Ministerio Público preparado para interponer acusaciones

El panorama está claro, las acusaciones penales las interpondrá el Ministerio Público (MP) si se concreta la ejecución de la encuesta declarada ilegal por el Poder Judicial.

Los funcionarios son los primeros llamados en cumplir con las leyes, sin embargo, en la administración de Manuel Zelaya no se da el ejemplo al promover una encuesta declarada ilegal por la autoridad competente.

Al respecto el MP, luego de interponer acciones administrativas ante el Juzgado Contencioso Administrativo, puntualiza a diario acciones para preparar la interposición de los requerimientos fiscales contra autoridades y empleados del gobierno como civiles.

El fiscal general, Luis Rubí, informó que dio instrucciones a todos los fiscales a nivel nacional a laborar este domingo por si se lleva a cabo la encuesta.

A ese efecto, decidió suspender las licencias y permisos.

“El MP ha dado orden, a nivel nacional, que sus fiscales levanten actas y estén presentes en lo que podría ser este acto que es nulo y lógicamente acarrea responsabilidad”, informó.

Lo que se busca es acreditar la comisión del delito para interponer las acciones penales, expresó. Entre los delitos que se consideran tipificar está el abuso de autoridad para los servidores públicos que participen en la encuesta y la desobediencia.

“Esa encuesta no debe llevarse a cabo, es ilegal. En consecuencia, cualquier persona que siga avanzando en esto va a tener que someterse a las sanciones que la misma ley ya establece”, indicó.

“La Fiscalía General de la República está preparada, se esperará a que se consuman los actos y eso va a dar lugar a la configuración de delitos y entonces actuará el MP”, aseguró Rubí.

Para el levantamiento de actas, los fiscales contarán con el resguardo de elementos del Ejército, policías y detectives del MP. “Los fiscales tienen su propia responsabilidad de cumplir con el deber”, dijo.

Previo, un equipo de fiscales se encuentra recabando pruebas para sustentar el expediente investigativo y que serán presentadas ante el juez competente, en caso de ser necesario.

Entre las pruebas están los acuerdos emitidos, movilizaciones de funcionarios al interior del país, el registro de la acción de irrumpir en la Fuerza Aérea a recuperar material para las encuestas que se encontraba en depósito y declaraciones, entre otros.

“El MP está obligado a ejercer la acción penal por la comisión de un delito, si se configura el delito no hay la menor duda que vamos a ejercer la acción penal”, aseguró el fiscal general.

Empero, Rubí confía que la encuesta no se llevará a cabo y que el orden constitucional no se quebrante. “Por eso llamamos al pueblo a la tranquilidad”, dijo.

* MEDIDAS: El delito de abuso de autoridad se comete en perjuicio de la administración pública, por lo que se aplican medidas cautelares de suspensión del cargo.