CN “blindará” derogatoria de concesión para evitar demandas al Estado

La Comisión del Congreso Nacional ha solicitado una opinión jurídica a la Procuraduría General de la República (PGR) antes de elaborar el dictamen del proyecto de ley que deroga el decreto que dio luz verde al contrato de concesión a la represa de Nacaome.

Hay uniformidad de criterios por parte de los miembros de la Comisión de que el decreto que dio vida al contrato Soptravi-Enasa tiene que ser derogado, pero fundamentado en una opinión legal de la PGR "para blindar al Estado de futuras demandas", dijo el presidente del equipo dictaminador, diputado Antonio Rivera Callejas.

La Comisión también hará consultas a la sociedad civil y a las partes interesadas. Ayer se reunieron con miembros del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE).

Rivera Callejas dijo que consensuó en el sentido de que el contrato debe ser anulado pero en legal y debida forma.

En consecuencia, antes de emitir un dictamen favorable para que se derogue el decreto por el cual el Congreso lo aprobó, la comisión decidió pedir la opinión de la PGR sobre si procede o no la derogatoria de dicho decreto.

La comisión está compuesta por los diputados Antonio Rivera, que la preside; Miguel Ángel Gámez, vicepresidente; Rolando Dubón Bueso, secretario y los vocales Donaldo Reyes Avelar, José Alfredo Saavedra y Marvin Ponce.

El vicepresidente de la comisión, Miguel Ángel Gámez, dijo que no hubo consenso entre los legisladores para derogar el polémico decreto con solo el informe que presentó la comisión investigadora del Congreso y que era necesario conocer la opinión del abogado del Estado (la PGR).

Gámez sostuvo que el decreto tiene muchos vicios de nulidad, se actuó apresuradamente y tiene mucha inconsistencia y por eso se determinó pedir primero la opinión calificada a la PGR y a los sectores de la sociedad civil.

Por su parte, los miembros del STENEE se pronunciaron en contra de la concesión otorgada al consorcio italo-hondureño y presentaron la propuesta de que la central hidroeléctrica debe ser administrada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Según Rivera, hay capacidad de la ENEE para administrar esa planta y este es el momento oportuno para que la decisión sea tomada por el Congreso Nacional.

Indicó que si desde el CN se cometió un error se debe rectificar y deducir las responsabilidad a quienes cometieron y promovieron una concesión en perjuicio de los intereses del Estado.

En cuanto a la propuesta del STENEE, Rivera Callejas subrayó que el traspaso de la administración de la central hidroeléctrica no corresponde al Congreso Nacional, sino que al Poder Ejecutivo.

El diputado Rivera Callejas indicó que la comisión espera reunirse antes del martes con la Procuradoría de la República y sus asesores a manera que el dictamen de la derogatoria sea presentado en la sesión del martes de la próxima semana.

En ese intervalo de tiempo también hay espacio para conocer la opinión de la parte contratante y de los personeros de la compañía Enasa, dijo Rivera Callejas.

Consorcio prefiere no hacer comentarios

El representante del consorcio italo-hondureño, Augusto Montanari, manifestó a EL HERALDO que prefería omitir sus comentarios ante el informe brindado por una comisión legislativa que investigó el procedimiento de concesión de la represa José Cecilio del Valle.

Al ejecutivo se le consultó, por la vía telefónica, la versión del Congreso Nacional, de si el consorcio integrado por cuatro empresas fue posterior a la obtención del contrato de concesión por 25 años, que aprobó a mediados de enero del presente año el Legislativo.

El referido consorcio está compuesto por las empresas Italia Industrial Agency (IIA), Altolumiere, Decoesa e Hidroconsul, las dos primeras de capital italiano y las dos posteriores de hondureños.

Montanari en una conversación anterior, efectuada con EL HERALDO, confirmó que todo el proceso que se inició desde 2004 para lograr la adjudicación de la hidroeléctrica de Nacaome se efectuó en base a ley.

Además que la concesión brindada al consorcio pagaría al gobierno el mayor de todos los cánones enterados al fisco por concesionaria que opera en el país. "Más de 103 millones de dólares durante los 25 años que durará la concesión", expresó Montanari en ese momento.

Para el caso, IIA es una empresa metalúrgica que opera en Choloma y que a un costo de 10 millones de dólares construirá las ocho compuertas de la represa, lo cual elevará de manera significativa la capacidad de almacenar agua.