Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició de oficio una investigación orientada a confirmar si existen o no irregularidades en la adjudicación de un contrato de concesión de la represa de Nacaome.
Previo a concluir su período, específicamente el 13 de enero, el pasado Congreso Nacional (CN) aprobó un contrato de concesión para el mejoramiento, operación y explotación de la central hidroeléctrica. El contrato se adjudicó a un consorcio italiano y a la denominada empresa mercantil hondureña Eléctrica de Nacaome (Enasa). EL HERALDO denunció en su momento que en el otorgamiento de dicha concesión se habría violado la Ley de Contratación del Estado al no existir una licitación transparente.
Si la concesión se lleva a la práctica, la diputada por Valle, Ana Julia García, denunció que se perdería una donación por 25 millones de euros por parte de Italia para promover el desarrollo de Nacaome.
Intervienen el MP
Ante la denuncia, el CN nombró una comisión para investigar y dar un informe al pleno. Para ese efecto el Legislativo, a través del diputado Toribio Aguilera, pidió a las autoridades del TSC iniciar una investigación referente a si se cumplió o no los requisitos de una licitación pública. "Si lo que piden es una investigación, vamos a seguir los trámites correspondientes de acuerdo a la ley para hacer las investigaciones y presentar una opinión al respecto", informó Miguel Mejía, presidente del TSC, en rueda de prensa.
Sin embargo, para las autoridades del TSC lo publicado por EL HERALDO es suficiente para de obligación iniciar de oficio una investigación que estará a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana. La comisión especial de auditores que se conformará investigará hechos técnicos y legales, revisará el contenido de las bases de licitación, contrato y decreto de concesión. En su informe, que elaborará una comisión especial técnica de auditores, el TSC determinará si se cumplieron o no las leyes en el proceso de adjudicación, si existen responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo que tengan que deducirse. Asimismo, en su informe el TSC podría recomendar al CN o al Ejecutivo anular el contrato aprobado.
"El Tribunal lo que da son recomendaciones, dice a la institución responsable el lineamiento a seguir en base al ordenamiento jurídico", expresó la magistrada del TSC, Daisy de Anchecta. La funcionaria recordó otro caso en el que el TSC recomendó al CN no aprobar un contrato de generación de 250 megas a base de carbón. Mientras se realiza la investigación y se cuenta con un informe, el Poder Ejecutivo no sancionará el decreto, pues así lo solicitó la comisión del Congreso Nacional que en los próximos días presentará sus recomendaciones a los diputados, una de las cuales podría ser la de derogar el decreto mediante el cual se aprueba el contrato de concesión suscrito por Soptravi y la empresa mercantil hondureña Eléctrica de Nacaome S.A. ( Enasa).
El dictamen
Según documentos en poder de EL HERALDO, el dictamen del Congreso Nacional mediante el cual se da el visto bueno al contrato apenas fue firmado por cuatro de los 10 diputados que integraban la comisión especial: Valentín Suárez Osejo, Miguel Ángel Gámez, José Darío Gámez y Ramiro Adalid Chacón.
No estamparon su firma Manuel de Jesús Velásquez, Manuel Iván Fiallos, Héctor Vidal Cerrato, Ana Julia García y los miembros alternos Salomón Pineda Castellanos y Joaquín Alexis Rodríguez. El proyecto de decreto mediante el cual se solicita la aprobación del CN fue presentado por Rosario Bonano, el entonces titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi). El documento establece que el contrato fue suscrito por Bonano en representación del gobierno de Honduras y el señor Augusto Renato Montanari actuando en representación del consorcio de las empresas I.I Italian Industrial Agency SRL y B&P Altolumiei s.n.c, ambas de nacionalidad italiana; Hidrocontrol S. de R.L. de C.V. y Desarrollo, Construcciones y Equipos S.A. de C.V., la empresa mercantil hondureña denominada Eléctrica de Nacaome S.A. (Enasa). Cabe mencionar que el contrato contiene 34 cláusulas en las que desarrollan los términos de la concesión para el mejoramiento, operación, y la explotación de la central hidroeléctrica de Nacaome.
La polémica
El concesionamiento de la represa ha causado polémica por cuanto, aparentemente, los procesos de calificación y licitación no fueron transparentes. El gobierno está concesionando por 25 años la administración no solo del proyecto hidroeléctrico, sino de obras conexas como el riego del valle de Nacaome y el posible suministro de agua potable a los municipios aledaños.
Con el concesionamiento de la represa queda en riesgo de perderse una donación del gobierno de Italia por 25 millones de euros destinados a proyectos de riego en la zona sur y el valle de Nacaome, así como la construcción de una de las cortinas de la represa.
En las cláusulas del contrato no queda claro cuál será la situación de miles de productores del valle de Nacaome que se benefician de esta represa a través de los proyectos de riego.
La represa de Nacaome funciona actualmente en todos sus componentes: en riego, agua potable y producción de energía eléctrica.
Lo que resienten diputados de la zona y las mancomunidades es que el gobierno, a través de Soptravi, no hizo las correspondientes consultas antes de tomar la decisión de concesionar las obras de mejoramiento, operación y explotación de lo que es la central hidroeléctrica. La represa de Nacaome tiene incidencia en el desarrollo de tres departamentos (Francisco Morazán, Valle y Choluteca) y unos ocho municipios que se benefician con riego. En total resultan perjudicadas unas 120,000 familias.
Alfredo Saavedra: Contrato debe ser publicado en La Gaceta
El presidente de la bancada legislativa por el Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, expresó que sería ilegal no publicar el contrato de la concesión en el diario oficial La Gaceta.
Saavedra, quien durante la cuarta legislatura del gobierno anterior asumió la presidencia del Congreso Nacional, expresó que la concesión de la hidroeléctrica de Nacaome a un consorcio italo-hondureño siguió el proceso legislativo correspondiente. Lamentó que diputados que adversan en este momento la concesión no se pronunciaron en contra de la aprobación de este convenio durante este proceso.
El decreto legislativo número 293-2009 se aprobó el 13 de enero de 2010 y fue remitido a la Casa de Gobierno. El presidente Roberto Micheletti sancionó el decreto que fue remitido para su publicación en el diario oficial La Gaceta el 22 de enero. Saavedra dijo que no sería legal impedir la publicación del contrato. Existe un proceso jurídico para impedir la concesión, dijo.