16,500 millones se han perdido por corrupción

Como un asesino en serie, la corrupción ha victimizado al país. Las ansias de dinero y poder han maniatado a Honduras para seguir la ruta del desarrollo.

La presente administración parece ser engullida por ese monstruo de la corrupción.

Decenas de instituciones públicas han sido víctimas de la descomunal sed de riqueza de algunos funcionarios que han hecho fiesta con el erario. Varios de ellos amparados por el manto del poder.

El presidente Manuel Zelaya prometió al inicio de su gestión una guerra frontal contra la corrupción, pero hoy, con tres años de dirigir la nación, no hay culpables capturados a pesar de los sonados casos que se han dado en su administración.

EL HERALDO, como medio de comunicación independiente y cumpliendo su función en una sociedad democrática, ha denunciado actos ilícitos de los servidores públicos, a pesar de que desde el Poder Ejecutivo siempre salieran a la defensiva y tratando de desacareditar la labor investigativa.

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Toda esta corrupción tiene su precio: al menos 16,500 millones de lempiras ha perdido el país por algunos actos irregulares en los últimos 3 años.

“Se calcula que se pierden 5,550 millones por año por la corrupción”, dijo el consultor del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Rolando Sierra.

El experto asegura que esta no es una cifra aventurada, sino que se obtiene mediante un método que mide la pérdida por dinero que va a manos de corruptos, menor inversión y otros parámetros.

Sierra asevera que no existe una política real de lucha contra la corrupción y que eso se ve reflejado en las constantes denuncias contra funcionarios.

La imagen del país ha sido manchada por los actos irregulares que malos hijos de la patria han cometido cegados por la ambición.

Son tales los niveles de corrupción en la presente administración que sectores independientes y políticos de oposición señalan que se da un escándalo cada semana.

Lo peor del caso es que a pesar de las denuncias concretas, los casos han quedado en la impunidad y más bien sirven de mofa por parte del propio presidente Manuel Zelaya.

Tráfico gris

El escándalo que prácticamente abrió la senda de los grandes episodios de deshonestidad en la actual administración fue el tráfico gris detectado en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

La estatal sufrió millonarias pérdidas por “llamadas grises” que algunas compañías hicieron a Estados Unidos, algunas de estas empresas estaban vinculadas con ex funcionarios públicos, según denuncias documentadas de la Fundación Arcadia.

El ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, también fue cuestionado porque siendo segundo al mando de la institución, su empresa, Inversiones Chicas, recibió unos 70 mil dólares de dos compañías carriers de Estados Unidos que tenía contratos con la institución.

A Chimirri también se le ha iniciado un juicio ya que la Fiscalía lo acusó de cometer varios delitos de abuso de autoridad, así como de violación y revelación de secreto público, esto último porque habría ordenado que se grabaran conversaciones telefónicas del presidente Zelaya. Estas grabaciones posteriormente trascendieron en el portal de videos de Internet conocido como YouTube.

Según Robert Carmona Borjas de la Fundación Arcadia, las pérdidas en Hondutel ascendieron a 48 millones de dólares, es decir, poco más de 900 millones de lempiras.

Pero la dilapidación de la estatal telefónica no quedó en el tráfico gris.

La compra de materiales en ferreterías “fantasmas” por parte de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, (Hondutel), fue descubierto por EL HERALDO.

La investigación determinó que la administración de la estatal hizo compras a precios inflados a casas de particulares, pero en la contabilidad se registraron como transacciones hechas en comercios formales.

El “Cubanazo”

EL HERALDO también desnudó cómo una mafia usaba entes del Estado para traficar con cubanos al traerlos al país con visas irregulares para luego trasladarlos a Estados Unidos.

Migración, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio fueron algunas de las instituciones utilizadas para este delito, pues para que los caribeños entraran al territorio nacional se sirvieron de documentos de las mismas entidades en las que constaban que los requerían para diferentes actividades curriculares.

Se comprobó el ilícito y ello le costó el puesto a varios funcionarios como el titular de Migración, German Espinal y al secretario de Cancillería, Juan Ramón Rivera.

Otro acto de corrupción de este gobierno fue el de la emisión de licencias de aviación a personal extranjero.

El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Guillermo Seamman, convalidó estos documentos a unos foráneos de Venezuela y de Perú sin que éstos cumplieran los requisitos.

Por ese delito, Seamman está acusado de abuso de autoridad y se le suspendió del cargo.

Energía sucia

La contratación de los 210 megavatios de energía a base de carbón fue ensuciada por la poca transparencia.

Las compañías Cecsa y VETASA fueron contratadas, pese a la advertencia de que estas compañías de Guatemala no tenían la capacidad financiera para instalar las plantas generadoras.

Lo anterior quedó comprobado después de que estas empresas comenzaran a subcontratar otras sociedades para que se hagan cargo de la generación.

De igual manera, la contratación de las compañías se hizo pese a que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dictaminó que este tipo de producción de electricidad era altamente nociva para el ambiente.

¿Transparencia?

Durante el gobierno de Zelaya se aprobó la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero la misma presenta serias debilidades que fomentan la corrupción.

Este instrumento permite una abusiva discrecionalidad para que se declare como información reservada varios documentos públicos.

Producto de toda esta corruptela, el país casi perdió unos 30 millones de dólares de los 215 millones que donó la Cuenta de Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés).

El peligro se produjo porque Honduras sacó un 2.6 en la calificación de percepción de corrupción en el último informe de Transparencia Internacional.

Fue gracias a que a la nación se le permitió entrar en un proceso de remediación que se logró mejorar ligeramente ese indicador y conservó la ayuda.

En 2006 Honduras obtuvo un 2.4 en el informe de Transparencia y para 2007 la nota fue de 2.5. La nota máxima de Transparencia es 10, por lo que el que está más cerca de cero significa que es más corrupto.

“El avance que hemos tenido en estos indicadores no es significativo de que el país pueda avanzar hacia el desarrollo”, acotó Rolando Sierra.

A juicio del analista, si Honduras subiera un 1 por ciento, el país experimentaría mejores indicadores económicos.

En el gobierno hay pocos recursos para el combate a la corrupción, pero también hay escasa voluntad estatal para erradicar este mal, considera Sierra.

El gobierno afirma que monitorea compras

El gobierno asegura desarrollar mecanismos para transparentar la administración de los recursos públicos.

Procesos de compras y licitaciones han sido monitoreados Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE).

De tal forma que de 45 procesos públicos de compra que se publicitaron en 2005, ese número subió a 7,212 en 2008, según el titular de la ONCAE, Francisco Sibrian.

“Esto indica que hay acciones de transparencia en el gobierno y no es como se dice que todo es malo”, expresó.

La ONCAE sirve como un centro de monitoreo de las diligencias que se hacen en los procesos de compras del Estado.

Cada procedimiento de una licitación pública es documentado y los interesados pueden verificar los mismos en la página web de la entidad.

“Antes la gente no tenía oportunidad de verificar cómo se desarrollaban estos actos, pero ahora es diferentes se disipan dudas”. Un lunar dentro de este proceso es que se dieron cinco compras directas hechas en 2008.