“Urge que el Presidente depure el cuerpo policial”

La inseguridad mantiene sometido al país a una emergencia nacional.

Al menos esta es la conclusión a la que llega el titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, al trascender las implicaciones de al menos tres policías en el secuestro de un familiar de un reconocido empresario del país.

El ombudsman hondureño se pronunció diciendo que “por las actuaciones indebidas de muchos policías, la inseguridad pública es ya una emergencia nacional”.

Según Custodio, en lo que va de la administración del presidente Manuel Zelaya, son al menos 160 los secuestros que se han reportado.

“La vinculación de muchos policías con el narcotráfico, secuestros y asaltos así como sus actuaciones indebidas tanto en la falta de prevención e investigación inadecuada de los delitos de la delincuencia común y organizada, nos obligan a declarar que esta no es la seguridad pública que el pueblo hondureño demanda y merece”, expresó Custodio.

Depuración policial

Custodio es de la idea de que ante esta situación de emergencia nacional provocada por la misma Policía, el presidente de la República, Manuel Zelaya, en uso de las atribuciones constitucionales que le dan esa competencia, “proceda con la urgencia del caso a la indispensable, efectiva y justa depuración de la Policía Nacional”.

Manifestó que cada vez que se comete un secuestro no es el gobierno del Poder Ciudadano el que pierde, es todo el pueblo hondureño, por lo tanto debemos tomar parte activa para combatir ese flagelo

Según Custodio, para las “manzanas podridas” que existen al interior de la Policía Nacional, es malo que la sociedad civil participe en materia de seguridad pública.

Aseguró que en el país hay buenos y malos policías pero que, en este momento, son más poderosos los malos ya que incluso lograron que el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) quedará como un “espantapájaro” en la nueva Ley de Policía.

Antes de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Policía, el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, advirtió que el pueblo hondureño estaría corriendo peligro si se le otorgaba a la Policía el poder absoluto.

A criterio de Custodio, la falta de una política criminal del Estado hizo que los gobiernos cayeran sucesivamente en la trampa de la improvisación y reiteración de una misma propuesta, fracasada por añadidura, persistiendo en el error de creer que la solución era el simple aumento de los policías.

La Conclusión, según Custodio, es que ni el aumento del número de policías, ni el gasto casi ocho veces mayor ha sido la solución porque hasta ahora la delincuencia ha desbordado la capacidad preventiva o de la represión policial del delito.

Para el ombudsman hondureño, la población ve con preocupación cómo el aumento del número de policías, sin la preparación adecuada, va de la mano con el aumento de la delincuencia, pues ni siquiera se les practican estudios psicológicos para determinar si tienen o no vocación para ese servicio comunitario.

“La población se siente más insegura que nunca, incluso sentida por los residentes en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, ciudades que gozan del mayor despliegue policial”, argumentó.

Hay un aparato de poder para intimidar

La delincuencia está sometiendo al país a la intimidación.

Según el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, “cuando en una sociedad se ponen de moda los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales, lo que nos están diciendo los que nos deben seguridad pública es que hay un aparato controlado de poder para estar intimidando”.

Expresó que al hacer este tipo de delitos “nos están dando un mensaje, somos tan poderosos que podemos hacer cualquier cosa impunemente y en forma programada.

En lo que va de la actual administración se han registrado más 160 secuestros, de los cuales se estima que apenas un 20% han sido rescatados por la Policía, mientras que un alto porcentaje previó el pago de rescate por parte de los familiares de la víctima a los secuestradores.

Además, entre el 2006 y el 2008 murieron en el país alrededor de 17,514 personas en forma violenta, de los cuales 10,753 fueron víctimas de homicidio. Esta situación revela el alarmante clima de inseguridad en la nación.