Para proteger oligopolio quebraron cementera

La conocida firma de abogados estadounidense Greenberg Traurig concluye en su investigación que el gobierno de Honduras “fue víctima de la manipulación del duopolio cementero” para expropiar indirectamente a la empresa Cemento América (Cemar), a principios de 2004.

EL HERALDO ha tenido acceso al documento elaborado por el citado bufete, en la que se confirma la participación de varios ex funcionarios coludidos con empresarios ligados a la producción y comercialización de cemento gris en el país.

Entre las instituciones señaladas están la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio Público, la policía preventiva y los tribunales de justicia del departamento de Valle, entre otras instancias públicas.

El gobierno hondureño es acusado por su participación en el grupo IPM, que posee el 42% de las acciones de Lafarge-Incehsa, empresa que adquirió Cemar después de una serie de acciones urdidas desde varias oficinas del Estado, confirma la investigación.

Cemento América invirtió casi 28 millones de dólares en la construcción y en la instalación de una planta procesadora de cemento gris en San Lorenzo, Valle, la que apenas operó seis meses, después que se declarara en bancarrota por la “guerra de precios” iniciada por las dos empresas que funcionan en el país.

Cuando Cemar lanzó el cemento gris marca Uno al mercado de la región centro-sur-oriente, el 6 de octubre de 2003, el precio por bolsa era de 80 lempiras, seis lempiras menos que la competencia.

Lo anterior provocó que la semi estatal Lafarge-Incehsa bajara estrepitosamente hasta 46 lempiras la bolsa de 42.5 kilogramos, en febrero de 2004, otorgando a sus distribuidores subsidios al flete del producto, lo que también repitió la otra empresa que opera en la zona norte del país.

Intervención

La investigación de Greenberg Traurig documenta una serie de acciones de funcionarios en contra de las operaciones de Cemar.

Entre las actuaciones cuestionadas destacan las auditorías practicadas por personal de la DEI y la entrega tardía de los resultados y la estimación final del pasivo fiscal adeudado.

Además, las acusaciones del agente regional de la PGR de Choluteca y las acciones libradas por el juzgado de Letras de Nacaome, Valle.

“La conspiración para inducir a Cemar a la bancarrota y asegurarse de que esta no tuviera éxito en su intento de restarle participación de mercado a sus competidores combinó una serie de mecanismos, cada uno de los cuales por sí mismo sería suficiente, y todos juntos son más que adecuados, para ser tipificados como una expropiación indirecta como cuestión de derecho”, sostiene la firma de abogados.

Subraya que entre dichos elementos estuvo una bien concertada campaña de precios predatorios del cemento manufacturado por los miembros del duopolio.

Otro acto irregular denunciado fue la interferencia en el registro de derechos de propiedad, ya que Cemar tenía el derecho exclusivo de usar las palabras contentivas de su denominación social, o sea Cemento América, porque la otra empresa de la zona norte intentó registrar la marca, con el visto bueno del gobierno.

El reclamo

El caso está siendo ventilado en el Congreso de Estados Unidos y en otras instancias de ese país a raíz del reclamo interpuesto por el ciudadano americano óscar Cerna, quien fungió como gerente de Cemar.

La denuncia se fundamenta en que Honduras es signataria de varios tratados, los que le garantizaban entera protección a la inversión extranjera.

En 2001, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos suscribieron el tratado relativo al fomento y la protección recíproca de la inversión. De acuerdo con esa normativa legal, la inversión de óscar Cerna era una “inversión protegida” por ser la “inversión de un nacional... de una parte en el territorio de la otra parte”.

Greenberg Traurig sostiene que “el hecho de que Cemar haya sido constituida como sociedad mercantil en Honduras, de ninguna manera afecta la aplicación de aquellas disposiciones del tratado, y por tanto de la legislación hondureña, que prohíbe la expropiación directa o indirecta de las inversiones protegidas.

En otras palabras, fue la inversión hecha por el señor Cerna la indirectamente expropiada, estando esta debidamente legitimada para invocar el tratado como norma de derecho aplicable a fin de proteger tal medida”, subraya la firma de abogados.

Congreso de EE UU

El caso ha sido conocido por más de un centenar de congresistas de EE UU -senadores y representantes-, quienes pidieron a la anterior titular del Departamento de Estado, Condoleeza Rice, transferirlo al Departamento de Justifica para su revisión.

El cierre intempestivo de la mencionada cementera de capital americano y japonés ha sido denunciado en el Congreso de Estados Unidos y en otras instancias de aquel país, ya que su principal accionista era el ciudadano americano óscar Cerna.

El Senado y la Cámara de Representantes han venido investigando el caso en los últimos años.

Los miembros del congreso Eliot L. Engel y Dan Burton, entre otros, pidieron a la ex secretaria del Departamento de Estado, Condoleeza Rice, trasladar el caso al Departamento de Justicia para su respectiva revisión.

Además, el embajador acreditado en Honduras en el período 2002-2005, Larry L. Palmer, tiempo en el cual sucedieron los hechos, rindió declaración el 14 de julio de 2008 ante la Cámara de Representantes sobre la expropiación indebida de Cemar.

También varios senadores y representantes estadounidenses han enviado cartas al Poder Ejecutivo de Honduras pidiendo actuar sobre el caso denunciado, sin obtener hasta el momento respuesta alguna, por lo que la decisión final puede ser tomada en las próximas semanas en el Capitolio de EE UU.

Diputada de UD aporta pruebas ante Fiscalía contra la Corrupción

Las pruebas que sustentan una presunta acción delictiva en la desaparición de la empresa Cemento América, S.A. de C.V. (Cemar), productora de Cemento Uno, se encuentran en poder de la Fiscalía contra la Corrupción.

La diputada de Unificación Democrática, Doris Gutiérrez, aportó medios probatorios sobre este caso y pide que se verifiquen hechos constitutivos de delitos presuntamente cometidos por funcionarios del anterior gobierno y particulares.

“Cemento Uno salió al mercado en octubre del año 2003, inmediatamente los ejecutivos del oligopolio cementero hondureño, principalmente Lafarge-Incehsa (empresa semiestatal, 42% propiedad del IPM de las Fuerzas Armadas de Honduras) planificaron la destrucción de Cemento Uno, aliándose con la firma auditora Palao William, quienes se coludieron con funcionarios del Estado de Honduras que se desempeñaban en la Secretaría de Finanzas y con directores y auditores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)”, cita la denuncia.

“Se presenta una cronología de la confabulación de la DEI, IPM, Lafarge-Incehsa y la firma Palao William para destruir a Cemar y en consecuencia el desaparecimiento del mercado de Cemento Uno, en perjuicio del consumidor, la industria de la construcción, la economía nacional y la inversión extranjera”, añade.

La congresista entregó a la Fiscalía pruebas documentales y una grabación en disco compacto en que supuestamente se “pone de manifiesto la trama para cerrar ilícitamente la empresa cementera”, en que conversan un ejecutivo de Lafarge-Incehsa con un vendedor de cemento.