Millonario fraude con licores y alcohol

NOTA DE
REDACCIÓN.

EL HERALDO deja al descubierto cómo las mafias que trafican con alcohol y licores defraudan al fisco en confabulación con funcionarios de la DEI, agentes aduaneros y empresarios. EL HERALDO mostrará documentación de la millonaria defraudación. Los reporteros infiltrados informarán cómo se viola la ley en las tiendas libres y cómo se atenta contra la salud de los hondureños en las destilerías clandestinas.

La promesa de erradicar la corrupción en las aduanas se quedó en eso: en promesas.

Una investigación de EL HERALDO establece que en los últimos cuatro años, el contrabando y la defraudación mediante la importación de licores, cervezas, vinos y alcohol se escapó de las manos, en detrimento del fisco, de la industria local y de la salud de los hondureños.

Según los documentos en poder de EL HERALDO, y que serán revelados en el transcurso de esta semana, miles de cajas de finos licores ingresaron al país a través de tiendas libres que sirvieron únicamente como puente para traficar el producto, libre de impuesto, a nivel nacional e internacional.

La escandalosa defraudación, sumada a la importación de alcohol industrial, que posteriormente es llevado a destilerías clandestinas, dejan al Estado pérdidas anuales que superan los 600 millones de lempiras.

Aunque esta podredumbre se denunció a las autoridades de los gobiernos anteriores (Zelaya y Micheletti), curiosamente nunca se tomaron medidas para frenar la defraudación.

El encubrimiento pone en entredicho los mecanismos de control que se establecieron desde 2006, supuestamente para hacer más transparente el funcionamiento de las aduanas.

Con ese fin estableció el reclutamiento de 250 funcionarios y empleados mediante concurso público para laborar en las 17 aduanas terrestres, aéreas y marítimas que tiene Honduras a partir de 2006.

EL HERALDO denunció la semana pasada que hay sectores políticos interesados en colocar activistas en los puestos claves de la frontera.
Autoridades de Finanzas y la DEI advirtieron que no habrá nombramientos de dedo, se respetará el sistema de concurso y se introducirá el sistema de audiencias públicas para escoger a los candidatos idóneos.

De acuerdo con la presente investigación, en estas operaciones ilegales estarían involucrados importadores, agentes aduaneros, policías, funcionarios y personal de la DEI. En conjunto, se encargan de legalizar los millonarios cargamentos de bebidas embriagantes.

Los involucrados actúan en total impunidad y prueba de ello es que, pese a las millonarias pérdidas que hoy se dan a conocer, en este caso de licores y alcoholes, no existe reporte ni en los registros judiciales ni policiales de personas detenidas, acusadas o enjuciadas por este ilícito.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Ingresos no denunció a nadie por contrabando de estos productos en los últimos cuatro años.

Redes de corrupción

Los importadores de alcohol que operan en Honduras se han infiltrado en los órganos responsables de controlar el comercio de bebidas alcohólicas.

Las pruebas están en poder de EL HERALDO y se dejarán al descubierto esta semana.

Administradores, subadministradores, oficiales de aforo y contadores son los funcionarios y empleados de Aduanas que intervienen en la operación de “nacionalización” de alcohol y sus derivados, quienes se ponen de acuerdo con los agentes aduaneros, en representación de los importadores, para fijar las cantidades y valores a declarar en las pólizas, así como la partida arancelaria bajo la cual se declarará el producto, dijo un ex director ejecutivo de Ingresos.

La introducción fraudulenta de bebidas alcohólicas es una actividad con poco riesgo para los funcionarios, agregó, ya que las autoridades de gobierno están más enfocadas en el combate del trasiego de mercancías como prendas de vestir, electrodomésticos y vehículos.

La opinión anterior coincide con la brindada por un oficial de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación, quien dice que “cuando se detiene una cisterna, se le solicitan los documentos de importación, uno no encuentra nada irregular, los impuestos están pagados, las pólizas selladas y las respectivas firmas del funcionario aduanero, los volúmenes declarados correctamente y al final son requisas de rutina”.

Esta misma fuente señaló que es fácil explicar qué pasó con el furgón que fue incautado la semana pasada en Toncontín y que pasó sin trámite por Las Manos. El furgón venía lleno de mercadería procedente de las zonas libres de Panamá. La prensa no demoró en bautizarlo como un nuevo “furgonazo”.

La fuente consultada por EL HERALDO afirma que la operación de contrabando falló porque en algún punto de la cadena de corrupción, alguien no recibió el porcentaje que le correspondía.

Respecto al comercio ilegal de bebidas alcohólicas es complejo porque todo se legaliza en la aduana de entrada y por esa razón no es común hacer decomisos de aguardientes en los operativos que se montan en varios puntos del territorio nacional.

El informante dijo que las pipas y el comercio de licores compuestos aparentan en la práctica ser actividades legales, lo que ocurre es que es una actividad compleja de detectar porque la policía no tiene equipo móvil para cuantificar el grado de alcohol y así determinar si es para uso industrial o para consumo humano, lo que permitiría cotejar con lo declarado en la póliza de importación.

Los documentos en poder de EL HERALDO revelan que hay varias empresas que introducen grandes cantidades de alcohol industrial (no apto para el consumo humano) pero este va a parar a destilerías clandestinas en la zona norte, centro y sur del país.

Por la introducción de este producto pagan el Impuesto Sobre Ventas correspondiente, pero el tributo aplicable a la producción y consumo de bebidas es casi inexistente.

El riesgo para la salud es inminente y prueba de ello es que, en otras naciones, la venta de aguardiente adulterado ha provocado decenas de muertos.

Defraudación fiscal

Una investigación oficial a la que tuvo acceso EL HERALDO revela que el gobierno hondureño deja de percibir entre 600 y 650 millones de lempiras anuales por la introducción ilegal de alcohol y licor compuesto.

La defraudación fiscal al introducir alcohol a un grado mayor que el permitido en la partida, aproximadamente 10%, suma 15 millones de lempiras.

El ingreso de 250,000 cajas de 12 litros de aguardientes representa una pérdida de 250 millones de lempiras por la evasión del impuesto selectivo al consumo y el impuesto de producción.

La pérdida del impuesto sobre ventas (15%) por bajos precios en la industria formal y clandestina significan 50 millones.

Según el importador oficial de Johnny Walker, en el país solo se vendieron 3,300 cajas, sin embargo, el ente que regula las ventas de licores a nivel mundial, en base a información oficial de los fabricantes, establece que a Honduras llegaron 22,500 cajas, lo que supone un contrabando de 19,200 cajas anuales que dejan una pérdida para el fisco de casi 80 millones.

En vodkas, tequilas, ron chivas regal, también se detecta un contrabando de 20,000 cajas, en el que se pierden 120 millones de lempiras al año.

Respecto al alcohol como materia prima, en 2008, el desfalco al fisco en 10 grados por pipa fue de 13 millones de lempiras y para 2009 se considera que aumentó a 15 millones.

Cronología

1960. A partir de este año se inicia la producción artesanal de licores, los que se elaboraban de rapadura de dulce y se comercializan en varias ciudades del país en envases de vidrio y plásticos.
1972. Ese año es fundada Licorera Los ángeles y, después de una serie de operaciones, se ha convertido en la primera en el mercado etílico de Honduras.
2009. El Banco Central reporta que la industria local produjo 14.1 millones de litros de licor compuesto y aguardiente.

Defraudación

La importación ilegal de alcohol y sus derivados ha generado un enorme daño a la economía hondureña, así como a la población, por la falta de controles sobre la calidad de las bebidas embriagantes que se producen y se consumen, sin que hasta la fecha los gobiernos hayan adoptado acciones concretas para atacar ese ilícito que entra por las aduanas, principalmente las terrestres, donde no existe una estricta supervisión sobre la composición de ese derivado de la caña de azúcar que procede de Guatemala.