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Venden alcohol industrial para consumo humano

La generación de impuestos -15% del impuesto sobre ventas e impuesto sobre producción y consumo- fue de 75.8 millones de lempiras, según la Secretaría de Finanzas.
24.02.10 - Actualizado: 25.02.10 12:08pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

La introducción irregular de alcohol procedente de Guatemala ha creado una industria que produce bebidas embriagantes con escaso control gubernamental y que serían una amenaza para la salud de la población hondureña.

Si los gobiernos no han sido capaces de frenar el ingreso de ese producto de manera fraudulenta por las aduanas del país, tampoco han podido conocer el destino final de centenares de pipas de alcohol industrial y de consumo humano que se comercializan en el mercado interno.

A pesar de las constantes denuncias en los últimos cuatro años por parte de la industria licorera nacional, la Dirección Ejecutiva de Ingresos investiga todavía este tipo de operaciones.

Las empresas licoreras nacionales libran una batalla permanente contra la competencia desleal y por el plagio o "pirateo" de sus marcas más apetecidas por los consumidores hondureños.

El ingreso del alcohol guatemalteco de tipo industrial tampoco tendría un control de parte de las autoridades sanitarias.

Desconocimiento

La DEI investiga a dónde va a parar el alcohol industrial que estaría llegando a Honduras. Se conoció que este producto ingresa como "materia prima" pero se desconoce su destino final.

"Muchas veces importan alcohol industrial para consumo humano, en perjuicio de la salud de los consumidores", concluye la investigación que está en poder de varias autoridades del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. La DEI sospecha que esta importación de alcohol se queda en diferentes puntos del país para luego ser comercializado como bebidas, hecho que aún no ha sido comprobado por esa entidad.

Se conoció que la mayor parte de los 3.2 millones de litros de producto terminado que entraron en 2009 fueron adquiridos por plantas que operan en diferentes puntos del país, algunas de ellas de manera clandestina y otras autorizadas.

Uno de los hallazgos de la investigación es que los procesos de operación del alcohol industrial no son los adecuados y sin los requisitos establecidos por el departamento de Control de Alimento de la Secretaría de Salud.

Además, la Ley de Alcoholes y Licores manda que deben tener un regente químico para que vigile sus procesos de producción, así como certificar sus equipos y la materia prima que usan para las bebidas, descripción de las instalaciones y registros sanitarios, entre otros requisitos.

El estudio señala que se trabaja en la identificación de las empresas que operan para la comercialización de este alcohol industrial.

Competencia

Otro de los hallazgos que la DEI menciona en su informe es que algunos licores estarían vendiéndose a precios sumamente módicos.

Para el caso, guaro que tiene un precio entre 440 y 460 lempiras por caja de 12 litros de 30 grados, su valor oscila entre 36.67 y 38.33 lempiras por unidad.

Se han identificado diversos lugares que venden los productos a precios inferiores: entre 230 y 240 lempiras la caja de 12 litros, resultando un precio por unidad entre los 19.16 y 20 lempiras. Se calcula que el costo de producción de un litro de aguardiente es de 15.20 lempiras (80 centavos de dólar).

Esa competencia de precios equivale a dejar de pagar el 15% de arancel, 85,000 lempiras por cisterna de 30,000 litros, dijo un ex director de Ingresos consultado por EL HERALDO.

Una de las conclusiones de la DEI es que al alcohol industrial se le esté agregando glicerina para "potabilizarlo" y hacerlo "apto" para el consumo de las personas. La DEI insiste en que se investiga cuál es el destino final a donde va a parar el alcohol industrial. Se investigan destilerías que operan de carácter legal y otras que estarían de manera ilegal.

Evasión

La investigación señala que en Honduras se venden unas 250,000 cajas de aguardientes elaboradas en plantas no reguladas. Esto representa una pérdida de impuestos de 250 millones de lempiras anuales.

La DEI asegura que muchas de las compañías que serán indagadas cuentan con registros sanitarios y que debido a eso también se verificará la correcta emisión de esta documentación para garantizar que los productos que comercializan sean elaborados de manera adecuada.

Utilidades

Se calcula que, por cada litro de aguardiente, el 40% del precio de venta al consumidor corresponde a impuestos. Datos del Banco Central de Honduras revelan que la producción de aguardiente y licor compuesto fue de 14.1 millones de litros el año pasado.

La generación de impuestos -15% del impuesto sobre ventas e impuesto sobre producción y consumo- fue de 75.8 millones de lempiras, según la Secretaría de Finanzas.

Funcionarios de la DEI otorgaron permiso

La Secretaría de Finanzas es la responsable de autorizar la operación de las destilerías en Honduras. Así lo manda la Ley de Alcoholes y Licores (que data de 1938).

No obstante, en la gestión de Armando Sarmiento como titular de la DEI, el director de Rentas Internas, Rolando Valladares, autorizó la instalación de una fábrica de aguardiente, permiso que fue refrendado por el secretario general de esa institución, Luis Licona, abogado de profesión.

El procedimiento formal dicta la autorización debió ser firmada por Rebeca Santos, secretaria de Finanzas en ese entonces. Además, el citado permiso (anexo) no cumplió con los requisitos establecidos.

Por ejemplo: la DEI no consignó el nombre del delegado fiscal que asignaría a esa planta ni del regente químico, entre otros. Valladares y Licona cometieron los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas, según lo explicado por un profesional del derecho consultado por EL HERALDO.

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A las autoridades fiscales y sanitarias les corresponderá investigar la legalidad o no de las destilerías en el norte, occidente y sur del país, que estarían comercializando con alcohol industrial en vez de destilado.
A las autoridades fiscales y sanitarias les corresponderá investigar la legalidad o no de las destilerías en el norte, occidente y sur del país, que estarían comercializando con alcohol industrial en vez de destilado.

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