Contrato de concesión está plagado de irregularidades

La comisión del Congreso Nacional encontró defectos de fondo y forma en el contrato de concesión de la represa de Nacaome suscrito por el Poder Ejecutivo a través de Soptravi y el consorcio italo-hondureño Enasa.

La comisión presentó su informe ayer al plenario del CN, cuya principal recomendación es que este poder del Estado proceda a derogar el decreto que dio vida al contrato de concesión.

Al mismo tiempo, la comisión recomendó que organismos como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público verifiquen que con la firma del polémico contrato se violentaron las leyes de la República.

Según los congresistas, con la firma de contrato Soptravi-Enasa se cometieron serias irregularidades, como el hecho de que no se siguieron los procesos legales y que la empresa concesionaria, al momento que sus representantes firmaron el documento, no estaba legalmente constituida.

Los hallazgos

Uno de los principales hallazgos es el hecho de que el informe que emitió la comisión dictaminadora para que se aprobara el contrato de concesión "no tendría validez en virtud de que el mismo no fue firmado por la mayoría de los diez diputados que conforman la comisión".

Enasa firma un contrato con el Estado sin estar constituido legalmente como consorcio, ya que hasta el 12 de enero de 2010 se produce su inscripción en el Registro Mercantil.

La comisión

El informe legislativo fue elaborado por los diputados Ana Julia García, Mario Alexánder Barahona, Toribio Aguilera, José Tomás Zambrano, Sergio Arturo Castellano, Daniel Flores Velásquez y Denis Roberto Velásquez.

Los congresistas sostuvieron reuniones con personeros del TSC, Fiscalía, Enee, Secretaría de Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Ganadería, comunidades afectadas, alcaldes, comunidad cooperante y la Empresa Nacional de Artes Gráficas.

Esta comisión fue nombrada el 25 de enero a raíz de una moción de la diputada Ana Julia García, en la que solicitó que se investigara si el contrato de concesión de la central hidroeléctrica de Nacaome reunió los requisitos legales y si dicho contrato era beneficioso para el Estado de Honduras.

EL HERALDO fue el medio de comunicación que reveló cómo la concesionaria entregaría en calidad de canon al Estado de Honduras únicamente un millón de lempiras.

En la primera reunión de trabajo se elaboraron y se enviaron las diferentes notas a los entes involucrados en la moción, como Soptravi, Tribunal Superior de Cuentas y Fiscalía, para solicitarle a cada institución la opinión que le corresponde según la moción presentada.

La comisión se reunió con las demás personas involucradas en el tema para conocer a fondo la problemática que ha generado el concesionamiento de esta represa en aras de tomar la mejor determinación para los intereses de Honduras, llegando a elaborar el presente informe.

Observaciones

En sus observaciones al contrato, la comisión apunta que los estudios existentes en el expediente de solicitud de concesión se consideraron desfasados.

Por otra parte, ninguna de las empresas interesadas en la concesión de la represa estaban registradas en el Colegio de Ingenieros.

También que existen notas giradas por la Cooperación Internacional que propusieron al Estado mejores beneficios para el manejo de la represa y sin embargo no fueron tomadas en consideración por Soptravi.

Principalmente por estas razones, en su momento se recomendó, en las reuniones de discusión de este tema por la comisión interinstitucional, que se sometieran nuevamente a la Comisión Consultiva los estudios finales de factibilidad técnica y económica por considerar que estaban desactualizados.

Otro apunte que hace la comisión es que no se siguió el procedimiento en el sentido de que cualquier cesión de derechos, independientemente del plazo de la misma, se debería someter a la aprobación del Estado previo dictamen del ente regulador, en este caso la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y la firma de un contrato de operación con la aprobación de la misma Serna.

La ley de Promoción y Desarrollo de Obras Publicas y de Infraestructura Nacional establece en su artículo 5 que se debe nombrar una comisión consultiva para que trabaje en la concesión y en el presente caso no se nombró ninguna comisión por parte del Poder Ejecutivo.

También establece que se remitan todas las diligencias al superintendente de Concesiones, según los artículos 25,26,27 y 29 de esta ley; teniendo esta comisión el pleno conocimiento de la investigación, según nota enviada el día 15 de febrero de 2009 por el ex superintendente de concesiones.

Esta concesión no se remitió a esta dependencia para que pudiera conocer y determinar si procedía la firma de un contrato.

¿Legal o no?

La comisión legislativa recomienda que el Tribunal Superior de Cuentas revise toda la documentación legal original para verificar la legalidad de cada documento, así como la participación de cada uno de los entes involucrados, como la ENEE, Serna, SAG y la Superintendencia de Concesiones.

Aparte de lo anterior, pide que se verifiquen los estados financieros de los tres últimos años a partir de la firma del contrato y que el TSC revise cada una de las cláusulas del contrato para verificar las observaciones realizadas por la comisión.

En el documento, la comisión legislativa recomienda que el TSC y la Fiscalía revisen toda la documentación original del expediente a manera de verificar la originalidad de la documentación presentada, especialmente el acta suscrita por la comisión de revisión y evaluación, y formularios preparados por parte de la citada comisión para realizar todas las investigaciones necesarias para descubrir quiénes fueron los autores que extraviaron dicha documentación.

También demanda que se realicen todas las investigaciones para que se determine si existen irregularidades en todo el procedimiento legal de la concesión de la represa José Cecilio del Valle.

La comisión del Congreso solicita, a la vez, que el Ministerio Público realice todas las investigaciones pertinentes para que se determine si existen irregularidades en todo el procedimiento legal de la concesión de la represa José Cecilio del Valle y así determinar si personas que intervinieron en el proceso tienen algún grado de responsabilidad.

Igualmente, solicita a la superintendencia de concesiones que envíe un informe sobre todas las actuaciones realizadas por esta dependencia en cuanto a la concesión de la represa José Cecilio del Valle y si se siguieron todas las normas y procedimientos determinados por esa dependencia, como lo establece la ley de promoción y desarrollo de obras públicas y de la infraestructura nacional.

Insta a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen o análisis del contrato de concesión y así se determine si se esta violentando la ley de promoción y desarrollo de Obras Publicas y de la Infraestructura Nacional y que el Congreso Nacional nombre un staff de abogados para revisar el estamento legal de los decretos que se aprueban en la cámara legislativa.

"Yo no ordené publicar Gacetas": Ana García

La diputada nacionalista por Valle, Ana Julia García, declaró ayer a la Fiscalía que nada tuvo que ver en el escándalo de la doble publicación del diario La Gaceta, sobre todo en la edición donde se excluye el decreto de concesión de la represa Nacaome al consorcio italo-hondureño (Enasa).

El ex gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Fernando Calderón, declaró antes que la diputada por Valle fue quien "ordenó la publicación".

García admitió que la noche del 22 de enero llegó a la ENAG pero no con el propósito de dictar órdenes sino por asuntos relacionados con otros decretos del Congreso de la República. "No tengo poder alguno para dar órdenes a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. Esto es parte de una campaña en mi contra", dijo.