Jueces hondureños piden protección a las FF AA

Resguardar la vida de los impartidores de justicia podría ser dentro de poco una nueva misión de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, ha anunciado una reingeniería y reestructuración para la protección de jueces y demás autoridades dedicadas al combate a la criminalidad, luego del asesinato de la jueza de la Niñez, Olga Laguna.

Sin embargo, algunos jueces de los Juzgados de lo Penal consultados sobre tales medidas por EL HERALDO proponen que la seguridad que se les asigne esté a cargo de elementos militares.

"El Ejército está entrenado para reaccionar en cualquier situación de peligro, mientras que los a policías se les enseña primero a dialogar y por ultimo a accionar, por lo que sería mejor que la seguridad estuviera en manos del Ejército", reveló uno de los consultados.

Los operadores de justicia, además de pedir el resguardo militar, recomendan que se les brinde un entrenamiento especial que consista en la reacción y manejo de armas de fuego en simulacros de escenas de peligro. También deben ser preparados en maniobras evasivas en carros y otros entrenamientos que les puedan ayudar a salvaguardar su vida.

Constantes amenazas

Los jueces de los diferentes juzgados del país se han quejado de la inseguridad y las constantes amenazas a muerte que reciben a diario sin que las máximas autoridades del Poder Judicial tomen decisiones para brindarles seguridad.

En el caso de los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, al menos 10 de los 24 jueces están amenazados a muerte por conocer casos relacionados con el crimen organizado.

Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah) ha denunciado que al menos 22 jueces a nivel nacional corren peligro de morir a manos de sicarios.

En una reunión sostenida ayer entre miembros de la Policía, Ministerio Público, la Asojmah, colegio de Abogados y jueces de diferentes puntos del país se elaboró una petición que se propondrá ante el Congreso Nacional para que se construya una unidad de investigación de amenazas y muertes de operadores de justicia.

La propuesta final se dará a conocer el próximo jueves y también comprende que a los imputados que tienen más de 60 años no se les dicte arresto domiciliario.

En las últimas semanas los jueces han lanzado gritos de auxilio a las diferentes instituciones, como al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Secretaría de Seguridad, para que se les brinde la seguridad que requieren.

Sin protección

La inseguridad que viven los jueces salió a la palestra pública luego de que la CSJ resolviera quitar los vehículos a dos jueces que fueron amenazadas por criminales enviados a la Penitenciaría Nacional.

Las operadoras de justicia no tienen vehículos propios, por lo que al despojarlas de los carros asignados también las dejaron solas porque no tienen cómo transportar al guardaespaldas que las protege.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, aseguró que se fortalecerá la seguridad de los jueces y magistrados amenazados.

En el caso de jueces penalistas, existen al menos 22 que enfrentan amenazas por el ejercicio de su cargo. Para el caso en la capital dos funcionarias judiciales, Liliam Maldonado y Elvia Matamoros, forman parte de este grupo y recientemente denunciaron que fueron despojadas de los vehículos asignados al Poder Judicial, en los cuales se trasladaban con su seguridad. Ambas jueces señalan a la coordinadora del Juzgado Penal de Francisco Morazán, Emily Page, por haber solicitado la autorización del pleno de la CSJ para quitarles la seguridad.

"Esa es una información algo tergiversada; el Poder Judicial, ninguno de los magistrados, ni la parte administrativa de la Corte le ha quitado la seguridad existente a ningún juez", aseguró Rivera Avilez. "Lo que ha sucedido es que ha habido limitación en cuanto a asignación de vehículos, ahí ha habido una reestructuración en cuanto al uso de los mismos", expresó.

En el caso de las juezas Maldonado y Matamoros, explicó que "se les retiraron los vehículos (oficiales) que tenían asignados de manera personal, significa que ya no van a tener vehículos (oficiales), la seguridad siempre la mantienen, pero en sus vehículos personales. Cuando tengan que andar en cuestiones oficiales, van a tener vehículos oficiales para esos fines, pero en ningún momento se les han retirado ni su seguridad ni el apoyo", afirmó el presidente de la CSJ.

Esperamos una solicitud formal: Óscar Álvarez

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, ha manifestado que está coordinando con el presidente de la Corte Suprema de justicia, Jorge Avilez, la manera en que se va a brindar seguridad a los jueces que están siendo amenazados. "Nosotros ya nos habíamos reunido con los jueces de lo Penal para mirar la manera en que les vamos a brindar seguridad... en estos momentos estamos esperando una solicitud formal, ya que no queremos inmiscuirnos en los asuntos internos de otro poder del Estado", aseguró Álvarez.

El ministro afirmó que se coordinarán planes estratégicos para asegurar la vida de los jueces, para que puedan dictar sentencias firmes sin sentir temor alguno por su vida al salir de los juzgados.

Álvarez ha mantenido constante comunicación con los jueces y no se descarta que en los próximos días se realice una reunión entre los operadores de justicia y autoridades de la Secretaría de Seguridad.

En cuanto al asesinato de la jueza Olga Laguna, afirmó que ha ordenado al director de la DNIC, Francisco Murillo López, que sean los mejores detectives quienes investiguen el caso, para así identificar a los sicarios y ponerlos a la orden de la justicia.