CN desmiente enorme impacto por decimoquinto

El impacto económico del decimoquinto mes de salario impulsado por el Congreso Nacional será muy inferior a las proyecciones de “sacrificio fiscal” estimadas en 4,000 millones por el Ejecutivo, sobre todo si este poder controla el desmesurado gasto.

Los cálculos del Legislativo salen al paso a desvirtuar las proyecciones gubernamentales logradas de manera preliminar. Estas estimaciones también indican que el número de personas beneficiadas, el monto del “sacrificio fiscal” y los afectados por la medida son una cantidad inferior a la que ha hecho trascender Casa de Gobierno.

La versión de Casa de Gobierno surge debido a que la propuesta del decimoquinto salario dice que el pago hecho por los empresarios a los trabajadores sea deducido de la renta neta gravable para el pago del impuesto sobre la renta.

Impacto

José Ángel Saavedra es el secretario del Congreso Nacional y sostiene que por la vigencia del decimoquinto salario “el Estado dejaría de percibir, a lo mucho, un 25 por ciento (de la recaudación del ISR de las compañías) y los empresarios cubrirán con sus ingresos un 75 por ciento del nuevo salario”.

En ningún momento el gobierno asumirá el pago total de este ingreso, como así lo informó la secretaria de Finanzas, expresó el parlamentario.

Según Saavedra, la creación del decimoquinto sueldo busca beneficiar a los consumidores con un ingreso adicional que les permita mantener su nivel de monetario ante el impacto de la crisis financiera internacional que ya afecta al país.

Saavedra, quien es el presidente de la comisión legislativa que dictaminará respecto al decimoquinto mes de salario, desmintió a las autoridades de Finanzas sobre que esta iniciativa es un “duro golpe” a los ingresos del Estado, que tendrá un impacto nefasto en la inversión pública, o que frenará los programas sociales y lo peor de ello, que será pagado con los ingresos del mismo pueblo hondureño, en beneficio de pocos.

Desde el CN más bien se ha enviado una invitación al Ejecutivo a controlar el gasto para honrar el beneficio salarial.

Compensación

Cabe resaltar que los ingresos del Estado de Honduras en concepto de ISR, para la persona jurídica y no natural, son menores al 30 por ciento del total de la recaudación fiscal.

Sumado a esto, diferentes analistas económicos estiman que, con la aprobación de un decimoquinto salario, automáticamente se daría un aumento en la recaudación del ISR para la persona natural, debido a que sus ingresos anuales subirían.

Igualmente se daría un repunte en las recaudaciones vía 12% de Impuesto sobre Ventas (ISV), esto porque el nivel de consumo de los beneficiados tenderían a subir.

Pero además, si le gobierno controla sus enormes gastos en viajes, viáticos y publicidad, tal y como lo dijo el vicepresidente del CN, Ramón Velásquez, la medida podrá ser viable.

La ex ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, respaldó esta tesis y expresó que los trabajadores al recibir el decimoquinto mes de salario y tener así un ingreso adicional consumirán más y pagarán una mayor cantidad por el ISV.

Asimismo, esta determinación dinamizará la producción de la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría en el país.

A consenso

El Congreso Nacional conformará dos comisiones para dictaminar cuál será el impacto económico real de la medida, estimará la cantidad de beneficiarios, el número de empresas exoneradas por su tamaño, cantidad de trabajadores y volumen de ventas y si los empleados de entidades autónomas o semiautónomas deben recibir este ingreso.

El Congreso convocará a todos los sectores para que se aclaren estos extremos y aporten sus ideas respecto al tema; se brindará la oportunidad a la empresa privada, al gobierno y a los obreros organizados para que expresen sus opiniones, sugerencias y críticas.

De manera preliminar, este pago no sería efectivo para las entidades autónomas y semiautónomas que reciben más de 15 salarios en un año.

Esto ocurre en Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Banco Central de Honduras (BCH), entre otras entidades. “La comisión debe considerar el impacto y todos los detalles de la medida antes de someter a la discusión del pleno y determinar consenso”, explicó Saavedra.

El parlamentario dijo que en el Congreso se desea que el decimoquinto salario se convierta en una de las principales medidas anticrisis y que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo y más ingresos para dinamizar la economía del país.

Contraversión

Según la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, el impacto estimado del decimoquinto mes de salario ascenderá a 4,000 millones de lempiras, que se desglosan en unos 2,000 millones por concepto del sacrificio fiscal directo por el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), y los 2,000 millones de lempiras restantes serían por el pago a toda la masa salarial en el gobierno central, a los de las entidades desconcentradas y descentralizadas.

“Todos los trabajadores que tienen estatus y que tienen contratos colectivos buscarán tener este tipo de beneficios”, puntualizó.

Empresarios opuestos

Los 62 presidentes de las organizaciones que integran el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se manifestaron en contra de la aprobación del nuevo salario porque terminará de lesionar la endeble economía de las empresas.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, lamentó que los titulares del Poder Legislativo y Ejecutivo están en una carrera por aprobar acciones demagógicas para capitalizar votos frente a las elecciones generales del 30 de noviembre próximo.

Facussé también dijo que ha conocido que decenas de países en el mundo están adoptando planes y medidas ante la crisis económica. “Honduras es el único país que no ha aplicado acciones”, dijo el empresario.

El presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, lamentó que se conspire en contra de los generadores de riqueza del país.

El Cohep ofreció ayer una nueva conferencia de prensa en la que fue más enfático al afirmar que con esta disposición se está asfixiando al sector empresarial.

Se anunció que, de aprobarse tal disposición, lo que se puede esperar es un incremento en el número de personas cesanteadas, es decir, despedidas.

El sector empresarial ya recurrió a esta acción luego de que el poder Ejecutivo aprobara de manera inconsulta un incremento del 60 por ciento al salario mínimo.

Cerrato admite que gobierno no midió impacto del mínimo

El ministro de Industria y Comercio, Fredis cerrato, admitió ayer que el gobierno de Zelaya cometió un error al no medir el impacto que tendría el aumento al salario mínimo.

Durante una comparecencia al programa “Frente a frente”, de canal 5, el funcionario reconoció que hay muchos estatutos que tienen sus ajustes salariales indexados al salario mínimo.

Por eso, cuando el gobierno aumentó de forma unilateral el salario mínimo, automáticamente las clases privilegiadas que se rigen por estatutos fueron beneficiadas.

Este es el caso de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), donde los docentes pueden tener salarios que oscilan entre 30 y 70,000 lempiras mensuales.

El funcionario cuestionó la iniciativa del Congreso Nacional de aprobar un decimoquinto salario, a su juicio, porque esta decisión no nace del consenso ni es una petición de ningún sector de la sociedad.

Pero no explicó por qué entonces el gobierno no buscó el consenso para aumentar el mínimo. La petición de los obreros era un ajuste de 30 por ciento, pero el gobierno decidió por su cuenta aumentarlo en más de 60%.

La medida repercutió en las finanzas de las empresas, que tuvieron que despedir a unas 180,000 personas. Además, repercutió en las finanzas del Estado.

Cerrato reconoció que nunca ha sido diputado y que su gestión no nace de la voluntad del pueblo, pero adelantó que su interés es convertirse en miembro de una posible Asamblea Nacional Constituyente.

Con el afán de desmeritar la propuesta de un decimoquinto salario, dijo que esta es una medida electoral.

Analistas aseguran que Manuel Zelaya también está en campaña abierta para dar un zarpazo a la Constitución y crear una nueva carta magna que le permita seguir en el poder.