Exigen política contra el crimen

Si de algo tienen que estar claros los candidatos que aspiran a conducir los destinos del país, es que el reto más grande que les espera es devolverle la seguridad a los hondureños.

Desde el primer día, el gobierno electo por el pueblo debe estar consciente de que la mejora en los niveles de seguridad es una tarea prioritaria, pero además extraordinariamente compleja.

El recrudecimiento de la violencia, la delincuencia común, los secuestros y el sicariato no son una falsa percepción, están ahí afectando a todos los sectores, quienes exigen a las nuevas autoridades estrategias claras, serias y aplicables para frenar la elevada ola delictiva que azota a todo el país.

Las últimas semanas han sido espeluznantes en materia de seguridad. Los asesinatos con causas aún pendientes por establecer mantienen en zozobra a la población, que ante tantas promesas incumplidas no le queda más que volver a depositar su confianza cada cuatro años en los políticos de turno.

Con un índice de 58.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, Honduras sobrepasa la media mundial de 8.8 y apenas hay un policía por cada 1,200 habitantes, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece un policía por cada 300 personas, mejorar las estadísticas es una misión casi imposible.

Capital afectada

Estas cifras delictivas también están afectando considerablemente a la capital. Tegucigalpa es una de las ciudades del país que aparece en la lista negra del crimen.

Es por ello, que tanto el sector empresarial, los rubros de taxis y del transporte público, los habitantes de los barrios y colonias representados por sus patronatos, quienes son los que conviven a diario con la delincuencia y la misma Policía, plantean soluciones al nocivo problema que por años les ha condenado a vivir presa de la inseguridad.

Estos sectores casi al unísono claman con contar con sistemas de inteligencia superiores, equipo tecnológico de vanguardia, y más elementos policiales para protegerlos.

La respuesta a este clamor está en cualquiera de los hombres que aspiran a controlar las riendas del país.

Los más afectados

Casos como los que suceden en el sector de "El Infiernito", de la colonia Nueva Suyapa dejan perpleja a la misma Policía.

Los vecinos viven temerosos de una nueva forma de operar de delincuentes que se escudan en uniformes clonados del Buró de Inteligencia Federal (FBI) y de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) para cometer atracos a plena luz del día.

"Lo más impresionante es que niños que uno mismo ha visto crecer, ahora andan con chimbas y puñales, robándole las pertenencias a sus propios vecinos", comentó una de las vecinas del sector que prefiere guardar el anonimato.

El mapa que maneja el informe del Observatorio de Violencia en el Distrito Central ubica a esta colonia, y específicamente esta zona, como una de las más conflictivas. A pesar que las cifras más altas de delincuencia se registran en los mercados de Comayagüela, que al cierre de 2008 reportaban 22 homicidios.

En esa lista oscura se encuentran además el barrio Sipile con 15, Nueva Capital con nueve y Divino Paraíso, también con nueve, por mencionar algunas.

Pero el mayor porcentaje de muertes se reportan en la cárcel de Támara, donde según el Observatorio se registraron 33 decesos, una cifra que está en la mente de todos los sectores, que abogan por una revisión y adecuación no solo de este centro penal, sino de todos los que hay en el país.

Los retos son enormes, pero la sociedad civil coincide en que los delitos comunes, que afectan al 90 por ciento de la población capitalina, son el primer problema a enfrentar. Los patronatos de los barrios y colonias, como representantes de los 1.5 millones de capitalinos, se han unido en una sola voz para exigir a las nuevas autoridades, más presencia policial y operativos nocturnos.

German Medina y Vania Colindres, presidentes de los patronatos de la Kennedy y La Sosa, respectivamente, esperan que el nuevo gobierno haga énfasis en la delincuencia común, responsable del robo de celulares, asaltos a viviendas, en unidades de transporte y secuestros exprés.

Los dirigentes del transporte público y taxis viven su propio calvario. El cobro de impuesto de guerra, que le ha costado la vida a varios conductores de buses y taxis y cobradores en los últimos días, requiere de una acción inmediata.

La propuesta de ambos rubros es que haya resguardo policial en los puntos de taxis y estaciones de buses y de ser posible, volver a los ensayos, que un elemento policial resguarde una unidad.

El sector empresarial plantea la urgente necesidad de poner un alto a la industria del secuestro, que a la fecha suma 85 hechos, que reportan varias víctimas.

Interacción con la sociedad es clave para avanzar

Más que una simple oferta proselitista de "daremos seguridad al pueblo", la entidad garante de proporcionarla, la Policía Nacional, espera que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad este reto.

A criterio de Orlin Cerrato, portavoz de esta institución, la forma de avanzar en la desarticulación de este flagelo es interactuando con la sociedad, que la gente pierda el miedo a denunciar y que los elementos sean más efectivos en dar respuesta.

"No hay que descuidar la delincuencia común porque un 90 por ciento de la población es presa de ella", aseguró.

Las autoridades policiales esperan más apoyo del nuevo gobierno, ya que urge modificar el aspecto de la inteligencia estratégica, equipos multidisciplinarios y ampliar el número de policías. Además, mejorar la investigación criminal y bajar los niveles de impunidad. Otro compromiso que debe asumir el nuevo gobierno es mejorar la escala básica de educación de un Policía, que se ha quedado rezagado en el sexto grado de educación primaria.