Honduras
En materia de su competencia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actuó apegada a derecho para impedir la celebración de la encuesta que impulsaba el Poder Ejecutivo.
Caso contrario acontece con las autoridades de gobierno, a quienes el Poder Judicial señala de desatender la Constitución y las leyes.
Así se aseguró en un comunicado emitido por la CSJ, difundido ayer en cadena nacional de radio y televisión, en el cual se envió un mensaje al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, con motivo de resoluciones judiciales emitidas que impidieron que ayer se celebrara la encuesta que tenía por fin derogar la Constitución.
“El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ante una solicitud del Ministerio Público el día viernes 26 de junio del corriente año, libró orden a las Fuerzas Armadas para que, ante la desobediencia del Poder Ejecutivo de suspender toda actividad relacionada con una consulta o encuesta que se llevaría el día de hoy (ayer) domingo 28 de junio, procediera al decomiso de todo el material de la encuesta que se utilizaría en esa actividad previamente declarada ilegal”, cita el comunicado al que dio lectura el portavoz del Poder Judicial, José Danilo Izaguirre.
Esta determinación jurídica autorizó a las Fuerzas Armadas para que, con la intervención de fiscales del Ministerio Público, se procediera a requisar el material en mención, lo cual se ejecutó desde las 8:00 de la mañana de ayer, acudiéndose para tal fin a todos los centros destinados para efectuar la referida encuesta.
“Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme y ratificada por la Corte de lo Contencioso Administrativo, donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la ley”, cita el comunicado.
Base legal
El Poder Judicial considera que tal actuación de decomiso del material para la consulta se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente.
“Por su parte el Poder Judicial también estima que, en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas, como defensoras del imperio de la Constitución, han actuado en defensa del estado de derecho, obligando a cumplir las disposiciones legales a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la carta magna”, recalca la CSJ.
“Finalmente, el Poder Judicial deja constancia que, si el origen de las acciones de hoy (ayer) está basado en una orden judicial emitida por el juez competente, su ejecución está enmarcada en los preceptos legales y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley”, concluye el comunicado.
En el comunicado no se hace referencia a si la CSJ desempeñó o no algún papel en la detención de Manuel Zelaya.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo jugó un papel fundamental para que la encuesta no se celebrara, al admitir una demanda interpuesta por el Ministerio Público (MP) y dictando sentencia para suspender la consulta.
Se resolvió suspender toda actividad tendiente a realizar cualquier tipo de consulta o encuesta de opinión con el objetivo de instalar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre próximo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que conlleva inexorablemente la derogatoria de la Constitución de la República.
El fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones de dicho órgano jurisdiccional.
Hace nueve días, el juzgado libró comunicaciones al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas en las cuales se ordenaba abstenerse de apoyar la encuesta por ser ilegal.
En una última resolución, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ordenó el decomiso del material para la encuesta, atendiendo petición del MP, en vista del desconocimiento del Ejecutivo al fallo judicial.
* La CSJ ratifico su compromiso legal para mantener el orden jurídico y la paz social,