Legalidad del MP fue reconocida por la PGR

La legalidad del accionar del Ministerio Público (MP) al interponer la demanda contra la encuesta de junio fue reconocida por la Procuraduría General de la República (PGR).

El MP interpuso el pasado ocho de mayo una demanda de nulidad en contra del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, que busca instalar una Asamblea Nacional Constituyente.

Para que el Juzgado Contencioso Administrativo pueda resolver si la demanda se admite o no con suspensión del acto impugnado, o sea la encuesta del último domingo de junio, la PGR se pronunció de forma oficial en su calidad de representante legal del Estado.

En su dictamen, la PGR pidió al Juzgado que la demanda del MP se admita con suspensión del acto impugnado, por considerar la consulta ilegal y que la promoción de la misma conlleva erogaciones que no se podrían justificar.

La procuradora general, Rosa América Miranda, puntualizó que el pronunciamiento presentado “es una determinación jurídica e institucional”.

Reconoce legalidad

En el MP las reacciones no se hicieron esperar ante la postura de legalidad de la PGR.

“Hemos actuado conforme a derecho y es un reconocimiento a la legalidad”, reaccionó el fiscal general, Luis Alberto Rubí. “La posición de la PGR es apegada a derecho. Nos satisface mucho que estas instituciones del Estado cumplen y hacen cumplir la Constitución, realmente el MP se siente complacido de que se le ha dado la razón en esta lucha por proteger la carta fundamental”, añadió.

A pesar de las amenazas que Miranda ha recibido, el fiscal considera que ella actuó conforme a ley. “Ha actuado como una profesional correcta, no esperábamos menos de ella, es la procuradora general de la República, es la abogado del Estado, estamos contentos”, destacó.

Por su lado, el asesor legal del MP, Rigoberto Espinal, percibe que es muy peligroso para la estabilidad política del país que el Ejecutivo continúe con el proyecto de ejecutar la encuesta el último domingo de junio.

“Con mucha sabiduría ella (Miranda) como un alto funcionario del Estado piensa que su mejor contribución es apoyar esa suspensión de ese acto para evitar males que pudieran ser ya irreparables”, dijo.

De acuerdo con la ley, la procuradora general tiene autonomía en su accionar, para alejar cualquier tipo de intimidación.

Solo se está a la espera que el juez cite a las partes para dentro de cinco días hábiles dictar sentencia sobre la suspensión del acto impugnado.
* BASE LEGAL:

Las autoridades del MP y de la PGR sostienen que sus actos se enmarcan en el juramento prestado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.