Gobierno de Honduras asfixia a alcaldías

Nota de redacción

EL HERALDO inicia hoy lunes una serie de investigación, que consta de tres entregas, en la que da a conocer el precario estado en que se encuentra la mayoría de las alcaldías de Honduras porque el gobierno no les ha liberado los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, ni las transferencias que por ley les corresponde.
Está “muerta y enterrada” y ahora ya ni sus restos quedan.

Por “órdenes superiores” y argumentando que no está aprobado el Presupuesto de la República de 2009, la Secretaría de Finanzas está asfixiando a una gran cantidad de alcaldías al no transferirles los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

Semanas atrás, Ann Strodberg, declaró, en exclusiva para EL HERALDO, que la ERP estaba “no solo muerta, sino que también enterrada”.

Todo esto por el mal manejo que el gobierno hizo de los cerca de 2,700 millones de lempiras que se habían contemplado para Honduras. Gran parte de los fondos, el gobierno los destinó al pago de salarios.

Confirmado

El Heraldo intentó conocer la realidad que se vive al interior del país y levantó un sondeo telefónico con unas 230 municipalidades, para saber la realidad en cuanto a las asignación de fondos.

Preguntas como ¿le adeuda el gobierno fondos de la ERP?, ¿cuánto se le debe?, ¿de qué manera le ha afectado? son parte de las interrogantes que se le hicieron a los ediles.

En un considerable número de consultas no fue necesario obtener una respuesta al otro lado de la línea telefónica para conocer la precaria situación que enfrentan.

“Hondutel le informa que al número telefónico que usted ha llamado, temporalmente se le ha suspendido el servicio”, fue la respuesta que se recibió en casi un centenar de las comunicaciones.

En otras municipalidades, los ediles no se encontraban en sus oficinas.

Del total de llamadas hechas, en unas 80 brindaron información muy precisa.

La mayoría de alcaldes consultados informaron que enfrentan grandes dificultades para acceder a los fondos de la ERP, debido a lo complicado de los trámites y a la negligencia de la Secretaría de Finanzas para desembolsar los fondos ya autorizados.

Actualmente, muchos proyectos que prometieron los alcaldes, con la esperanza de ejecutarlos con los fondos de la ERP están abandonados.

Pero el lío va más allá cuando varios de ellos están a punto de ir a parar a la cárcel, debido a que por la falta de recursos no pueden cancelar a los contratistas y proveedores.

Ahogados por las deudas

La desidia gubernamental llega al extremo de negarles los fondos presupuestados en 2007 y 2008. El 20 de octubre del 2008 el gobierno emitió el decreto ejecutivo PCM-029-2008, que autorizaba a las municipalidades usar fondos de la ERP 2008 para cubrir las emergencias causadas por la depresión tropical número 16.

Atenidos a estos recursos, varios alcaldes realizaron contrataciones para atender situaciones de emergencia, luego presentaron la documentación ante la oficina de la ERP que dirige el comisionado Fernando García.

Esta oficina envió la orden a Finanzas para que le entregaran el dinero a las alcaldías, sin embargo, los documentos fueron regresados.

Laudelino Amaya, alcalde de Belén, Lempira, relató que esperanzado a esos recursos realizó varias contrataciones para atender las situaciones de urgencia que atravesaba su municipio a raíz de la tormenta tropical 16.

La oficina de la ERP ordenó a Finanzas desembolsarle a la alcaldía de Belén la cantidad de 2,537,020.88 lempiras y a la alcaldía de Nueva Frontera, Santa Bárbara, la suma de 2,249, 997.45 lempiras, ambos correspondientes a fondos de emergencia 2008. Sin embargo, al día de hoy Finanzas no ha realizado los depósitos.

“He estado llamando al señor Miguel López, asistente de la gerencia administrativa de Finanzas preguntando por qué no me entregan el dinero y la respuesta es que no se ha aprobado el presupuesto de 2009”, relató Amaya.

Por su parte, Delmi Reyes, alcaldesa de Nueva Frontera, Santa Bárbara, sostuvo que debido a que Finanzas no le deposita los fondos no ha reconstruido nada de los daños causados por la tormenta antes mencionada.

“Imagínese, tenemos casi ocho meses de que ocurrió aquella tormenta y nosotros no hemos reconstruido tres cajas puentes, así como cien viviendas que resultaron muy afectadas. También está la reconstrucción de 40 letrinas que se hundieron, entre otros”, enlistó la alcaldesa.

Al igual que Belén y Nueva Frontera, a muchas alcaldías solamente les han entregado los fondos del año 2006, a otras solo parte del 2007 a pesar de que sus proyectos ya están aprobados.

El argumento es que no hay dinero, dijo una de las autoridades de la alcaldía de San Sebastián, Comayagua.

Las pruebas

EL HERALDO tuvo acceso a un cruce de oficios entre el comisionado de la ERP, Fernando García, y la ministra de Finanzas, Rebeca Santos. Este documento deja al descubierto cómo las autoridades de esa Secretaría “por órdenes superiores” obstaculizan la llegada de los recursos de la condonación de la deuda externa a los sectores más pobres.

El 31 de marzo, García le envió una nota a Santos donde le reclama el hecho de que la gerente administrativo, Lilia María Bográn, le haya devuelto varios expedientes de desembolso (de la ERP) tanto de las partidas normales como de las de emergencia “atendiendo instrucciones superiores”.

“Me permito informarle cómo tantas veces lo he manifestado por escrito, personal y verbalmente lo siguiente: las solicitudes fueron presentadas de conformidad a la suma que se ha asignado presupuestariamente, de no ser así, jamás las mismas se hubieran canalizado para su proceso”.

El 1 de abril, García le manda otro reclamo a Santos:
“Hago referencia a lo anterior, por cuanto la gerente administrativa de Sefin, señora Lilia María Bográn, por no estar aprobado el presupuesto general de Ingresos y Egresos del año 2009 y atendiendo instrucciones superiores devolvió a nuestra oficina documentación original del Fondo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza correspondientes a los desembolsos normales y de emergencia, afectando de esta forma los desembolsos a varios municipios y con ello la ejecución de sus proyectos, situaciones que nos preocupa por las graves implicaciones que legal, económica y socialmente puede representar no solo para el gobierno de la República, sino también para los diferentes actores involucrados en el proceso de ejecución de los recursos descentralizados de la ERP”, dice la misiva.

Las solicitudes no afectan en ninguna manera a los recursos fiscales del 2009, “por lo que la decisión de devolver sin trámite y sustentación jurídica válida las solicitudes de desembolsos, se contraponen a las expresadas disposiciones y a las normas de economía, celeridad y eficacia, con que deben actuar los órganos de la administración, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general”, dice la comunicación.

El Heraldo intentó conocer la versión de la ministra de Finanzas pero la respuesta siempre fue: “Ella está en Casa Presidencial.

¿Y los viceministros?, se consultó, también, fue la respuesta que se obtuvo en su oficina. Por su parte, la gerente administrativo Lilia Bográn se limitó a decir que “no estoy autorizada para a hablar”.

* Beneficio: El Congreso Nacional aprobó que las alcaldías manejen anualmente 700 millones de la ERP, o sea un promedio de 2.3 millones de lempiras cada una.