Eliminan Asuntos Internos y crean Dirección de Evaluación independiente

El Congreso Nacional reformó anoche la Ley Orgánica de la Policía Nacional dando un paso histórico orientado a depurar esta institución para darle un nuevo rostro que le permita volver a ganarse la confianza de la ciudadanía, víctima de asaltos y asesinatos ejecutados por agentes coludidos con oficiales.

El inicio de la sesión fue marcado por las palabras del presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, quien reconoció la valentía de EL HERALDO al poner al descubierto el robo de armas desde instituciones policiales y el modus operandi de una red criminal de policías que operaba desde La Granja.

El dictamen recogió los principios de un proyecto de ley que en su momento presentó el diputado democristiano Augusto Cruz Ascencio.

La reforma se circunscribe a separar de la estructura de la Policía la Dirección de Investigación de Asuntos Internos que ahora se llamará Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad que gozará de independencia y patrimonio propio, con un presupuesto inicial de 30 millones de lempiras.

El organismo estará bajo el mando de un director y un director adjunto, que serán seleccionados por el Ejecutivo de una nómina de cinco candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) mediante audiencias públicas.

Ambos nombres los remitirá el Ejecutivo al Legislativo, donde serán ratificados o denegados por mayoría simple.

Serán escogidos para un período de tres años, con opción de ser reelectos en caso de ser nuevamente nominados.

La nueva Dirección se encargará de investigar delitos y faltas cometidos por miembros de la carrera policial, "sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público".

Además. vigilará de forma permanente la conducta de los policías en el desempeño de sus funciones. El papel de este organismo, según el espíritu de la reforma, es "implementar y ejecutar procesos constantes de depuración policial".

"Las autoridades civiles, policiales y militares, los funcionarios y empleados públicos, así como los particulares, están obligados a prestar toda la colaboración necesaria y requerida por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, en el cumplimiento de sus funciones, e incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa en caso de que injustificadamente se le niegue".

El organismo está facultado para investigar el patrimonio de los agentes y oficiales de la Policía. "Las investigaciones en asuntos relacionados a cuentas bancarias se harán a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros", dice la reforma de la Ley de la Policía.

La población podrá hacer sus denuncias. En ese sentido, "la Dirección establecerá los mecanismos necesarios para garantizar que la población tenga el libre acceso a presentar las denuncias contra los miembros de la Carrera Policial, brindando y garantizando las medidas de protección necesarias para el denunciante y su familia, las que serán desarrolladas en el respectivo reglamento".

"Los tribunales judiciales de la República, el Ministerio Público y los organismos en materia de derechos humanos están obligados a poner en inmediato conocimiento a la Dirección de cualquier causa o denuncia que estén conociendo y que sea constitutivo de delito o faltas, en el que esté vinculado un miembro de la carrera policial, debiéndose iniciar de inmediato el correspondiente proceso investigativo, sin perjuicio del ejercicio de la acción penal pública que deba ejercer el ente correspondiente cuando proceda".

La reforma ordena el despido de cualquier agente u oficial -sin responsabilidad para el Estado- cuando incurra en faltas graves como embriaguez habitual, cuando no pase las "pruebas de evaluación de confianza" (detector de mentiras) y cuando se confirme "el uso de drogas, a excepción de los fármacos cuando hayan sido prescritos por médico calificado".

Se entiende como pruebas de evaluación de confianza las toxicológicas, psicométricas, pruebas de polígrafo, estudios socioeconómicos o patrimoniales y cualquier otro que se estime útil, pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones.

En caso de que el resultado de la evaluación practicada establezca que la persona evaluada no cumple con los requisitos legales y la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección librará el correspondiente oficio al Inspector General de la Policía, el cual tiene el carácter de vinculante para que este proceda a la cancelación inmediata del acuerdo de nombramiento del funcionario policial, sin responsabilidad alguna para el Estado".

Seguridad convocará al Conasin so pena de delito

La reforma del Congreso también incluye la obligatoriedad del Ministro de Seguridad de convocar cada tres meses al Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), de no hacerlo incurrirá en responsabilidad penal y podrá ser acusado por incumplimiento de los deberes de los funcionarios.

El Conasin está representado por varias organizaciones y está facultado para dictar políticas de seguridad pero los ministros no le han dado la importancia.

La primera prueba de fuego la tendrá el ministro Pompeyo Bonilla cuando "en el término de diez días hábiles contados a partir de la publicación del presente decreto, convoque a todos los entes integrantes del Conasin para que procedan a acreditar a sus representantes en el término legal respectivo".

El Conasin queda facultado para proponer al Congreso la nómina de cinco candidatos para los cargos de director nacional y director nacional adjunto, "los cuales se deben seleccionar como producto de un proceso abierto, incluyente y con participación de toda la sociedad".

Las autoridades del nuevo organismo deberán ser abogados, preferiblemente penalistas, pero honestos a carta cabal.