Empleados de Transporte se repartieron permisos

Empleados y familiares de la Dirección General de Transporte (DGT) fueron parte del festín de permisos de explotación en el que hubo una danza al ritmo de la irregularidad.

Los trabajadores de esta dependencia y su parentela se quedaron con cientos de licencias de las 1,640 que de forma ilícita se entregaron durante los seis meses del gobierno interino, en su mayoría concedidos en los últimos días de esa gestión que terminó el 27 de enero de 2010.

"Los informes preliminares que tenemos de la Dirección de Transporte nos indican que hubo beneficios, directa e indirectamente, tanto para empleados que laboran ahí en la Dirección como para familiares de estos empleados; no conocemos las cifras exactas de quiénes fueron y cuántos fueron", dijo Miguel Pastor, ministro de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).

De acuerdo con información extraoficial, al menos el 75 por ciento de los empleados de la DGT lograron concesiones. La Ley de Transporte prohíbe que trabajadores de la DGT o sus familiares gocen de estos permisos.

El informe de las irregularidades en Transporte indica que una persona de nombre Blanca Mejía fue favorecida con estos permisos porque en tiempo récord logró que se le dieran licencias de operación para 40 taxis en San Pedro Sula.

EL HERALDO conoció que Mejía es empleada de la institución. La supuesta empleada se inscribió en el Registro de la Propiedad el 19 de enero de 2010 y dos días después pidió a la Dirección de Transporte que le diera el permiso de operación.

Velozmente se le dio el sí. El 26 de enero, la DGT le dio la autorización para usar sus unidades en una ruta en esa ciudad. Otro nombre que aparece en el informe es el de ángel Beltrand y está bajo investigación ya que se le dieron 4 permisos para explotación de taxis en La Ceiba.

Otra situación que se indaga es por qué en la medianoche del 21 de enero pasado se firmaron permisos para 34 taxis de la empresa Maya, propiedad del dirigente del transporte Pompilio Coello.

Estas unidades fueron habilitadas para que funcionaran en la capital. Pastor prometió que no solo se procederá a la cancelación de esos permisos sino que al despido de los empleados que están involucrados en las ilegalidades.

Piñata

EL HERALDO publicó el contenido del informe elaborado que revela las irregularidades en los últimos días de la gestión anterior y que fue remitido al Congreso Nacional (CN), en el que se detalla cómo se entregaron los 1,640 permisos y certificados de explotación de taxis y buses sin que se siguieran los procedimientos legales.

El estudio le servirá de base al CN para plantear reformas a la Ley General de Transporte a fin de evitar que se cometan este tipo de abusos en el futuro.

La investigación explica que con celeridad se aprobaron la mayoría de los 1,640 permisos dados de julio de 2009 a febrero de 2010.

En enero de 2010, el último mes de la gestión, pasada se dieron 868 permisos, de los que solo el 26 de enero, un día antes de la terminación del gobierno pasado, se firmaron 336 licencias.

Millones de soborno

A la par de este informe, el ministro de Soptravi recibió un análisis de las situaciones irregulares más relevantes que se presentaron en la emisión de las concesiones al margen de la ley.

El documento interno (no oficial) indica que detrás del otorgamiento de los permisos pudo haber el pago de varios millones de lempiras.

"De acuerdo con cifras proporcionadas por el gremio del transporte, el costo en el mercado negro de estos permisos oscila entre 40 mil y 60 mil por cada uno, lo que en cifras redondas da una operación fraudulenta de aproximadamente 126 millones de lempiras", señala el texto del informe.

Ilegales

Este segundo informe asegura que el otorgamiento de permisos y certificados que aparecen en la investigación enviada al Congreso "no llenó los requisitos previos tanto técnicos como jurídicos".

También hace una lista de las anormalidades detectadas en el otorgamiento de permisos, como que no hubo revisión confiable de las unidades que prestarían el servicio, tampoco se hizo un estudio racional de la clasificación de las rutas por los técnicos de la DGT y no se hicieron investigaciones para determinar la aplicación de categorías del servicio.

Asimismo, las concesiones se entregaron sin que se efectuase estudio legal sobre los permisos que se dieron a los empleados de la DGT y no se hizo estudio socioeconómico que esté documentado sobre el procedimiento de entrega de licencias, sino que las mismas se sustentaron solo en resoluciones administrativas.

Los que firmaron

Los permisos dados de julio de 2009 al 7 de enero de 2010 fueron firmados por el ex director de Transporte, César Quezada, quien fue separado de cargo el 8 de ese mes por supuestas irregularidades en esas licencias. Quezada firmó unos 800 permisos.

El sucesor de César Quezada fue José Antonio Rosa, quien siguió la misma conducta de su predecesor, ya que autorizó en unas dos semanas los últimos 816 permisos.

Al entrar el nuevo gobierno no dejó de dar licencias, ya que antes vacar en el cargo, el 10 de febrero, dio medio centenar de certificados que también son parte de los que son investigados por supuestos vicios de nulidad.

El cargo lo ostenta ahora el empresario del transporte Blas Ramos.

Frenarán corrupción

La Dirección General de Transporte ha sido uno de los refugios de los políticos para compensar a sus activistas con trabajo o permisos de explotación de rutas.

De esa forma se ha convertido en una mina de corrupción que ningún gobierno ha podido cerrar.

Pastor prometió hacer limpieza de los funcionarios corruptos de Soptravi, "en ese procedimiento estamos, estamos evaluando al personal".

Dijo que no le toca juzgar a sus antecesores por las anomalías en Soptravi, pero sí poner los correctivos para que no haya más actos de corrupción en este ministerio. "Vamos a trabajar con transparencia y eficiencia".

Actualmente se están desarrollando mecanismos de control para evitar más irregularidades en al emisión de permisos porque ese es el compromiso de los funcionarios de Soptravi, prometió Miguel Pastor.

Entre otras acciones que se tienen en mente está el reordenamiento general del servicio de transporte para que la ciudadanía esté mejor atendida, con calidad y a un precio justo.

La veda se mantendrá indefinidamente

Una de las acciones que se han puesto en práctica para que no se emitan permisos ilegales en el ramo del transporte es la aplicación de una veda de esas licencias.

"No se están dando más permisos, la veda se está aplicando por organización, ordenamiento y transparencia", dijo el ministro de Soptravi, Miguel Pastor.

Esta medida se aplicará de forma indefinida hasta que se hayan fortalecido todos lo controles en el procedimiento de entrega de permisos y certificados de explotación, indicó el funcionario.

También "mientras se hagan las investigaciones de los permisos se va a seguir con la veda en todo el país", expresó Miguel Pastor. Para que se cumpla la prohibición, se supervisará constantemente a la Dirección General de Transporte.

A Soptravi le corresponde hacer estudios socioeconómicos para determinar si existe sobreoferta.