Zelaya y Ortega acusados de promover caos y anarquía

Un reconocido abogado de Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia de ese país, una denuncia pública en contra del depuesto presidente Manuel Zelaya y del mandatario Daniel Ortega.

Según lo publica la edición digital del diario Nicaragua hoy, el ex militar, abogado y notario público nicaragüense, Víctor Boitano, acusa a Zelaya Rosales y Ortega Saavedra por los delitos de "asociación ilícita para delinquir, alteración del orden público, exposición de personas al peligro, promoción del caos y la anarquía, llamado a la realización y comisión de actos de violencia, obstaculización de la vía pública, invasión de la propiedad pública y privada, violación de la fronteras terrestres de las repúblicas de Nicaragua y Honduras, abuso de autoridad y usurpación de funciones, violaciones migratorias, declaratoria de guerra, planificación, divulgación pública y llamado de actos terroristas, insurrección y subversión en contra el estado de Honduras, en perjuicio del estado Nicaragüense”.

El documento también hace mención que los acusados han llevado a cabo “convocación y realización de manifestaciones y concentraciones públicas ilegales en donde han participado ciudadanos extranjeros en territorio nicaragüense sin los debidos permisos y autorizaciones de las autoridades competentes, violando la ley de Migración y Extranjería de la república de Nicaragua”.

“Ambos señores están claramente violando las normas nacionales e internacionales al hacer un llamado a la violencia y a la insurrección desde territorio nacional nicaragüense contra el estado soberano y vecino de Honduras, instalando y manteniendo públicamente cuarteles generales de operaciones en las ciudades de Managua, Estelí, Ocotal y una base de operaciones en el poblado y puesto fronterizo de Las Manos, todos en suelo nicaragüense". Añade la demanda.

Aparte de la Corte Suprema de Justicia, esta acusación también fue enviada a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ejército de Nicaragua.