Honduras
Como una acción “precipitada, impensada y desbocada” calificó el coordinador de Pro Justicia en Honduras, Mauricio Velasco, la posición del presidente Manuel Zelaya, de demandar al ex subsecretario de Estado, Otto Reich.
“El Presidente Manuel Zelaya Rosales, y parte de su gabinete en una acción precipitada, impensada y desbocada, en vez de proceder a investigar de inmediato quiénes fueron los funcionarios hondureños que sobornó la empresa Latinode, integró una comisión conformada por los abogados Enrique Reyna, Secretario Privado de la Presidencia; Rixi Moncada, gerente de la ENEE y Edmundo Orellana, secretario de Defensa, con el propósito de acusar al señor Otto Reich por supuestas calumnias difamatorias vertidas contra el Presidente Zelaya Rosales”, expresó Velasco.
A criterio de Velasco, no existe sentido, ni tiene asidero legal, y es un despilfarro económico y de tiempo que la comisión viajara a EUA para contratar a un bufete de abogados para acusar a Reich. Velasco es enfático en puntos como:
Facultades
“El principio de legalidad que contiene nuestra Constitución de la República, que ahora de manera ilegal y arbitraria se pretende reformar por aquellos cavernarios acostumbrados a ultrajarla cuantas veces sea necesario; ordena claramente, que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
Atribuciones
De conformidad a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta tiene a su cargo la personería del Estado y es ejercida por el Procurador General (en este caso, Rosa Amerida Miranda), en cumplimiento entre otras atribuciones de promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que fuere parte, comparecer en representación del Estado conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo y acusar o denunciar a los responsables de delitos que causen acción pública.
En el presente caso, que se trata de entablar acusación contra Otto Reich, corresponde a la procuradora de la República, Rosa América Miranda, representar al Estado de Honduras y no a una comisión integrada por dos secretarios de Estado.
Investigación
“De conformidad con el Derecho Internacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el gobierno actual en vez de integrar la ilegal e impensada comisión debió de recurrir a la justicia hondureña y a los canales diplomáticos por medio de la cancillería y embajada hondureña, para que el gobierno de los EUA prestara su colaboración a fin de obtener toda la información y pruebas del juicio contra la empresa Latinode que se celebró en la Corte Federal de Florida”, manifiesta.
Despilfarro
Todos los servidores del Estado, comenzando por el Presidente de la República, deben administrar con responsabilidad y verdadera austeridad los recursos económicos que tanto hacen falta para combatir la miseria, la falta de salud, vivienda y educación del pueblo hondureño. El Tribunal Superior de Cuentas debe investigar de inmediato a fin de reparar los gastos en pasajes aéreos, viáticos, hotel, alimentación, transporte, honorarios de abogados y el abandono de sus atribuciones por parte de los funcionarios que integran la ilegal comisión, puntualiza.