Violencia en contra de niños campea escuelas

Los estudiantes de las escuelas del país le temen a “Ronaldiño”.

Pero no crea que se trata del experimentado y famoso jugador brasileño de fútbol.

Se trata más bien de la regla de madera que utilizan algunos maestros para castigar a los estudiantes que se les considera como infractores de la disciplina escolar.

Y es que, según los testimonios de varios alumnos, recopilados en un estudio de la Fiscalía de la Niñez, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en algunas escuelas las reglas se conocen con el nombre de este jugador del AC Milán, de la liga italiana.

El nombre de la vara con que se castiga surge al comparar la destreza del jugador extranjero porque “pega duro y directo”.

Según los testimonios, cada vez que escuchan los reglazos en el cuerpo del niño castigado, los demás alumnos gritan “¡gooool”!.

Otro de los castigos que se convierte en acto violento en contra de los alumnos es el denominado “c...ito de pollo”, que consiste en pegarles con una regla o vara en las yemas de los dedos de la mano juntos hacia arriba.

Los gritos, suspensión de los recreos y la prohibición que se les hace a las niñas de jugar porque se les puede ver la ropa interior forman parte de los atropellos a los derechos de los niños que se presentan en los centros educativos.

En el informe se detalla cómo se les obliga a los niños de grados superiores a convertirse en vigilantes de la seguridad del resto de los niños y niñas y son nombrados como patrulleros.

De acuerdo con el estudio, el título de patrullero provoca el rechazo del resto de la población escolar hacia los “celadores infantiles”, lo que desde ya es un acto en contra de la integridad de los menores.

Por otra parte, se les violenta el derecho a la recreación al tener que asumir un rol que le corresponde a los maestros.

Regiones en estudio

El estudio se desarrolló en siete regiones del país, lugares en donde se registra el mayor número de denuncias de abuso en contra de menores, así como el mayor número de población educativa.

Entre los sitios analizados destacan Atlántida, San Pedro Sula, Copán, Juticalpa, Tegucigalpa, Comayagua y Choluteca.

“En un principio pensábamos que el grado de violación a los derechos de los niños era menor a lo que reflejó el estudio”, dijo Mireya Carbajal, consultora.

Un total de 77 centros educativos conforman el área de estudio con un total de 1,038 entrevistas, con estudiantes, padres de familia, docentes, jueces y fiscales, en un período de siete meses.

A nivel de educación prebásica se entrevistaron 126 niños y niñas, en el área de primaria 347 estudiantes, en el nivel de séptimo año a duodécimo grado 565, 151 docentes y 36 padres de familia.

Desconocimiento de leyes

Por medio del proyecto de análisis se logró identificar que a nivel de prebásica, tanto en centros educativos públicos como privados, el 68% de los entrevistados desconoce los derechos del niño y el 32% restante dijo conocerlos pero no logra identificarlos ni comprenderlos.

A nivel de básica se determinó que de la población entrevistada el 62.5% correspondía al área urbana y el 37.5% al área rural.

Con relación al conocimiento de los derechos del niño, de los entrevistados un 50.4% dijo conocerlos y el 46.6% no los conoce; observándose este desconocimiento con mayor frecuencia en el primer ciclo, es decir, de primer a tercer grado.

Según Martha Obando, oficial del departamento de Derechos del Niño de UNICEF, en la actualidad la violencia que sufren los niños se da en espacios que deberían ser protectores como el hogar, la escuela y la comunidad.

Los niños desde el nivel preescolar se quejan porque la maestra les grita o les pega. El maestro los castiga o los manda a la dirección, agregó la entrevistada.

“En muchos casos hemos encontrado que los niños han recibido un trato cruel, humillante por la falta de pago de alguna mensualidad u otro tipo de compromiso no cancelado en especial cuando se trata de lo económico y esto también es violencia”, dijo Obando, en referencia a los centros educativos privados.

Denuncias

Sofía Osorio, presidenta de la Asociación de padres de familia del instituto Saúl Zelaya, manifestó que la violencia en contra de los alumnos no es nuevo, pero que ha ido en aumento.

“La mayoría de los abusos reportados son a nivel psicológico, acoso sexual, por exigencias económicas, atropellos que como padres denunciamos pero nunca vemos una respuesta”, dijo Osorio.

La realización del estudio permitió conocer que del total de los expedientes abiertos por interposición de denuncias de abuso en contra de los niños y adolescentes, ante la Fiscalía de la Niñez, Derechos Humanos y Juzgados de la Niñez, el 57% de estos pertenece a centros educativos del sector privado, y el 43% restante al sector público.

En cuanto a la población afectada por la violación a sus derechos, el 67% de los alumnos es del sexo masculino, y un 33% del sexo femenino.

Al analizar el rango de edad de los afectados, se encontró que el 60% de las denuncias interpuestas refieren violación a los derechos de adolescentes (a partir de los 14 años) y el restante 40% es en relación a derechos violentados a niños a partir de los 7 años.

Tipos de violación

Por medio del análisis se logró conocer además los tipos de violación a los derechos de los alumnos.

En los centros privados la sanción más frecuente es en referencia al pago en las colegiaturas o mensualidades (el 50% de las denuncias se originan por esta causa), privándose al joven del derecho a hacer exámenes, retención de notas, negación de los traslados a otra escuela.

En los centros educativos públicos, el 41.6% de las denuncias refiere a la utilización de la expulsión como medida disciplinaria, con mayor frecuencia utilizada en alumnos mayores de 10 años, seguida por las denuncias de malos tratos físicos o castigos corporales en un 33 por ciento.

MP se impondrá ante informe del CNA

Las irregularidades en el sistema educativo, plasmadas en un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) serán constatadas por el Ministerio Público.

En dicho informe se exponen los hallazgos de una investigación efectuada en Intibucá en el que se evidencia una serie de anomalías como la de políticos y dirigentes magisteriales que solicitan favores sexuales a cambio de plazas, violencia física, psicológica, acoso y abuso sexual de docentes a estudiantes y hasta de alumnos a alumnos, mal manejo de la merienda escolar e irregularidades en la matrícula gratis.

“La Fiscalía es la encargada de la acción penal y lo que sea constitutivo de delito le aplicamos el requerimiento respectivo”, expresó el fiscal general, Luis Alberto Rubí.

“Habría que analizar qué tipo de delitos (se estarían cometiendo), entonces la Fiscalía respectiva haría los estudios correspondientes. Luego mirarán cuál va a ser la actitud de la Fiscalía con respecto a eso”, añadió el titular del MP.

En ese sentido se estarían imponiendo estas denuncias, para investigarlas, las Fiscalías contra la Corrupción, Niñez, Derechos Humanos y Delitos Comunes.

Para conocer más a fondo las irregularidades, las autoridades del MP sostendrán en los próximos días una reunión con los representantes del CNA para que le expongan el informe.