Honduras
El dirigente liberal y analista político, Enrique Ortez Colindres, ve como con rotunda credibilidad el informe investigativo estadounidense que revela el soborno a funcionarios de Hondutel.
Considera que a todos los implicados en este nuevo escándalo de corrupción se les debe aplicar todo el peso de la ley.
El político concedió una entrevista en su casa de habitación a EL HERALDO. Aquí sus impresiones:
¿Qué criterio tiene usted de este nuevo escándalo de corrupción en Honduras? Veo una oportunidad positiva para el país y aleccionadora. Es un escándalo que reventó fuera de Honduras. Eso tiene una ventaja y es el hecho de que cuando explota un escándalo, como es frecuente en Honduras, normalmente hay un sedimento interesado y en este caso, la denuncia de escándalo es sumamente trascendente porque se deriva de una sentencia pronunciada por un tribunal de Estados Unidos que cualquier cosa se puede hablar de la justicia en Estados Unidos, pero tienen suficientes méritos los tribunales para decir la verdad.
Esa es una afirmación que vista desde el punto de vista jurídico, para nosotros los abogados es una prueba fehaciente puesto que ha pasado por un análisis de los hechos y ha profundizado en aspectos jurídicos donde han aparecido culpables tres funcionarios del gobierno de Honduras, sobornables.
En el código nuestro, esa figura está tipificada bajo el delito de cohecho. Si usted ve la ley especial y la Constitución de la República aparece que los funcionarios judiciales que prevarican, porque reciben regalitos o mordidas y se llega a comprobar pueden ser acusados de cohecho o de prevaricato.
En el desarrollo del cuerpo del delito, en el Código Penal, aparece que el cohecho lo lleva usted a comentar que cuando alguien recibe dádivas para hacer algo indebido se llaman sobornos y tienen penas muy drásticas al efecto.
Entonces dividamos el problema por la repercusión internacional que ha tenido, por una sentencia, y segundo, el impacto que ha tenido en el pueblo hondureño donde ya no estamos hablando de una acusación de los liberales contra los nacionalistas, o de los nacionalistas contra los liberales, sino que es una afirmación categórica.
Nos toca a nosotros nuestra parte y siento que el pueblo hondureño en gran parte anda desorientado en la forma de acusar y de defenderse. Y es bien sencillo, hay que irse por lo legal.
Ahora, prácticamente, le toca su turno y están al bate las tres instituciones jurídicas encargadas constitucionalmente de supervisar la transparencia del manejo de las operaciones de los oficiales del Estado y al mismo tiempo cuidar el patrimonio.
Ante esto, desde el momento en que resultó el escándalo, se han venido haciendo una serie de acciones que alimentan e inducen a mayor profundidad el problema.
El problema son las afirmaciones que se habían dado de funcionarios de Hondutel donde no habían habido rebajas y hoy aparece en la prensa, donde el abogado Renán Sagastume, aparece y se constata de que han habido rebajas y que el país ha sufrido grandes pérdidas, justamente, por no haber cobrado las tarifas que deberían haberlo hecho.
En 60 años yo nunca he visto que un sinvergüenza, o un ladrón, por sobornos haya caído en la cárcel.
Creo hemos llegado al momento donde debemos sacar un elemento positivo de que el gobierno no tape ninguna sinvergüenzada ni tape a sus amigos de ninguna naturaleza.
¿Cree usted que el gobierno está siendo transparente en la investigación de este caso?.
Yo lo voy a ver como abogado. En primer lugar, uno no puede ser juez y parte. Se están acusando autoridades del Estado. Hay tres instituciones que son las únicas que pueden hablar de seriedad y hasta el momento no se han visto las denuncias oficiales puestas en blanco y negro. Yo asumo que las tres están en la disposición de hacerlo pero todavía tengo la reserva como abogado y no creo más que en lo evidente. Si ellos no tomarán alguna decisión, yo diría están escondiendo algo que sería vergonzoso.
Nosotros pasamos de comisiones, aquí las comisiones van y son como aquel dicho que dice: nubes van, nubes vienen pasan por el Maya y no se detienen. Recuerdo que el Congreso nombró una comisión con el Poder Ejecutivo para ver la cuestión de Hondutel y no se hizo nada. Para qué vamos a seguir con comisiones si hay tres organismos del Estado que tienen la obligación para hacerlo. Que los tres se unan, que mayor comisión será esa.
Si hay participación del presidente Zelaya en este caso, ¿qué debe hacer el Congreso Nacional y los entes fiscalizadores?No creo más que en lo evidente. No quiero entrar en la especulación. Lo que debe hacer cualquiera de ellos es cumplir con la Constitución. Aplicarle la ley desde el más chiquito hasta el más grande.
¿Es cierto que hay funcionarios cercanos al presidente Zelaya, de los denominados patricios, que lo han abandonado en este caso?No creo que lo hayan abandonado. Tengo la impresión que el presidente Zelaya está rodeado por un grupo de personas que en el ámbito de la amistad son tan estrechos que yo diría que son hasta amigos incondicionales.