La confrontación, estilo que ha marcado "Mel"

Si algo ha caracterizado a la administración del presidente Manuel Zelaya es su actitud de confrontación con diferentes sectores sociales.

En consideración de analistas, se han cumplido tres años de confrontaciones mediante imposición de medidas en lo que parece ser el estilo de gestión del gobierno o una forma de mantener entretenido a diversos sectores para, de esta manera, no solo eludir los graves problemas sino achacarles a otros los males del presente.

Y es que el estilo de la confrontación lo marcó el mismo presidente el día de la toma de posesión, cuando la arremetió contra la importadoras del petróleo.

Luego han seguido otros sectores, especialmente del área productiva del país.

La pequeña, mediana y gran empresa tienen varias historias que contar sobre las políticas del mandatario que, según ellas, han desestabilizado su existencia.

Zelaya se ha declarado “amigo” de los empresarios, pero a juicio de este mismo sector es una contradicción, pues las decisiones que su gobierno ha impuesto van contra el estímulo al sector productivo.

Los hechos hablan: en la propia toma de posesión amenazó a las transnacionales petroleras con quitarles el negocio de la venta de carburantes si no cumplían con una nueva fórmula de importación que vendría a impactar en sus actividades.

Los siguientes en la lista de Zelaya para ser atacados fueron los medios de comunicación.

Las empresas periodísticas, sobre todo aquellas independientes que no tenían compromisos con el gobierno, fueron acusadas por Zelaya de aliarse con “grupos de poder” que nunca identificó.

Toda crítica, el gobernante la recibió con intolerancia y llegó al extremo de hacer cadenas de radio y televisión para difundir sus mensajes.

El presidente Zelaya y sus más cercanos colaboradores se han mostrado reacios a la labor de la prensa independiente y al periodismo de investigación.

Cada vez que un periódico ha divulgado un acto irregular de la administración se ha encontrado un respuesta intimidatoria desde el oficialismo.

Energéticos

Las empresas térmicas también recibieron una cuota de confrontación.

Zelaya dijo que no compraría más energía a base de bunker y que se inclinaría por la energía limpia, promesa que no cumplió y ahora está en un laberinto al contratar una empresa con energía de carbón, que no tiene experiencia en generación ni recursos financieros.

El proceso, como lo divulgó en su momento EL HERALDO y lo ratificó el Tribunal Superior de Cuentas, fue empañado por la poca transparencia.

El sector de las telecomunicaciones también fue blanco de una campaña de desprestigio.

Se acusó a compañías de telefonía de asociarse para destruir la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y quedarse con el mercado.

Ante este conflicto, el Ejecutivo no se ha mostrado interesado en gestionar ante el Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, fomento que serviría como instrumento para mejorar la competitividad y la inversión en el rubro.

Al contrario, el Ejecutivo se mostró tolerante a las denuncias de corrupción que pesan sobre esta entidad y en la que se han visto involucrados personajes de su absoluta confianza.

Salario mínimo

Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ha defendido algunas políticas del presidente, pero ahora cambia su percepción y hasta lo acusa de convertirse en un enemigo de la empresa privada.

La razón de este cambio de opinión obedece a la aprobación del nuevo salario mínimo que niveló ese ingreso a 5,500 lempiras en el área urbana y a 4,055 en el área rural.

El ingreso estaba en 3,400, por lo que el aumentó significó un ajuste de un 65 por ciento.

El empresario calificó de “satisfactorios” los primeros tres años de gestión de Zelaya, principalmente ayudado por la condonación de 1,400 millones de dólares de la deuda externa.

Pero en la actualidad, influenciado por el estilo socialista del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sigue ese línea de hostilidad contra el empresariado, valora el dirigente empresarial.

“Se ve que está más comprometido (con) la línea de izquierda”.

El presidente Zelaya ha dicho que los empresarios que se opongan a pagar el aumento de salario atentan contra el estado de derecho, por lo que pueden ser acusados de sedición.

Como consecuencia de esta nivelación, el sector empresarial ha despedido a más de 12 mil trabajadores, según cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Otro episodio de ese nivel de confrontación lo escenificó el Banco Central de Honduras cuyo presidente, Edwin Araque, acusó al sistema financiero de sacar del país unos 600 millones de dólares. La rabieta del Ejecutivo no poseyó base, pues días después el mismo Araque tuvo que retractarse y señalar que el sistema bancario había actuado en base a las leyes.

El último zarpazo contra el sector productivo parece estar planificado: gremios sindicales han anunciado que el Presidente se alista a presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley para que se apruebe un decimoquinto salario.

“Eso sería desastroso para la empresa porque si no podemos pagar el aumento de salario mínimo, mucho menos vamos a enfrentar otro pago; muchos se irían a la quiebra”, dijo el director ejecutivo del Cohep, Benjamín Bográn.

Los empresarios y los consumidores en general también serán castigados con un severo incremento a la tarifa de la energía, lo que resta posibilidades de crecer en competitividad.

El presidente de la Asociación Nacional de Panaderos de Honduras, Jimmy Dacaret, no vacila en decir que el presidente se ha empecinado en confrontar la empresa privada.

“Tiene un estilo de confrontación y de dejar mal parada a la empresa privada en todo sentido, lo hemos visto confrontando con la maquila, el sistema financiero, en fin. En síntesis, no ha dado la confianza ni la libertad para el país”, insistió.

No hablaron

EL HERALDO buscó la reacción del asesor legal de Casa Presidencial, Milton Jiménez para respondiera sobre algunas de las críticas, pero no atendió la solicitud.

En descargo de estas críticas, el Ejecutivo dice que ha reducido el “encaje” de los bancos o inversiones obligatorias para que el sistema financiero disponga de más dinero para el sector privado.

Según el Ejecutivo, con esta medida se logró que el sistema bancario dispusiera de 10 mil millones de lempiras.

El sistema financiero respondió que el alza de depósitos de las divisas obedeció a que como los ahorros en moneda extranjera aumentaron, la ley les obliga a incrementar sus fondos en la banca internacional para asegurar los depósitos de sus clientes.

El presidente asegura que han sido varios los incentivos a favor de la empresa privada, pero esa afirmación contrasta con realidades como el incremento que sufrió el costo de la electricidad en su gobierno.

El costo del servicio subió por el aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, pero cuando este producto bajó, esas rebajas nunca fueron trasladadas.

Ahora, por orden del presidente Zelaya, se aplicará un nuevo pliego tarifario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mediante el cual subirá los costos de forma permanente.

Libre expresión bajo amenaza gubernamental

No hay peor cosa que usar la libertad de expresión para llegar al poder y luego querer limitarla.

Así reflexionó el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, al hacer un análisis sobre el respeto y las amenazas que ha sufrido la libertad de expresión en Honduras, particularmente en estos últimos tres años.

De acuerdo con los registros del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), las amenazas a la libertad de expresión y de prensa se incrementaron, generando un clima hostil para periodistas, empresarios de medios y la sociedad en general.

Intolerancia

“Esos que proclaman que son los redentores de un pueblo y se vuelven opresores cuando llegan al poder, no tienen nada de revolucionarios”. Las amenazas se dan por la intolerancia a la crítica. dijo Custodio.

Según él, hay mucha intolerancia de los que temporalmente llegan al poder “y no tienen la calidad ética para llegar a ese poder”.

En este gobierno se han repetido los patrones que usaban los militares con sus cuerpos represivos en la década de los años 80.

“Un nieto me reportó, han estado llamando y no se oye nada, el famoso mudito del cuerpo de inteligencia militar está de moda otra vez, y esas cosas son amenazas.

Yo estoy tomando precauciones porque vivimos un clima de inseguridad, aunque de mí nadie puede decir a saber en qué anda metido, yo soy un hombre transparente, yo no ando metido en narcotráfico, en movidas políticas ni misas ocultas o secretas, y tampoco tengo negociaciones turbias con nadie; y sin embargo, sí me siento amenazado en esta sociedad, en este gobierno”, aseguró el comisionado.

Durante 2006, seis periodistas fueron querellados, 15 comunicadores y camarógrafos denunciaron atropellos e intimidación.

En 2007, ocho periodistas fueron procesados judicialmente y 13 expresaron amedrentamiento y amenazas a muerte.

El 18 de octubre de ese año fue asesinado el periodista y humorista Carlos Alberto Salgado, cuando salía de grabar su programa “Frijol el Terrible” de la Radio Cadena Voces.