Impunidad en el RNP

El Registro Nacional de las Personas (RNP) parece un boxeador de peso liviano peleando en un campeonato de peso completo.

Esta institución no solo es vulnerable a los golpes de las bandas organizadas de Colombia y redes del narcotráfico, pues también se muestra indefensa ante los ganchos, izquierdazos y derechazos que le propicia la impunidad.

Pruebas en poder de EL HERALDO revelan cómo varios empleados del RNP involucrados en actos ilícitos y falsificación de documentos han sido destituidos y, posteriormente, reintegrados. Un ejemplo es el de la registradora municipal de Mapulaca, Lempira.

Esta funcionaria, según certificación con fecha 4 de junio de 2009 y firmada por el secretario general del RNP, Fernando Anduray, en su numeral 1 ordena "destituir a partir del 11 de junio del año 2009 a la ciudadana... del cargo de registradora municipal de Mapulaca, Lempira... en virtud de la falta grave...".

A renglón seguido, la certificación argumenta que la destitución se da por "haber realizado dos inscripciones de nacimiento de un mismo menor en los libros respectivos". Esta registradora inscribió al mismo niño en dos ocasiones, la primera tuvo lugar en 2007 y la segunda en 2008.

La motivación que tuvo esta funcionaria, según la certificación del RNP, fue "que la doble inscripción corresponde a su sobrino... por lo que se extralimitó en sus funciones y cometió abusos". La funcionaria cambió el nombre y los apellidos de su sobrino para proceder en términos legales contra el supuesto padre del menor.

En el acta de audiencia de descargo del 12 de mayo de 2009, que las autoridades del RNP le hacen a la registradora municipal, ella acepta que "sé que no (fue correcto)" inscribir al menor (su sobrino) en dos ocasiones. Desde esa fecha ya se había decidido la cancelación de esta funcionaria.

Sin embargo, la declarante alega que "en el momento le advertí (a la hermana, quien le pidió la segunda inscripción de su hijo) que tenía que cancelar una de ellas, incluso realicé la nota dirigida al director de cancelación y se la entregué a ella para que la presentara, pero no lo hizo".
Para el mes de noviembre, con un nuevo director del RNP, la registradora municipal es reintegrada en su cargo, según la certificación del RNP con fecha 20 de noviembre de 2009 y firmada por el secretario general de esa institución.

Este documento cita el acuerdo número 224-2009, que sustenta la decisión de reintegrar a la registradora municipal en los artículos 120, 121 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo y los artículos 16 y 17 de la Ley del RNP.

El reintegro de la registradora fue "por unanimidad de votos" y la sesión fue presidida por el director del RNP, Jorge Arturo Reina García.

Falta voluntad en el RNP

El caso anterior solo evidencia que, a pesar de contar con pruebas irrefutables de procedimientos ilícitos en el manejo de documentos de identificación personal, la impunidad campea como pavo real en el RNP. Pero esta falta de voluntad no es nueva, de hecho es tan vieja como el mismo mal del tráfico y venta de documentos. Prueba de ello es que EL HERALDO ha expuesto en reiteradas ocasiones las deficiencias del proceso de identificación nacional en los últimos cinco años y la promesa de poner punto final a este flagelo es tan vieja como el mismo mal.

EL HERALDO denunció por primera vez la libre compra y venta de documentos falsos en agosto de 2005. En esa época, cuando el RNP tenía su sede en la plaza central de Tegucigalpa, EL HERALDO compró actas de defunción y de nacimiento falsas. Los precios desde esa fecha han variado.

En ese entonces cada documento tenía un valor de 400 lempiras, según los datos periodísticos publicados en esa fecha. La segunda ocasión fue en 2007, cuando se realizó otro trabajo de investigación donde se evidenció la debilidad del sistema de identificación, pues se compraron actas de defunción y de nacimiento falsas.

En ese entonces también se evidenció una red de estafadores (hoy falsificadores) en los alrededores del RNP que laboraban en las afueras de la institución.

Esta es la tercera vez que EL HERALDO expone la forma en que estos tramitadores y ciertos funcionarios de la institución ponen entredicho el sistema de identificación nacional.

Ya el Congreso Nacional legisló, luego de la segunda publicación de EL HERALDO, en 2007, para endurecer los procesos de identificación y evitar que se continúen falsificando documentos.

Se expuso en aquel entonces el caso de una familia de cameruneses que habían obtenido tarjetas de identidad y que posteriormente solicitaron pasaportes en la Dirección de Migración con la intención de solicitar visas estadounidenses y viajar a esa nación del norte de América.

Los cameruneses usaron los números de identidad de otros hondureños que, por situaciones desconocidas, no habían solicitado su cédula. A ellos se les descubrió en Migración porque su español era tan malo que no quedó duda de la usurpación.

Los cameruneses lograron que una tercera persona se encargara de identificar a esos ciudadanos hondureños que no habían hecho el trámite de identidad. Esta persona luego los presentó como si fueran los catrachos y pagó a dos testigos para que dieran fe de que los cameruneses eran los hondureñas que no habían solicitado sus identidades.

El Congreso luego reformó la ley del RNP, que obliga a toda persona que haga ese tipo de trámite a presentar copias de tarjetas de vacunación, diplomas de educación primaria y secundaria y copias de otros documentos pasados, como carnés o comprobantes.

Sin embargo, la investigación que publicó EL HERALDO durante esta semana evidencia que esos nuevos mecanismos de regulación han sido infructuosos y a eso se debe sumar la falta de voluntad política por disminuir los altos niveles de impunidad que tanto daño le causan al RNP.

Fiscalía amplía investigaciones

A raíz de las denuncias publicadas por EL HERALDO, la Fiscalía contra la Corrupción aperturó un expediente investigativo con el fin de deducir responsabilidades.

Los casos expuestos de falsificación de documentos de identificación, por parte de nacionales y extranjeros, ya se encuentran anexados al expediente.

"Las denuncias serán investigadas en forma puntual para interponer más acusaciones. Se harán esfuerzos para deducir responsabilidades", manifestó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado. Se investigan delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y usurpación de funciones, entre otros.

A pesar de iniciativas del Ministerio Público (MP), Registro Nacional de las Personas (RNP) y Migración, las falsificaciones continúan. Ante ello, el fiscal recomendó integrar una comisión interinstitucional que haga frente común a este flagelo.

"La falsificación de los documentos de identificación, como pasaportes y tarjetas de identidad, es un problema de seguridad nacional", dijo. Los llamados a integrar esta comisión son el MP, Migración, RNP y Seguridad. La Fiscalía se asegura haber incoado más de diez acusaciones contra falsificadores y empleados, de las 58 denuncias interpuestas por el RNP.