Honduras
La representación legal del Estado formalizó ayer su petición ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspenda la encuesta del último domingo de junio.
La Procuraduría General de la República (PGR), como abogado del Estado, oficializó su posición ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo sobre este incidente de suspensión promovida en la demanda de nulidad interpuesta por el Ministerio Público (MP) contra el decreto ejecutivo PCM-005-2009.
Dicho decreto pretende que el último domingo de junio el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) conduzca una encuesta para promover la instalación de una “cuarta urna” y decidir sobre una Asamblea Constituyente.
Por considerar que el decreto tiene fines ilícitos, el MP promovió la demanda de nulidad del mismo con suspensión del acto impugnado, es decir la encuesta de junio, como medida preventiva a que se cometa una violación a la Carta Magna.
Pronunciamiento
Previo a que se venciera el término concedido por la ley, la procuradora general, Rosa Miranda, se apersonó ayer a las 2:00 de la tarde ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en compañía de un cuerpo de procuradores y asumiendo la representación legal del Estado, para presentar su posición jurídica sobre este caso.
“La Procuraduría, con toda responsabilidad, solicita al señor Juez que dentro de su discrecionalidad y en base a los argumentos esgrimidos, que se admita la demanda con suspensión de los actos tácitos esgrimidos en la misma”, precisó la procuradora general.
Aclaró que esta es una posición institucional y no su apreciación personal, que es producto de un exhaustivo análisis jurídico y legal.
La PGR considera que en aras de la armonía social que debe de prevalecer en el país, el Juzgado debe suspender todos los actos tácitos esgrimidos en la demanda, como ser la promoción de la consulta y cuarta urna, como la encuesta del último domingo de junio.
Entre los argumentos, la PGR sostiene que de ser ciertas las imputaciones que hace el MP en su demanda “constituiría una grave infracción al ordenamiento jurídico..., y constituiría un serio daño que para el Estado de Honduras sería de difícil reparación”, cita parte del pronunciamiento de la PGR.
En tal sentido, la PGR coincide con el MP que el Juzgado debe suspender la encuesta “ya que no tiene ningún sentido esperar a que se perpetre una lesión al ordenamiento jurídico, en las proporciones en que podría efectuarse...”, dice el texto.
Además, se argumenta que resultan evidentes la erogaciones que hace el Ejecutivo en promover la encuesta y que resultarían inútiles si el Juzgado decreta la nulidad del decreto.
Amenazada
Luego de interponer el pronunciamiento contra la encuesta de junio, Miranda reveló a periodistas que ha sido objeto de amenazas.
“Es cierto, inclusive hemos podido constatar que a uno de nuestros funcionarios, a uno de sus hijos ya lo sacaron del gobierno, estaba trabajando en el gobierno, y yo personalmente he recibido llamadas amenazantes, pero quiero manifestar que desde que yo asumí este puesto sabía que iban haber circunstancias como estas, nuestra labor la hacemos con toda responsabilidad”, manifestó la procuradora, quien llegó a la Corte sin elementos de seguridad.
A su juicio, con las amenazas pretendieron intimidarla. “Lo que sí quiero decirles es que mí actuación de toda mi vida ha sido apegada a derecho y no van a ser circunstancias como estas las que me aparten de ese camino”, afirmó Miranda.
Enfurecida reacción
La posición legalista de la PGR le dio un revés a los funcionarios del Poder Ejecutivo que pretenden darle un zarpazo a la Constitución, a través de la consulta y la Asamblea Constituyente. El golpe fue tal que en casa de gobierno arremetieron contra la defensora del Estado.
El ministro de la Presidencia, Enrique Flores, tildó de “traidora” a la procuradora Miranda y la acusó de estar obedeciendo a intereses políticos.
Flores Lanza dijo que para el transcurso de la demanda del MP en contra del Estado procederán a recusar a la abogada Miranda para que sea el subprocurdador quien conteste la acción legal.
En casa de gobierno
Dentro de los siguientes cinco días hábiles, el juez Jorge Alberto Zelaya, quien conoce la demanda, citará a las partes MP y PGR para emitir una sentencia interlocutoria.
Dicha sentencia refiere a si el Juzgado admite la demanda con suspensión del acto impugnado por el MP, de ser así el Ejecutivo deberá suspender la promoción de la consulta y cuarta urna, así como la celebración de la encuesta del último domingo de junio.
* Con la constitución:
• Conadeh
• Ministerio Público
• Tribunal Supremo Electoral
• Corte Suprema de Justicia
• Congreso Nacional
• Iglesia Católica• Iglesia Evangélica
• Consejo Anticorrupción
• Cohep
• Frente Cívico
• Colegio de Abogados
• Pinu
• Democracia Cristiana
• Fuerzas Armadas
• Procuraduría General
• Sociedad Civil
Encuesta o consulta, igual persiguen fines ilícitos
El que el Ejecutivo modifique el decreto PCM-005-2009 al cambiar el término consulta por encuesta no cambia en nada la posición del Ministerio Público.
Según las autoridades del ente acusador del Estado, persisten los fines ilícitos con la encuesta y la cuarta urna.
“Lo seguimos manteniendo porque nosotros vemos la intencionalidad y al pueblo hondureño no se le va a burlar y la Fiscalía no se va prestar a eso, en consecuencia seguimos manteniendo de que esa encuesta lleva fines ilícitos y todo lo que atenta contra la Constitución realmente nosotros nos vamos a oponer”, expresó el fiscal general, Luis Alberto Rubí.
“Y no solo eso, si no que vamos a buscar que se anulen estos casos para que no se practiquen y mantener la integridad de la Constitución de la República”, añadió.
La PGR se pronunció a favor de que se suspenda la encuesta y la cuarta urna, por lo que Rubí ahora espera que el Juzgado emita una sentencia sobre la suspensión.
“Ya nosotros hemos hecho nuestras acciones, esperamos una resolución del Poder Judicial, ya a partir de mañana (hoy), de que se acceda a lo solicitado por la Fiscalía en el sentido que se dé la suspensión del acto impugnado”, expresó.
A la invitación que Zelaya le hizo al fiscal de que lo fuera a capturar por promover la cuarta urna, Rubí le aclaró que los fiscales no capturan, que es la Policía.