Desesperado, gobierno busca tres mil hectáreas

El gobierno procurará ubicar las tres mil hectáreas de tierra cultivada de palma africana en sectores colindantes del Bajo Aguán propiedad del empresario Miguel Facussé, mientras que las otras tres mil no cultivadas serán compradas a otros empresarios o conseguidas de tierras nacionales, según fuentes del Instituto Nacional Agrario (INA).

La administración Lobo Sosa espera que mañana la asamblea de campesinos que se realizará en las zonas ocupadas ratifique los acuerdos a los que llegaron la madrugada del jueves en Tegucigalpa, por medio de los cuales se le puso fin a uno de los conflictos agrarios más complicados de los últimos años, que generó la muerte de nueve personas.

Va delegación del gobierno

El asesor jurídico del INA, Marco Ramiro Lobo, dijo que una delegación del gobierno viajará mañana a la zona como testigo de la asamblea del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (Muca), que desde el año pasado tiene tomadas unas quince fincas propiedad, en su mayoría, del inversionista Miguel Facussé.

El acuerdo que puso fin al conflicto compromete al gobierno adjudicar de inmediato a los 28 grupos campesinos del Muca tres mil hectáreas cultivadas de palma africana y tres mil no cultivadas.

Las primeras tres mil ya se encuentran localizadas, mientras que las tres mil restantes el gobierno las está buscando con la "urgencia" que el caso amerita.

Estas deberán estar ubicadas en zonas colindantes. Además de mil hectáreas de tierra cultivada de palma africana y cuatro mil hectáreas no cultivadas entregadas en el plazo de un año.

El Ina hará una remedición de tierras y si resultara un excedente del techo autorizado por la ley "se adjudicará de inmediato al Muca mediante el pago de mejoras, deduciendo las mil hectáreas de tierras cultivadas antes".

El jefe del departamento jurídico del INA dijo que los mil millones de lempiras que aproximadamente erogará el Estado en la compra de las primeras seis mil hectáreas serán financiados mediante el mecanismo de bonos agrarios. Otra parte será comprada en efectivo, pero todavía no hay detalles de los desembolsos.

Tampoco se sabe cuánto costará cada hectárea. Lo único que está claro es que la tierra cultivada vale más que la no cultivada.

Se han manejado cifras de 250 mil lempiras por cada hectárea cultivada y entre 60 y 70 mil por cada hectárea no cultivada, pero estos son valores todavía no oficiales.

El acuerdo que puso fin al conflicto agrario también contempla asistencia técnica y financiamiento para los grupos campesinos por parte del Estado. También hay un compromiso estatal de llevar a la zona campesina proyectos de salud, educación y vivienda.

Distribución y ubicación

Las primeras tres mil hectáreas de tierra cultivadas, de conformidad con la disponibilidad del empresario Miguel Facussé, están distribuidas en las fincas La Aurora, La Confianza, Los Laureles y Paso Aguán, pero falta hacer las negociaciones para concretar esta idea.

De las otras tres mil hectáreas no cultivadas no se tiene todavía una ubicación, solo se sabe que podrían conseguirse de tierras nacionales y hay algunas opciones privadas.

Parte del acuerdo es que los campesinos deberán abandonar las otras fincas tomadas, entre las cuales están Nueve de Agosto, Lempira, La Concepción, Occidental, Isla Número Dos, Tranvío, Chile, San Isidro, Brisas del Aguán y Camarones.

Tierras compradas

Mientras, el designado presidencial Samuel Reyes, coordinador de la Comisión que estuvo al tanto de la crisis en el Bajo Aguán, anunció que las negociaciones entre el gobierno y los empresarios en torno a la compra de las tierras ya registran avances.

Reyes explicó que el Ejecutivo invertirá alrededor de 1,000 millones de lempiras.

"Esto es algo que no se está regalando a los campesinos, hay que estar claros, ellos asumen la deuda, nada más que tenemos que asegurar el financiamiento que les permita condiciones especiales de largo plazo y bajos intereses".

El designado presidencial aseguró que ya existe un acuerdo entre el presidente Porfirio Lobo y el empresario Miguel Facussé para la adquisición de las 3,000 hectáreas cultivadas con palma africana.

Las otras 3,000 hectáreas no cultivadas serán identificadas en zonas aledañas a las fincas.

"Estamos hablando de 3,000 hectáreas de forma inmediata, ya en producción, que son las 3,000 que el presidente había dialogado con don Miguel Facussé; al termino de un año estamos hablando de 1,000 más, eso es algo que vamos a ver cuál de los empresarios está dispuesto a ofrecer en este paquete".

"En las zonas aledañas vamos a buscar las otras 3,000 hectáreas para ser otorgadas de forma inmediata a los campesinos y al término de un año 4,000 hectáreas más, esto de las no cultivadas", detalló Reyes.

Fue durante la década de los setenta que el Estado adjudicó a los campesinos las tierras del Bajo Aguán como parte del proceso de reforma agraria aplicado para satisfacer las demandas de los movimientos campesinos.

Años después, los mismos campesinos vendieron las tierras a algunos empresarios a precios cómodos.

El movimiento campesino se tomó las tierras de la Exportadora del Atlántico, afiliada a la Corporación Dinant, a partir del 10 de diciembre del año pasado.

Mientras se mantuvo la toma de las 19 fincas, unos 14 mil empleados dejaron de laborar, de los cuales ocho mil son del sector agrícola y hay siete mil administrativos, según fuentes empresariales.

El 2 de marzo fue incendiada una de las fincas que produjo alrededor de 16 millones de lempiras en pérdidas.

Recientemente, el gobierno de la República ordenó la movilización hasta la zona del litoral Atlántico de unos 2,000 elementos policiales y militares. Según el gobierno, el traslado se hizo para garantizar la seguridad y la paz en la zona.