Decretan secretividad en investigación de soborno

Con el fin de garantizar el éxito de las investigaciones y que esta no se contamine, el Ministerio Público (MP) dispuso decretar la secretividad de las indagaciones del escándalo de corrupción en Hondutel.

Con la medida se deja sin ámbito de acción a la recién nombrada Comisión ad hoc, nombrada por el presidente Manuel Zelaya, para investigar el escándalo del millonario soborno pagado por el “carrier” estadounidense Latinode a funcionarios hondureños.

De acuerdo con una sentencia emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los socios de Latinode se declararon culpables de pagar 1.09 millones de dólares a funcionarios de Hondutel, que solo identifica como A, B y C, con el objeto de lograr acuerdos de interconexión y reducción de tarifas de operación de llamadas internacionales.

Este hecho, denunciado por EL HERALDO, es investigado bajo la coordinación del MP, apoyado por el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General.

Precisamente el ente contralor emitió un informe en donde señala al ex gerente de Hondutel y actual jefe de staff de la Presidencia, Jacobo Lagos, de suscribir un contrato con Latinode mediante el cual se autoriza un descuento de un 20% a las tarifas, lo que conllevó a que Hondutel dejara de percibir más de 12.7 millones de lempiras.

Por este caso Lagos se comunicó con los fiscales para presentarse voluntariamente ayer en horas de la tarde al MP, pero al final desistió de acudir a la cita.

A esto se suma la rebaja de tarifas que autorizó el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, de 0.05 y 0.07 centavos de dólar el minuto, para el tráfico terminado en la red de Hondutel y en otras redes de Honduras.

Pero además se investiga también la rebaja de $ 0.02 que habría autorizado el Funcionario B en noviembre de 2006, según el informe de investigación estadounidense, y por la que Latinode habría pagado soborno.

Las investigaciones que realiza el MP, a través de la Fiscalía contra la Corrupción y contra el Crimen Organizado, se encuentran en su etapa final, solo espera sustentar las últimas denuncias presentadas, como la certificación de la sentencia del Departamento de Justicia, para lo cual se pide una asistencia judicial, para interponer requerimientos fiscales por los delitos de fraude, cohecho y abuso de autoridad.

Descargue los documentos que respaldan investigación

Secretividad

Por lo delicado de la denuncia y como medida de prevención, el MP dispuso decretar la secretividad de las investigaciones de este escándalo.

“No podemos permitir hablar sobre las interioridades de la investigación porque se instruyó que se declare en secretividad, está en reserva, será hasta que se produzca un requerimiento fiscal cuando se brindarán detalles”, informó el subdirector de Fiscalías, Juan Rafael Soto. “La instrucción se emana de lo establecido en el Código Procesal Penal.

La disposición fue notificada por el MP a las autoridades de Hondutel, para que resguarden y no den a conocer evidencias de la investigación y de esa forma que estas no puedan ser contaminadas o destruidas.

En tal sentido, con la nueva medida el MP deja sin ámbito de acción a la Comisión ad hoc nombrada por el Ejecutivo, ya que no podrá recabar información en Hondutel y en otras instancias. “...se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales”, señala el artículo 278 de dicho Código.

“En la investigación que el MP está realizando no pueden intervenir. El presidente ha tomado a bien hacer esta comisión que no tiene ningún tipo de vinculación con las funciones del MP”, afirmó Soto, consultado sobre si es correcto que la Comisión ad hoc intervenga en la investigación.

“Nosotros tenemos una función que la ley nos otorga, de dirigir técnica y jurídicamente la investigación. No podemos esperar que una comisión venga, porque es nuestra obligación investigar y ejercitar las acciones penales”, explicó. En todo caso el informe que pueda elaborar la comisión será tomado en cuenta por el MP para convertirlo en elementos probatorios.

En relación a esta Comisión, el fiscal general, Luis Alberto Rubí, desautorizó a que el fiscal Jari Dixon integre la misma. “No se autoriza la participación del abogado Jari Dixon para que forme parte de esta comisión investigadora propuesta por el presidente de la República”, informó Melvin Duarte, vocero del MP.

Como argumento expuso que el MP ya cuenta con un equipo de fiscales que están a cargo de la investigación del escándalo de corrupción, por lo que no existe razón para que otro fiscal tenga que participar en una comisión de este tipo, por lo que el fiscal general comunicará a la Presidencia su decisión.

Amplían investigación

Con respecto a la última revelación acerca de que el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri también autorizó una rebaja de tarifas a Latinode, el MP amplió su investigación de esta denuncia. “Cualquier punto que sea indispensable para encontrar la verdad de lo sucedido va a ser tomado en consideración”, expresó Soto.

“Están siendo valorados estos nuevos datos, así debe de ser. Dirigimos las investigaciones y plasmamos en el expediente lo nuevo que se revele para recabar los elementos de prueba para ver si hay alguna responsabilidad penal para deducir las acciones ante los tribunales”, manifestó el subdirector.

Se revisaron documentos de 2007 y no hubo rebaja: Mel

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el presidente de la república, Manuel Zelaya Rosales, afirmó el pasado martes 14 de abril que la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) “no aprobó ninguna reducción de tarifas” en 2007, para ningún carrier, incluyendo Latinode.

Según lo expresado por el mandatario Zelaya, si la empresa pagó sobornos “perdieron su dinero” porque se ha revisado la documentación “y no hay rebaja de tarifas”, explicó el gobernante en su comparecencia que, además, fue transmitida en directo en cadena nacional de radio y televisión.