CIDH concluye visita de verificación a Honduras

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su visita al país.

Su llegada a Honduras el pasado lunes tenía como objetivo principal hacer evaluaciones de las denuncias de supuestos abusos cometidos en contra los derechos humanos, después de la salida del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales el pasado 28 de junio.

La delegación de la CIDH, que permaneció en el país por espacio de cinco días, llegó a Honduras en medio del análisis de diferentes sectores de la sociedad orientados a que la misión de la CIDH venía preparada para condenar a Honduras.

La comitiva estuvo encabezada por la venezolana Luz Patricia Mejía, que actualmente se desempeña como presidenta, además la acompañaron el primer vicepresidente Víctor Abramovich, de nacionalidad argentina, el segundo vicepresidente y relator para Honduras Felipe González, originario de Chile, el comisionado Paolo Carozza de Estados Unidos, el secretario ejecutivo Santiago A. Cantán, de Argentina, la relatora especial para la libertad de expresión Catalina Botero, de nacionalidad colombiana, y el personal adicional de la Secretaría Ejecutiva.

Encuentros

Todos ellos sostuvieron reuniones con diversos sectores del país, entre los que se encuentran la sociedad civil y grupos organizados, sin dejar por un lado algunas secretarías de Estado, además del Poder Judicial y el legislativo.

El primer encuentro fue con los miembros de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Ese mismo día, las reuniones fueron con los miembros de la sociedad civil, quienes aprovecharon para presentar algunas denuncias de violación a los derechos humanos por parte de los entes del Estado.

Desde su llegada, la misión de la CIDH se limitó a escuchar las presentaciones de los informes que le brindaron los diferentes sectores ya que, según su presidenta Luz Patricia Mejía, lo primero era recabar la mayor cantidad de información que ellos necesitaban y por último presentar un informe detallado de todo lo que había ocurrido antes, durante y después de la salida del depuesto mandatario.

La misión instaló su oficina en el hotel InterContinental. Allí recibió testimonios y denuncias de diferentes personas, además visitó algunas zonas del país donde hubo manifestaciones.

Fueron muchas las denuncias que se presentaron ante la CIDH, por parte de personas que se sintieron afectadas al participar en las marchas que se realizaron en diferentes sectores de Honduras.

También los padres de familia se quejaron de que los maestros han violado los derechos humanos de más de dos millones de alumnos por decretar un paro de labores que no debió ser, porque el problema no es laboral sino que es de carácter político.

También un grupo de taxistas compareció ante la misión internacional para quejarse de que las constantes manifestaciones de zelayistas les impiden trabajar, pues causan bloqueos de calles y eso les ocasiona pérdida de tiempo, igual que un excesivo gasto de combustibles.

Las denuncias de agresiones también fueron presentadas por los miembros del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pues muchos de sus afiliados fueron agredidos por los manifestantes, ya que consideran que laboran en medios "golpistas". EL HERALDO también denunció las constantes intimidaciones y amenazas a muerte ante la publicación documentada de al menos 44 denuncias de corrupción del anterior gobierno de Zelaya.

En relación a la parte gubernamental, la misión de la CIDH se reunió con representantes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Defensa Nacional, jefe del estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y su Junta de Comandantes, Secretaría de Seguridad y Alto Mando Policial, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República, entre otras instituciones.

En todo momento rehuyeron a tener contacto con miembros del Poder Ejecutivo que preside Roberto Micheletti Baín, debido a que no es reconocido como presidente por la Organización de Estados Americanos (OEA) ni la CIDH, con sede en Washington.

Hay que recordar que al momento de la llegada de la misión, la vicecanciller hondureña, Martha Lorena Alvarado de Casco, arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegurando que el organismo estaba "infiltrado por la izquierda", mencionando que la delegación era encabezada por la venezolana Luz Patricia Mejía.

Exhortaciones

Una de las organizaciones de la sociedad civil que hizo exhortaciones a los representantes de los derechos humanos fue la Unión Cívica Democrática (UCD).

La entidad representativa de diversos sectores del pueblo hondureño que, a título de ciudadanía activa, se ha asociado para la defensa de la Constitución de la República, la consolidación democrática en paz y libertad y el impulso del desarrollo humano, expuso las causas y calificaciones de los sucesos del 28 de junio.

"Damos nuestra cordial bienvenida a la CIDH en su visita a nuestro país, sabiendo que su objetivo, según sus propios términos, es verificar la situación de los derechos humanos", decían en la exposición los miembros de la UCD. Según la organización de la sociedad civil, la verificación parte del presupuesto según el cual ha habido un "golpe de Estado" en Honduras, aun cuando esa calificación (que deriva de las parcializadas resoluciones de la OEA, de 1 y 4 de julio) se dio rápidamente, a primera vista, y los hechos comprobados, a lo largo del tiempo transcurrido, demuestran fehacientemente que esa calificación no corresponde a la verdad de lo acaecido en Honduras.

En su documento, la UCD exhorta a que los estados y organizaciones internacionales que reconocieron a Manuel Zelaya Rosales como el "presidente constitucional" que igualmente asuman como propias las amenazas y violaciones a los derechos humanos de toda la población hondureña, cometidas por los titulares de ese "gobierno" así reconocido, con las responsabilidades internacionales que resultan de esa decisión.

Zelayistas

Los simpatizantes del ex mandatario también denunciaron que muchas de las personas que participaron en manifestaciones recibieron agresiones de parte de los miembros de la Policía y el Ejército.

Aseguraron que algunas muertes que se registraron cuando se manifestaban en diferentes sectores del país, exigiendo la restitución de Zelaya Rosales, formaban parte de una supuesta campaña impulsada desde el gobierno.

Fueron centenares de personas, entre ellas Marvin Ponce y Carlos H. Reyes, las que llegaron ante los miembros de la CIDH porque fueron agredidas cuando participaban en las protestas que ellos mismos organizaron.

Los miembros de la resistencia popular aseguran que documentaron las denuncias que presentaron porque los cuerpos policiales utilizaron la fuerza bruta y hasta las armas para disuadir a los manifestantes, especialmente a los de sectores organizados.

* Cronología:

28 de junio fue el día que se realizó la sucesión presidencial en Honduras. Ese mismo día tomó posesión Roberto Micheletti.

17 de agosto llega la misión de la CIDH a Honduras, para verificar la violación a los derechos humanos.

21 de agosto, la misión presenta informe de las investigaciones realizadas.

Medios de comunicación informaron sin restricciones

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, aseguró que, pese a los ataques terroristas contra algunos medios de comunicación, en Honduras existe libertad de expresión.

Aunque al inicio de la crisis hubo restricciones indebidas para algunos medios y periodistas, la situación en la actualidad está corregida porque todos sirven información sin limitaciones. Advirtió que si esta situación llegará a cambiar, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está en la disposición de trabajar por la garantía del derecho a la libertad de expresión, como lo ha venido haciendo.

Cuestionó que, hasta ahora, los informes que hablan de la libertad de expresión en Honduras son constantes en repetir las mismas violaciones, aunque estas ya están corregidas. Custodio calificó como un atentado terrorista el hecho ocurrido el 14 de agosto en contra de un automóvil del diario La Tribuna, el cual fue incendiado en Las Vueltas del Junquillo, en Juticalpa, Olancho.

También lamentó el atentado terrorista ocurrido el 15 de agosto, esta vez con bombas incendiarias, en contra del edificio de diario El Heraldo. Es natural, según Custodio, que ambos hechos, ocurridos después de la publicación del informe del relator de la ONU, no hayan merecido su atención, pero lo lamentable es su falta de ecuanimidad cuando ignora el ataque terrorista en contra de Radio América, el 30 de junio último.

* 14 personas son las que componen en su totalidad la misión de la CIDH que investigó violaciones a los derechos humanos.

* 10 instituciones gubernamentales visitó la misión de la CIDH para recabar información relacionada con derechos humanos.