Cementera en Honduras perdió 600 millones

Los 600 millones de lempiras -$27.4 millones- que Cemar invirtió en cuatro años para construir una planta de cemento gris en San Lorenzo, Valle, lo perdió en apenas seis meses.

Así lo revela el análisis jurídico del bufete estadounidense Greenberg Traurig, que realizó la investigación del “Caso de expropiación relacionado con Honduras”, la que finalizó el 11 de marzo de 2008.

El documento ha sido distribuidos por los ejecutivos de la desaparecida empresa Cemento América S.A. de C.V. a más de un centenar de congresistas de EE UU, entre representantes y senadores, quienes han enviado una cantidad de cartas al gobierno de Honduras para que resuelva este caso, sin obtener respuesta alguna hasta el momento.

Intervención fiscal

Los socios de Cemar -Taiheiyo Cement de Japón y Grupo Cerna de Estados Unidos- denunciaron que la conspiración para sacar la empresa del mercado hondureño fue urdida desde la Secretaría de Finanzas y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro.

El análisis jurídico de la firma estadounidense revela que los auditores a cargo de realizar el due diligence -auditoría contable- de Cemar (de conformidad al contrato suscrito para vender la empresa) también eran los auditores externos del Instituto de Previsión Militar (IPM) y de Industria Cementera Hondureña (Incehsa), relación de negocios que data desde hace varios años.

“Obviamente, el objetivo de la firma de auditoría era elaborar un informe que le permitiese a su preciado cliente reducir el monto a pagar por la empresa que estaba en proceso de adquirir”.

En el proceso contaron con la colaboración de las autoridades tributarias y su inexplicable negativa de emitir un fallo definitivo sobre la cuestión de los impuestos adeudados por Cemento América.

El atraso de la autoridad tributaria para confirmar su estimación original del monto de impuestos adeudados, que era de L 1,000,000 -60,000 dólares-, le brindó a las auditores la oportunidad de “determinar la existencia” de un monto considerable en obligaciones tributarias sin pagar, sin temor de que se les rebatiese.

Greenberg Traurig señala que “así el comprador, rehusándose a adquirir una empresa con una deuda tan elevada, pudo embaucar al moribundo vendedor al tono de unos $12 millones (al exigir que la transacción ahora se reestructurase como una compra-venta de activos)”.

Solo después del cierre de la transacción, agrega el análisis jurídico, fue que la autoridad tributaria -la DEI- admitió que la deuda ascendía a 1,000,000 lempiras.

Obviamente que el gobierno de Honduras se benefició de este ardid por ser accionista de la sociedad adquiriente. De esa manera, no solo facilitó el medio para que se cometiese el fraude, sino que también cosechó parte de los beneficios.

Subraya que “el gobierno actuó deliberadamente para proteger los que parecieran ser sus propios intereses comerciales”.

Pérdida

La investigación de Greenberg Traurig revela que la cuantía de la pérdida de la inversión en Cemar es de 27.4 millones de dólares.

Sin embargo, de acuerdo con el Tratado Relativo al Fomento y la Protección Recíproca de la Inversión, firmado por los gobiernos de Honduras y Estados Unidos en 2001, la verdadera magnitud de los daños causados es superior a dicha suma, porque es el valor justo de mercado del bien expropiado, determinado inmediatamente antes de que se consumase la expropiación.

“En el presente caso, el precio justo de mercado de Cemar a octubre de 2003 -indistintamente del método de valoración que se utilice- hubiese sido muchísimo mayor que el monto de la inversión requerida para iniciar sus operaciones”, sostiene el documento.

Los juristas estadounidenses que elaboraron el documento, el que está firmado por Steven M. Schneebaum, consideran que “las leyes de Honduras le conceden al señor Cerna el derecho de percibir compensación por las pérdidas no económicas sufridas, incluyendo la violación de sus derechos humanos”.

Estado admite que Lafarge-Incehsa incurrió en competencia desleal

Acusaciones. Seis meses después de que Cemar cerró operaciones, el Estado de Honduras aceptó que Lafarge-Incehsa incurrió en competencia desleal para sacar del mercado a Cemento América.

Así lo prueban documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC).

Según el expediente 222-04 presentado por el titular de la PGR, Sergio Zavala Leiva, en contra de la impugnación de Lafarge-Incehsa, a través de sus abogados Enrique Flores Lanza y Mauricio Villeda Bermúdez, por la fijación del precio de la bolsa de cemento en 70 lempiras, “el único efecto del acuerdo ejecutivo es frenar, detener, parar el abuso ilimitado e inescrupuloso de las dos cementeras, al impedirles castigar al consumidor más allá de los niveles a que han llegado con las exacciones impuestas a las sociedad hondureña, a la fecha actual”.

El gobierno aprobó el decreto ejecutivo 008-2004, de fecha 18 de agosto de 2004, en el que se congeló el cemento en 70 lempiras la bolsa, a raíz de las constantes alzas de ese material de construcción.

El escrito presentado el 13 de octubre de 2004 en el juzgado de lo Contencioso Administrativo, “y estas consideraciones se dan, señor juez, sin tomar en cuenta el hecho irrebatible, derivado de la propia y libérrima voluntad intervencionista y manipuladora de las dos cementeras, en cuanto a las prácticas de competencia desleal que utilizaron en contra de Cemento Uno, para quebrar la efímera competencia que incursionó en el mercado, etapa en la cual ellas mismas bajaron los precios al consumidor final, a niveles de 49.69 lempiras la bolsa, en febrero del presente año, vendiendo el producto por debajo del costo, con precios depredatorios, para fulminar, como así lo hicieron, esa ventajosa competencia surgida para beneficio de los consumidores”.

Por su parte, el “Informe de investigación de cemento” realizado por una comisión de la Fiscalía de Protección al Consumidor -Mirian E. García Pérez- y la SIC -Nelson O. Parks y José Rufino Osorto-, de fecha 23 de septiembre de 2004, concluye que “antes que Cemar participara en el mercado, las dos empresas existentes tenían repartido el mercado y no competían con precios, por el contrario cuando una de ellas aplicaba incrementos al precio, automáticamente la otra adoptaba la misma medida”.