Si se aprueba amnistía, ex presidente Zelaya podría regresar al poder

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se pronunció ayer en contra de una amnistía para los actores de la crisis política, antes de que el Congreso Nacional decidiera que el tema se discutiera en la nueva legislatura.

Según el Conadeh, porque este beneficio le permitiría al ex presidente Manuel Zelaya volver al poder, entre otros perjuicios legales.

"Si se declara la amnistía, el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales puede, al acogerse a la misma, reclamar su restitución inmediata a la Presidencia de la República y hasta reclamar los meses faltantes de su período", indica la carta firmada por Ramón Custodio, titular del Conadeh.

La organización humanitaria hizo un análisis de las implicaciones de que el Congreso Nacional (CN) conceda esta extinción de responsabilidades.

E estudio, oficio DC-001-2010, fue enviado al CN y otras instituciones como Ministerio de Defensa, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República y a los decanos de las facultad de Derecho de las universidades.

Custodio explica en su documento que la amnistía tampoco es conveniente porque privaría a la sociedad de conocer detalladamente los actos delictivos y de lesa humanidad de los que promovieron la asamblea nacional constituyente y los que la impidieron.

Para fundamentar este punto, entre algunos criterios cita el caso internacional de violación de derechos humanos conocido como "Barrios Altos" que ventiló la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el que esta judicatura dictaminó que "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos".

Otro punto importante por el que el Conadeh se opone a la amnistía es porque la ciudadanía podría invocar la intervención de los organismos internacionales de justicia bajo el argumento de que hubo negación al derecho de justicia.

"La situación descrita abriría la puerta para la actuación inmediata de organismos internacionales de justicia al existir de hecho una negación de acceso a la justicia y al debido proceso", recalca la nota.

De igual forma, con la creación de esta gracia se impediría que se forme la Comisión de la Verdad que plantea el acuerdo Tegucigalpa/San José ya que no tendría sentido al ser aprobada una amnistía. En todo caso, plantea que primero se conforme esta comisión y luego se decida sobre la amnistía.

Al aprobarse el beneficio, los partidarios de Zelaya también podrían invocar entonces que todos los diputados que primero aprobaron y luego ratificaron su remoción sean procesados, dice el informe.

En ese mismo orden de ideas, "la proclamación de este decreto por el Poder Legislativo actual equivale a una autoamnistía también condenada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos".

Con la amnistía aprobada antes de que la Comisión de la Verdad rinda su informe, quedarían anuladas todas las acciones investigativas de la Fiscalía, expone Custodio.