Se busca acreditar al menos tres delitos

La investigación penal contra los promotores de la encuesta continúa por parte del Ministerio Público (MP), a pesar que en la mayoría del país el ilegal acto fue abortado.

El expediente investigativo sigue siendo sustentado por el MP con el levantamiento de actas en los pocos lugares en donde se instaló la celebración de la encuesta.

En el transcurso del día de ayer una tensa calma se vivió en el MP, el hermetismo se vivió en esa entidad mientras se observaba el ingreso y salida de fiscales en carros polarizados.

La sede del ente acusador del Estado fue desde tempranas horas resguardada por efectivos militares, policiales y detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, que impedían el acceso de particulares a la institución.

En total 530 fiscales se incorporaron ayer para constatar si se desarrollaba la encuesta.

Solo en la capital diez brigadas encabezadas por fiscales especiales del MP, resguardados por efectivos militares y policiales, levantaron actas para acreditar la comisión del ilícito.

Los fiscales se acuartelaron desde las 6:00 de la mañana en el Primer Batallón de Infantería, ubicada al oeste de la capital.

Desde esa unidad militar se desplazaron las brigadas a centros educativos para constatar si la encuesta se llevaba a cabo.

Para evitar represalias los fiscales acudieron infiltrados, sin identificar que se trataban de empleados del MP.

En las actas se consignaron lugares, cantidad de personas que se encontraban en el lugar, detalles de las papeletas y la forma de votación.

Se informó que en horas de la madrugada otros equipos de fiscales acompañaron a elementos del Ejército en el decomiso de material que se encontraba embodegado en centros educativos e instituciones públicas para ser utilizado en la encuesta.

El decomiso se hizo atendiendo una resolución emanada el viernes por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, por solicitud del MP.

Trascendió que el material fue trasladado a unidades militares para su destrucción. Para dejar constancia se levantaron actas de los decomisos.

Luego de los hechos registrados ayer en el MP se aseguró que las investigaciones no se detienen, ya que se está sustentando el expediente para incoar las acciones penales ante los tribunales.

“Esa encuesta no debe llevarse a cabo, es ilegal. En consecuencia, cualquier persona que siga avanzando en esto va a tener que someterse a las sanciones que la misma ley ya establece”, indicó el fiscal general, Luis Rubí, en recientes declaraciones ofrecidas a medios de comunicación.

“La Fiscalía General de la República está preparada, se esperará a que se consuman los actos y eso va a dar lugar a la configuración de delitos y entonces actuará el MP”, añadió.

Rubí siempre recalca que nadie, ni el presidente Zelaya, está por encima de las leyes.

“El único arreglo que desde el punto de vista de la Fiscalía acepta, es que se sometan al cumplimiento de la ley y dentro de lo que disponga la Constitución”, manifestó el fiscal el sábado a CNN.

Entre los elementos recabados a la fecha están los decretos emitidos en Consejo de Ministros, las declaraciones ofrecidas por funcionarios del Ejecutivo y la lista oficial de los coordinadores departamentales para la celebración de la ilegal encuesta y la turba que llegó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña para rescatar el material para la consulta.

Se prevé que en las próximas horas se estarían interponiendo más acciones ante los tribunales de justicia.

Entre los delitos que se investigan está el de traición a la patria, abuso de autoridad, desobediencia a un mandato judicial y malversación de caudales públicos al utilizar recursos del erario público en un acto declarado ilegal por el juzgado.

Detención

Los fiscales generales, Luis Rubí y Roy Urtecho, prefirieron no brindar declaraciones ayer a la prensa.

Sin embargo, fuentes consultadas por EL HERALDO aseguraron que el MP no interpuso ninguna acción penal ante los tribunales de justicia, que derivara en la detención del que fue objeto Manuel Zelaya en su residencia de la colonia Tres Caminos, de la capital.
En ese sentido, se puntualizó que el MP no tuvo participación alguna en dicha detención.

Fuentes consultadas en el Estado Mayor informaron que ayer en horas de la madrugada se llevó a cabo una reunión al más alto nivel para tomar la decisión de la detención argumentando que el país cayo en la ingobernabilidad y estaba en precario la democracia, acto que fue enmendado por la vía que establece la Constitución, aceptando el Congreso la renuncia de Zelaya y juramentando al titular de ese Poder del Estado, Roberto Micheletti, como presidente de la Nación.

Se prevé que hoy las autoridades del MP ofrezcan una conferencia de prensa para dar la información oficial de lo acontecido con Zelaya.

Origen

Las investigaciones iniciaron de oficio el pasado 23 de marzo cuando Manuel Zelaya, en Consejo de Ministros, emitió el decreto PCM-05-2009, el cual convoca a la ciudadanía a una consulta para decidir si en las elecciones generales de noviembre se instala una cuarta urna.

Esta urna adicional tenía por fin la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la actual Constitución de la República y cambiar la forma de gobierno.

El proyecto continúo siendo impulsado por el Ejecutivo y algunas organizaciones, a pesar que el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo emitió a inicios de mayo una sentencia suspendiendo la encuesta.

La resolución judicial se emanó atendiendo una demanda de nulidad interpuesta por el MP contra dicho decreto.

La demanda fue la primera acción interpuesta por el MP contra la encuesta, como medida para prevenir la comisión de delitos.