no se viole la Constitución, en cuanto a los recursos penales tenemos tiempo suficiente”, expresó.

“Lo primordial en este momento es evitar que se viole la Constitución de la República, en cuanto a lo penal vamos a deducir las responsabilidades penales”, advirtió el fiscal general.

Las primeras acciones penales se incoarán contra los que promuevan la constituyente aún y cuando el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo haya suspendido el acuerdo.

“En la demanda estamos pidiendo que se suspenda el acto reclamado, una vez suspendido quien lo desobedezca inmediatamente procederemos criminalmente contra quienes desobedezcan esta disposición por parte de los tribunales de la República”, puntualizó Rubí.

Qué sigue

Interpuesta la demanda de nulidad contra el Estado el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo creará una pieza aparte para definir la suspensión del acto reclamado.

El Juzgado emplazará a la PGR para que en un término de tres días se pronuncie sobre si procede o no la suspensión del acto reclamado.

El Juzgado tiene un término de 5 días para dictar sentencia interlocutoria si suspende o no el acto. Una apelación al fallo no afecta la suspensión.

El Ejecutivo estudiará contenido de demanda

El presidente Manuel Zelaya prefirió no darninguna opinión sobre la demanda interpuesta por el Ministerio Público contra el acuerdo ejecutivo PCM-005-2009.

Se delegó a su secretario privado, Eduardo Enrique Reina, para que diera las primeras impresiones del Poder Ejecutivo.

“El presidente Zelaya se enteró de la interposición de este recurso. Nos ha instruido que comuniquemos que estudiaremos precisamente la presentación de este recurso”, expresó.

Para definir una posición oficial se convocó hoy, a las 11:00 de la mañana, a una reunión de Consejo de Ministros, añadió. “Desde que el presidente decidió aprobar en Consejo de Ministros este procedimiento de consulta ciudadana para la cuarta urna se hizo con todas las decisiones del caso, le competirá a la Fiscalía, más que anunciar algunos temas de índole político, proceder si ellos lo consideran de conformidad a la ley”, manifestó el secretario privado.

Las propuestas de urnas

* Manuel Zelaya “urna continuista”

La urna que impulsa busca la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. La consulta se haría en noviembre.
La Constituyente planteada por el presidente Manuel Zelaya sugiere la disolución del orden constitucional.
Esta acción le daría poderes omnímodos a la Constituyente, incluso permitiría el continuismo del actual gobierno.
Propone limitar garantías constitucionales como la nacionalización de empresas y restringir el derecho a la información y a la libertad de expresión.

* Porfirio Lobo “urna constitucional”

Proyecta que la consulta se haga en noviembre próximo, es decir que coincida con las elecciones generales.
La Asamblea Nacional Constituyente sería ocho meses después de las elecciones, es decir, el último domingo de julio de 2010.
La Constituyente no podría derogar ninguno de los poderes del Estado. Sería una constituyente secundaria y estaría supeditada al Poder Legislativo
Se plantea que en 2012 se someta a discusión la nueva constitución elaborada por la Asamblea Nacional.

* César Ham urna de la izquierda

Propone que en junio del presente año se realice la consulta para la instalación de la Asamblea Constituyente.
Se elegirían 128 nuevos diputados, incluyendo algunos de los partidos políticos, organizaciones sociales, campesinos, mujeres organizadas.
El diputado Ham no consensuó la propuesta entre los demás miembros de la bancada de la UD.
Al interno del partido de Ham se señala de que esta propuesta sería una copia al carbón de lo que plantea el Poder Ejecutivo.

RIcardo Álvarez urna de la seguridad

Plantea que en la urna se conozca qué piensan las personas con respecto al tema de la seguridad.
A la ciudadanía se le harían varias interrogantes. La consulta no se limitaría a responder con un “sí” o un “no”.
Se les solicitaría que indiquen qué acciones los harían sentir más seguros.
Propone que la urna sea manejada por el TSE pero consensuada con la UNAH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Demandan al Ejecutivo para que suspenda anuncios de la cuarta urna

En la demanda de nulidad que interpuso el Ministerio Público (MP) contra el acuerdo ejecutivo PCM-005-2009 se solicita suspender toda promoción de la “cuarta urna” por ser ilegal.

Asimismo, se pide que el Instituto Nacional de Estadística (INE) suspenda toda actividad referida a la consulta popular del último domingo de junio.

“Estamos pidiendo al Juzgado Contencioso Administrativo que se suspenda toda actividad en ese sentido”, expresó el fiscal general, Luis Alberto Rubí.

Onerosa campaña

El Poder Ejecutivo realiza una intensa campaña en medios de comunicación para promover la “urna del continuismo”, utilizando recursos del pueblo. Hasta la marcha del 1 de mayo fue aprovechada por Casa Presidencial para impulsar la derogación de la Constitución.

“En representación de la sociedad en general y del respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país tenemos la obligación de respetar el estado de derecho, es lo que estamos haciendo con esta demanda”, expresó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado, quien junto a Helmer Cruz interpuso la demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo.

“En consecuencia a todo acto que contraríe o infrinja una norma legal tenemos que actuar inmediatamente ante los juzgados administrativos, civiles y penales”, añadió.

En este caso, el MP prefirió impugnar el contenido del acuerdo. A criterio de Salgado el acuerdo ejecutivo PCM-05-2009 está fuera del marco legal.

“Da atribuciones que no tiene, usurpa las funciones del Tribunal Supremo Electoral”, expresó. “Posteriormente, opusieron hechos administrativos como la publicidad emitida en los medios de comunicación, calcomanías, una serie de propaganda y convocatorias a nivel radial”, expresó.

La suspensión de esta promoción está solicitada dentro de la demanda, será el Juzgado quien definirá.

Una de las justificaciones del Ejecutivo es que la consulta popular está amparada en la Ley de Participación Ciudadana.

“Esto es totalmente incorrecto, porque la figura que están tomando de esta ley es el artículo 5 y no tiene ningún asidero y no puede usurpar el plebiscito y el referéndum”, expresó.

El fiscal coincide con Rubí en que la demanda procede aunque el acuerdo impugnado no haya sido publicado en el diario oficial La Gaceta.

Esto porque el Ejecutivo ya inició con acciones contenidas en este acuerdo, lo que vuelve tácita la publicación.

* Investigaciones: El Ministerio Público sigue en las investigaciones para deducir responsabilidades, ya sean estas de tipo administrativo, civil o penal.