TSC investiga millonaria asignación a militares

La millonaria asignación de fondos a las Fuerzas Armadas (FF AA) para la habilitación de Palmerola como aeropuerto comercial le traerá consecuencias legales al presidente Manuel Zelaya.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) decidió tomar cartas en el asunto y anunció una investigación sobre si este proceso de asignación de fondos se hizo con transparencia y exigirá una rendición de cuentas del destino que se le dé a la millonaria asignación.

Por orden del presidente Zelaya, se entregarán 12.5 millones de dólares (237.75 millones de lempiras) a las Fuerzas Armadas para la construcción o habilitación de un aeropuerto comercial en la base de Palmerola.

Los fondos provienen de la cuenta de Petrocaribe y se ejecutarán mediante un proceso de contratación directa, es decir, sin licitación, tal y como lo contempla la ley de contratación del Estado.

Esta determinación de Zelaya ha causado el rechazo unánime de la sociedad capitalina, tanto por querer despojar a la capital de una terminal aérea como por la supuesta irregularidad al asignarle a la institución castrense un millonaria cantidad de fondos.

Legisladores, analistas políticos, empresarios y hasta el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, ven con suspicacia que Zelaya destine millonarios fondos y sin un riguroso control a las FF AA, en momentos en que se pretende derogar la actual Constitución de la República mediante una supuesta Asamblea Nacional Constituyente.

Investigación

Sobre a supuesta arbitrariedad al asignar los millonarios recursos a las FF AA, El director ejecutivo del TSC, Moisés López, advirtió que “se va a conocer a profundidad cuál es el tipo de acuerdo, cuáles son las condiciones, de qué manera fueron aprobados o destinados estos fondos para esta obra”, advirtió el director.

“Yo entiendo que emergencia no hay ninguna, esto más bien se trataría de un abuso si está pensándose que no se va a rendir cuentas y que se van hacer las compras de manera directa, porque eso está obviando los procedimientos que la ley señala; están incurriendo en responsabilidad y lógicamente el Tribunal, frente a esta situación, tiene que intervenir porque no puede permitirse que cualquier ciudadano, cualquiera que fuere el rango, pase por sobre la ley y no respete la misma en bien de los bienes del país”, expresó López.

Someterse a la ley

En su investigación, el TSC verificará si en el proceder del Ejecutivo se cumple lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

“Entiendo que él (Zelaya) es un hombre respetuoso de la ley y debe someterse a los procedimientos que establece la ley de Contratación del Estado, si la construcción misma no obedece a una emergencia”, expresó.

“Cualquier decreto que emita y que no siga los procedimientos de ley, lógicamente dará a lugar a que el Tribunal intervenga y haga la responsabilidad que corresponda”, advirtió.

El TSC puede detectar indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa. La Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales de Presupuesto señalan los montos para que pueda hacerse una licitación pública y privada, igual que las condiciones que se dan para poder decretar un estado de emergencia, con el cual se justifican las contrataciones directas.

“Si eso no existe, lo lógico es que no debe haber ninguna contratación directa, sino seguir el procedimiento que señala la Ley de Contratación del Estado”, precisó el director.

No son los más indicados

El TSC determinará si se incurrió en una irregularidad al asignar la obra a las Fuerzas Armadas, cuando para el caso podría haber sido encargado a la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).

“Si lo vemos desde el punto de vista lógico y legal, los procedentes dicen que se haga una contratación internacional, siguiendo los procedimientos de la ley, es decir, una licitación que sea limpia, transparente, donde se pueda obtener la participación de los mejores constructores para hacer una obra de calidad”, manifestó.

“Traspasar fondos de la manera en que se está haciendo, sin estar un presupuesto aprobado, y manifestar así tan públicamente que tampoco van a rendir cuentas, esto me parece que es un abuso de autoridad y no es lo más conveniente dada la serie de conflictos que se están presentando”, recalcó el contralor.

“Lo correcto es que se siga el procedimiento que señala la ley, que se haga las justificaciones, que se asignen los fondos necesarios y que los manejen los entes apropiados, no necesariamente que sea la Fuerza Aérea o las Fuerzas Armadas; por lo tanto, no son los más indicados para que se destinen estos fondos para construir esta obra”, subrayó López.

Toncontín seguirá

En el hemiciclo legislativo, la decisión de Zelaya ha encontrado rechazo de parte de la bancada nacionalista.

El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas alzó su voz y advirtió a los diputados que el Congreso Nacional debe estar atento y exigir que, independientemente de que se realice esa construcción, el aeropuerto de Toncontín seguirá siendo la terminal aérea para la capital.

Además, Rivera Callejas solicitara que las obras de construcción se contraten mediante una licitación pública internacional, siguiendo los procedimientos que establece la Ley de Contratación del Estado.

El diputado Rivera Callejas recordó que, en mayo de 2008, el presidente Zelaya se empecinó en cerrar el aeropuerto de Tegucigalpa y habilitar la terminal aérea de Palmerola, ubicada en la base militar Enrique Soto Cano en Comayagua, a raíz del accidente que sufrió en Toncontín la aerolínea salvadoreña Taca.

Al respecto de la propuesta, el vicepresidente del CN, Víctor Sabillón, estima que el gobernante tiene la facultad para tomar cualquier tipo de decisión, pero es recomendable que envíe el proyecto al plenario legislativo para que sea aprobado, ya que esto siempre se ha hecho cuando se trata de obras de gran magnitud y que trascienden el período de gobierno.

“Creo que el presidente, como conductor del Poder Ejecutivo, tiene la potestad de velar por los intereses del país y, en ese sentido, si tiene la intención de mejorar ese aeropuerto, nadie le va a cuestionar; pero las decisiones tienen que ser muy bien pensadas”, declaró el congresista.

“No hemos entendido a profundidad lo que pretende el presidente Zelaya, pero el hecho de que otorgue a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de manejar ese presupuesto, ello implica que deben regirse bajo la ley”.

* PRESUPUESTO: La habilitación de Palmerola se hará en un momento en que el mundo entero vive una recesión económica y, además, -en un histórico hecho- cuando el Ejecutivo no ha enviado al CN el presupuesto de la República.

Critican habilitación de Palmerola y entrega de fondos a militares

Se les acaba tema de cuarta urna: Álvarez

Para el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, al gobierno se le empieza a acabar el tema de la cuarta urna y es por eso que ha optado por traer a discusión la habilitación de Palmerola.

“Lo más seguro es que a los funcionarios estatales ya se les está terminando el tema de la cuarta urna, por lo que desde ya buscan otro punto para desviar la atención de los principales problemas que enfrenta el pueblo hondureño”, añadió.

Álvarez informó que en los próximos días se reunirá con los miembros del Comité Pro Defensa de la Capital, para contrarrestar la amenaza de clausurar la terminal aeroportuaria capitalina. “A Toncontín nadie se lo lleva de aquí, la obra continuará acá, la apertura para vuelos C y D se mantendrá”, sentenció.

Consideró insólito que con tanto problema que tiene el país en temas de inseguridad, vulnerabilidad y la situación de la gripe A H1N1, los funcionarios de Casa de Gobierno insistan en su intención de cerrar el aeropuerto de la principal ciudad del país para ir a invertir 300 millones de lempiras en la habilitación de una terminal aérea en Palmerola.

‘Mel’ puede ser acusado de abuso: Aguilera

El diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Toribio Aguilera, opinó que traspasar fondos de la manera que lo está haciendo el poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas, sin que se haya aprobado un Presupuesto General de la República y tampoco un plan de inversión, puede acarrear el delito de abuso de autoridad por parte de las autoridades gubernamentales.

Según los diputados, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tendrá que hacer un análisis de esta situación e intervenir para evitar un despilfarro de fondos en actividades que aparentemente no tienen ninguna justificación.

A las Fuerzas Armadas, el presidente Zelaya les ha asignado el manejo de 237 millones de lempiras para la habilitación de Palmerola como un aeropuerto internacional.

Aguilera coincide con otros analistas políticos y sociales en que no es potestad de la institución castrense realizar actividades de esta índole. Fue enfático al pedir a los entes contralores del Estado su intervención en esta situación.

Terminal solo tendrá servicios básicos

Son 237 millones de lempiras y hay que comenzar a gastarlos.

Desde ayer, militares de las Fuerzas Armadas comenzaron las reuniones de coordinación con diferentes instituciones gubernamentales para planificar la construcción de la terminal aérea de Palmerola.

En este primer encuentro se dejó claro que con los fondos otorgados solo se tendrá “una terminal aérea con servicios básicos”.
La edificación de esa obra pública se ha convertido en la nueva tarea de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), asignada por el presidente Manuel Zelaya.

Este fue el “plan B” del mandatario al no encontrar apoyo en la empresa privada ni en la concesionaria de los aeropuertos para construirla.

Aunque una vez terminada la obra, la concesionaria de los aeropuertos, InterAirports, conocida también como Aeropuertos de Honduras, manejará esa nueva terminal internacional, pues así lo estipula el contrato de concesiones.

FF AA solo administrará

Hay que subrayar que las FF AA no construirán nada. Solo manejarán los 12.5 millones de dólares, unos 237 millones de lempiras, para la construcción de la terminal aérea. Según autoridades de InterAirports, son necesarios unos 500 millones de dólares para tener una terminal completa.

Los 12.5 millones de dólares saldrán de los fondos que ha permitido la iniciativa Petrocaribe, programa que lidera el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Aún no está claro si en entre las condiciones para la inversión de fondos de Petrocaribe se contempla la construcción de este tipo de obras.

La institución castrense tiene la facultad de contratar y comprar de manera directa, sin licitación. Sin embargo, la Ley de Contratación del Estado estipula que para cada compra o contratación arriba de 100 mil lempiras debe hacerse un proceso de licitación.

Eso ha levantado la sospechas de los entes contralores del Estado y desde ayer anunciaron investigar de oficio.

“La reunión de hoy fue para nivelar la información de todos los integrantes nuevos de la comisión de construcción de Palmerola para unificar criterios y establecer el cronograma de actividades”, ahondó el general Miguel Ángel García Padgett.

Este militar, que a nivel extraoficial se perfila como sustituto de Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, fue designado para encabezar esa comisión.

El general contó que se trabajará en una primera fase para la habilitación de “la terminal con los servicios básicos para que pueda operar dicho aeropuerto con carácter internacional”.

* Promesa: Han transcurrido casi 12 meses desde que el gobierno anunció la habilitación de Palmerola como aeropuerto internacional, luego del accidente del vuelo 390 de Taca.