Honduras
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya comenzó a hacer los análisis sobre el “costo beneficio” que significaría un adelanto de la fecha de las elecciones generales como salida a la crisis política.
“Hemos estado haciendo los análisis. Todavía no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto a ese tema. Sin embargo, hemos estado haciendo los análisis y falta todavía hacer todas las valoraciones costo beneficio”, dijo el presidente del organismo administrador de las elecciones, Saúl Escobar Andrade.
El tema de un eventual adelanto de las elecciones, programadas para el 29 de noviembre, ha cobrado alguna relevancia luego de que el presidente interino, Roberto Micheletti, se refiriera al caso.
Ante la pregunta de si está dispuesto a cambiar la fecha de los comicios, Micheletti dijo no tener ningún inconveniente. “No tenemos ningún inconveniente, siempre y cuando sea para bien de todos los hondureños. Siempre, enmarcados dentro de la ley, no hay ningún problema, yo no tengo ninguna objeción, si acaso esta fuera una manera de solucionar este tipo de problemas”, afirmó.
Al respecto, una parte de los hondureños apoya la medida de adelantar el proceso electoral.
Los miembros del TSE no quisieron profundizar sobre esta posibilidad, pero dieron a entender que si el Congreso Nacional lo dispone, están dispuestos a reformar la convocatoria a elecciones leída en cadena de radio y televisión el 28 de mayo pasado.
Escobar advirtió que un cambio de la fecha de las elecciones generales podría afectar la transparencia y la calidad del proceso. Por esa razón se hacen los estudios correspondientes. No precisó cómo se puede afectar la transparencia.
“Habría que esperar que el Tribunal afinara todas esas valoraciones para emitir una opinión al respecto”, dijo.
“En este momento -añadió- no puedo decir si se puede o no se puede (adelantar las elecciones). Estamos analizando el tema extraoficialmente por lo que hemos oído y estamos haciendo todas las valoraciones costo-beneficio. Estamos analizando qué valores y qué rubros había que sacrificar en función del beneficio. Hemos creído que el tema de la transparencia y el de la calidad podrían ser afectados en determinado momento si se considerara lo que se ha planteado”.
Quien no está totalmente convencido de esta idea es el magistrado Enrique Ortez Sequeira. “Quisiera expresar clara y categóricamente: el Tribunal Supremo Electoral convocó el 28 de mayo a elecciones para el 29 de noviembre de este año. Hasta este momento, ese es el único hecho jurídico existente que debe regir la relación del cronograma electoral”, dijo.
“Es importante -agregó- que el Tribunal no puede especular. El Tribunal se rige por su ley y por la Constitución y la Ley Electoral establece que las elecciones deben realizarse el 29 de noviembre del año en curso”.
Luego apuntó: “Nuestro cronograma electoral está en función de la ley y nosotros, como ente responsable y autónomo de la administración de los procesos en base a ley, seguimos estructurando nuestro proceso en base al 29 de noviembre, tal como lo establece la convocatoria”.
El otro magistrado David Matamoros dijo que en estos momentos lo importante no es tanto el cambio de la fecha de las elecciones, sino la decisión del TSE de admitir la participación en el proceso de quince candidatos independientes.
Estos, si hubiera un cambio de fecha, participarían en desventaja porque no tendrían el tiempo suficiente para prepararse y competir.
Si se produjera un adelanto de las elecciones, el nuevo presidente siempre tomaría posesión de su cargo el 27 de enero del próximo año. Otro problema que a los magistrados les preocupa es el tema del presupuesto. Hasta ahora cuentan con un tres por ciento del total solicitado.
El lunes, en horas de la mañana, el pleno del TSE se trasladará a la secretaría de Finanzas para conocer de las nuevas autoridades su posición respecto a la asignación presupuestaria.
* Para finales de julio está previsto el sorteo para ubicar en la papeleta a los candidatos presidenciales
Adelanto de fecha se puede hacer este año
El cambio de fecha para las elecciones generales se puede hacer en la presente legislatura porque se trata de una reforma a una ley secundaria y no a la Constitución de la República, que requiere de una ratificación en la subsiguiente.
La prohibición que había para no hacer reformas en años electorales tampoco es problema, ya que desapareció.
Si la clase política lo considerara, el artículo que se modificaría por “esta única vez” sería el 159 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que dice: “Las elecciones generales se llevarán a cabo el último domingo de noviembre del año anterior a aquel en que finaliza el período constitucional”.
La Constitución de la República solo habla del período que dura el gobierno. El artículo 237 apunta: “El período presidencial será de (4) cuatro años y empezará el veintisiete de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección”.
Si adelantaran la fecha de las elecciones, el nuevo presidente tomaría posesión del cargo hasta el 27 de enero del próximo año, de manera tal que Micheletti siempre estaría en el poder siete meses.