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Presidenciables tras el reto de modernizar el Estado

Este será uno de los puntos primordiales para que el próximo presidente de Honduras reduzca el gasto corriente
16.10.09 - Actualizado: 16.10.09 10:29pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

Convertir a Honduras en un Estado moderno y eficiente es una tarea pendiente que deberá asumir el hombre que tome las riendas del país el próximo 27 de enero de 2010.

Entre 1990 y 1998, el país experimentó un proceso de modernización, alcanzando logros relevantes; posteriormente, en el período gubernamental de Carlos Flores, el proceso se desbarató, según los expertos en temas de administración pública.

La iniciativa para la modernización del Estado se gestó en los últimos años de la administración del ex presidente José Simón Azcona (QDDG), en el período 1986-1990.

Sin embargo, el proyecto comenzó a ejecutarse en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y continuó en la administración de Carlos Roberto Reina (QDDG), en el período 1994-1998.

Creación

En 1992, mediante decreto legislativo número 190-91 del 7 de enero, se crea la Ley de Modernización para el Estado, que da nacimiento a la Comisión Presidencial de Modenización del Estado (CPME).

La iniciativa surge bajo las consideraciones de que el proceso de modernización del Estado debe ser un esfuerzo permanente, indispensable y estratégico para el desarrollo nacional y para fortalecer su posición en el ámbito internacional.

El esquema implicaba la puesta en marcha de reformas sustanciales al ejercicio de las funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales, así como al impulso y aplicación de reformas políticas que fortalecieran la organización electoral.

También se tomó en cuenta que la sociedad hondureña reclamaba una mejora significativa en la claridad y eficiencia de los sistemas de entrega de servicios públicos.

Fue en las administraciones de Callejas y Reina que esta comisión mostró que el proyecto era funcional. En el período de Callejas, la CPME estuvo coordinada por el abogado Manuel Acosta Bonilla y en la administración de Reina por el abogado Armando Aguilar Cruz.

De acuerdo con Acosta, la comisión nació para responder a un requerimiento de los organismos internacionales que andaban con esa inquietud y ellos prestaban dinero para que se hicieran proyectos de modernización del Estado.

Ellos propusieron proyectos específicos como reformar las aduanas y mejorar la captación de los impuestos, entre otros. "Nosotros concebimos una visión más amplia para modernizar todo el Estado, en base a estudios del caso en el aspecto administrativo, político, económico y judicial", acotó.

Logros

Entre los logros alcanzados por la CPME, entre 1990 y 1998 se destaca la creación del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En la parte administrativa se modernizó todo lo de las aduanas. Los expedientes administrativos se simplificaron para hacerlos más fácil al público.

Se creó el Programa de Desburocratización del Estado, con el fin de reducir el personal y eliminar la burocracia inútil, lográndose algunos avances que posteriormente desaparecieron.

Asimismo se aprobó un paquete de medidas como la eliminación del permiso que los hondureños solicitaban a Relaciones Exteriores para poder salir del país. Se modificó el estatus de la Contraloría General de la República, que pasó a ser el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En este proceso nació también el programa de descentralización municipal con el propósito de impulsar el desarrollo de las municipalidades de manera independiente y con autonomía del gobierno central. Además se reorganizaron varias secretarías que aparecían superministerios. La Secretaría de Recursos Naturales y Agricultura fue dividida y surgieron la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, las dos con responsabilidades muy propias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasó a llamarse Secretaría de Finanzas y asumió el rol de manejar el presupuesto de la República, el área de recaudación y de tributación. La Secretaría de Economía pasó a ser la secretaría de Industria y Comercio.

Política

En materia política se reformó la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, logrando transformar el Tribunal Nacional de Elecciones. De esta entidad surgieron el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), con sus roles muy claros.

Asimismo, se aprobó que el TSE fuera dirigido por magistrados, elegidos entre varios nominados que no hayan tenido militancia política en la dirigencia de los partidos. Se aprobó también el voto domiciliario, que permitió un fortalecimiento del proceso electoral.

Se acordó también que el sistema de votación en el Congreso Nacional sería a través de una pantalla, la cual fue adquirida por el legislativo, pero no fue usada por los diputados.

Una reforma muy recordada es la abolición del servicio militar obligatorio por uno voluntario. También cuenta entre los logros de este proyecto el traslado de la policía al orden civil.

Justicia

En el aspecto judicial se apoyó la reforma judicial, se impulsó el cambio de los juicios escritos a orales y públicos, además se determinó la nueva forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como el período de siete años en la permanencia del cargo.

En el período de Reina, la Comisión de Modernización, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), logró consensuar con los empresarios, gobierno y trabajadores las reformas al Código del Trabajo. El entonces Presidente, tras recibir el documento, se lo entregó al ministro del Trabajo y le ordenó que lo convirtiera en iniciativa de ley para enviarlo al Congreso, pero el funcionario lo engavetó.

Reto de los políticos

Para Acosta, la desburocratización del Estado es una tarea pendiente y que no se logra por culpa de los políticos que ven en la administración pública la única forma para emplear a sus activistas.

La coyuntura política que vive el país y los vientos de cambio que desde ya exige la población se vuelven el ambiente ideal para que los seis que aspiran a llegar a la presidencia del país retomen el proyecto de modernización y reducción del Estado.

La crisis política que agobia a Honduras y la recesión que ha contraído la economía mundial provocarán que el 2010 no sea el mejor de los años en materia financiera.

Es por eso que será un reto del nuevo gobierno reducir su gasto corriente y qué mejor que haciéndolo a través de una disminución en el ya inflado engranaje gubernamental.

En lo económico ha habido reformas negativas "inspiradas más en el neoliberalismo de liberar de impuestos a los ricos. Gran parte de los problemas sociales que tenemos son debido a eso; hay que hacer una ley tributaria más equitativa e igualitaria, que paguen más los que más tienen, como dice la Constitución", opinó.

En lo judicial, el nuevo gobierno deberá promover la preparación del personal para que ejerza esta carrera con dignidad e independencia.

En la parte política también está pendiente la elección de los diputados por distritos y de los alcaldes de forma separada a las elecciones presidenciales.

* Cambios pendientes:

Despolitización. La despolitización en la forma de elegir a los magistrados de la CSJ, TSC y TSE.

Desburocratización. Otro de los puntos pendientes de la modernización es la desburocratización de la administración estatal.

Reforma a la Presidencia.Los reformadores consideran que la presidencia debe ser transformada en el principal centro gerencial del país.

CPME debe ser permanente

El gran objetivo era introducir una serie de transformaciones en los tres poderes del Estado y en el organismo electoral.

Así definió el proyecto Rafael Valladares, ex asesor de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME).

Valladares fue asesor de esta comisión durante los períodos de Rafael Callejas y Carlos Roberto Reina, y el poco tiempo que duró el grupo de trabajo en la administración de Carlos Flores.

Reconoce que la modernización del Estado debe ser algo permanente. Hay puntos que todavía están pendientes como la misma modernización de la presidencia para convertirla en el principal centro gerencial del país.

Valladares considera que, a pesar de las transformaciones que sufrieron muchas instituciones, no han rendido sus frutos debido a que terminaron politizadas.

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Las reformas judiciales, impulsadas por la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, modificaron la forma de elegir a los magistrados.
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