Camino a la solución en conflicto de tierras

El gobierno buscaba anoche una salida definitiva al conflicto de tierras que se viene registrando en la zona del Bajo Aguán.

El presidente Porfirio Lobo recibió en horas de la tarde en Casa Presidencial a los campesinos que mantienen tomadas unas 4,500 hectáreas de tierra en la reanudación de las negociaciones que ambos sectores vienen sosteniendo en la búsqueda de una salida al conflicto que ha dejado luto a varias familias hondureñas.

La reunión de los campesinos con el mandatario se extendió hasta casi la medianoche.

Los campesinos representados a través del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) llegaron hasta la sede del Ejecutivo a responder a las dos propuestas que fueron planteadas por el gobierno a principios de la semana anterior.

De entrada, los miembros del Muca rechazaron la propuesta del Ejecutivo consistente en la consideración de un acta de compromiso que los campesinos suscribieron en junio del año anterior con el entonces presidente Manuel Zelaya, que contempla que el conflicto se diluya por la vía judicial.

Las negociaciones entre gobierno y campesinos se extendieron en la discusión de la segunda propuesta que planteó Lobo Sosa el lunes anterior consistente en la entrega de dos hectáreas de tierra a cada familia campesina mediante un mecanismo de coinversión que le permitirá a los habitantes de la zona vender el producto de sus cultivos a precios competitivos a las plantas procesadoras instaladas en el sector.

Según informes proporcionados al cierre de esta edición, las negociaciones entre ambos sectores habían registrado avances por encima del 60 por ciento, después de más de siete horas de reunión.

La propuesta en análisis estaría beneficiando a unas 3,000 familias que tendrán acceso a 6,000 hectáreas de tierra que se dispone a comprar el gobierno a entre 800 y 1,000 millones de lempiras.

Según datos, un campesino puede ganar entre 60 y 80 mil lempiras al año por una hectárea de tierra cultivada con palma africana.
La propuesta del gobierno contempla la entrega de una hectárea cultivada y otra para que los campesinos la puedan cosechar.

La semana anterior los campesinos pedían al gobierno la entrega de cinco hectáreas de tierra por familia, pero el planteamiento fue rechazado, ante el fuerte impacto económico que representa.

Los campesinos pedían un total de 15 mil hectáreas de tierra que habrían representado la erogación de 2,500 millones de lempiras al Ejecutivo. Los campesinos también exigen la recuperación de las 28 ex cooperativas que se les habían otorgado durante el proceso de reforma agraria.

Reunión

Los miembros del Muca se presentaron ante el mandatario y la comisión especial integrada por el gobierno para buscar una solución al conflicto del Aguán junto al zelayista y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, y el dirigente campesino y simpatizante de la denominada “resistencia”, Rafael Alegría.

Los campesinos retornaron a la mesa de negociaciones en medio de las reacciones que generó en la zona del Aguán el inicio de una operación de desarme el fin de semana en el sector del litoral atlántico del país.

Y es que unos 2,000 efectivos del Ejército y la Policía comenzaron el domingo a recorrer los departamentos de Cortés, Colón y Atlántida con el propósito de hacer cumplir la Ley de Tenencia y Portación de Armas ante los índices delincuenciales que se vienen registrando en el territorio nacional.

El mandatario advirtió el lunes que no permitirá la presencia de grupos armados de ningún tipo en el país.

“Pepe” fue consultado ayer por los medios de comunicación sobre la existencia de una carta del cartel del atlántico en la que habría sido amenazado a muerte. El mandatario negó la existencia del documento.

Sin embargo, Lobo Sosa ha asegurado que detrás del conflicto en el Aguán existen intereses políticos ante la postura que han asumido los campesinos en la zona.

También los garífunas

En un asunto relacionado con este tema, una delegación de 15 comunidades garífunas acudió ayer ante la Fiscalía de las Etnias a denunciar expropiación de sus tierras, daños ambientales y un clima de inseguridad en algunos sectores de los departamentos de Colón y Gracias a Dios.

Los cerca de 40 garífunas que integraron la comisión expusieron ante la Fiscalía una serie de demandas que tienen que ver con una problemática ambiental en Sico y Paulaya, como en Plaplaya y Punta Piedra.

“Hay comunidades que están aisladas y desplazadas en la zona ambiental, hay unas cinco mil hectáreas de tierra con alta deforestación y se han convertido en cría de ganado, ya no se puede acceder, ni por la playa se puede pasar”, denunció Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Franternal Negra de Honduras.

Hay zonas que se decidió otorgarlas bajo la reforma agraria para grupos campesinos, pero son grupos ganaderos quienes las ocupan, dijo.

Por tal razón en el mes de la herencia africana los garífunas prefieren no celebrarlo bailando, más bien lanzan un SOS a las autoridades por la grave situación que enfrentan, por lo que esperan respuestas claras y contundentes.

Específicamente solicitan a la Fiscalía que interceda para que se conforme un comité interinstitucional para impulsar un ordenamiento territorial que beneficie al pueblo garífuna y al ecosistema de la biósfera del Río Plátano.

“Parte de la petición es que sean saneadas, hay tierras tituladas a favor de las comunidades garífunas y han sido invadidas”, enfatizó Miranda.

Al respecto la fiscal especial de las Etnias, Jani del Cid, informó que se inició una investigación para hacer valer el derecho del pueblo garífuna.

Se han practicado inspecciones y toma de declaraciones, en lo que respecta a usurpación de tierras se les asesora para que puedan proceder por la vía civil, explicó.

Gobierno aprueba 95 millones para obras en el río Aguán

El gobierno autorizó ayer al ministro de Soptravi, Miguel Pastor, para ejecutar obras de forma inmediata en el departamento de Colón por el orden de los 95 millones de lempiras.

La determinación fue aprobada en sesión de Consejo de Ministros donde se aprobó la ejecución de trabajos sobre el río Aguán.
Las obras se realizarán mediante un proceso de licitación privado.

La iniciativa fue aprobada tras conocerse un informe de parte del titular de Soptravi, Miguel Pastor, que establece los problemas de infraestructura que atraviesa el departamento de Colón, esto por los daños que provoca el desbordamiento del río Aguán en ese sector.

Para atender esa situación, Pastor presentó un proyecto de decreto de una licitación privada para ejecutar obras por un monto de 95 millones de lempiras, a fin de canalizar el río Aguán en una extensión de más de 90 kilómetros.

El decreto fue aprobado con la salvedad, planteada por el presidente Lobo Sosa, de involucrar en el proceso a los pobladores de los sectores afectados y que la compra sea hecha con la transparencia necesaria ante los montos a ejecutar.

No tenemos que pedir permiso: Calidonio

El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, dijo que esa cartera ministerial no tiene que pedir permiso para el traslado de miembros del Ejército y la Policía Nacional a la zona del Atlántico.

Calidonio recordó que se tomó la determinación de montar estos operativos de prevención con el único objetivo de dar paz y tranquilidad a la zona.

La operación es algo grande que estará en diferentes departamentos, con un control y para poner cada cosa en su lugar, dijo.

"Nosotros no tenemos que pedir permiso absolutamente a nadie para poder operar, nosotros tenemos que operar y cumplir con los mandatos de la ley de darle seguridad a la población", sentenció.

Calidonio expresó que "las estrategias que hagamos son situaciones que las tenemos que manejar en lo interno de las instituciones y hacer cumplir la ley. El viceministro manifestó que la Constitución de la República les permite realizar, mediante una coordinación de la Policía y las Fuerzas Armadas, cualquier operación. Pidió que no se "satanicen" estos operativos.

Estamos vigilando el Aguán: Ponce

La fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, enfatizó que se vigila que los agentes del Estado actúen en base a ley en su participación en el Bajo Aguán.

"Tenemos una responsabilidad de velar porque todas las actuaciones de los servidores estén enmarcadas en ley, sobre todo aquellas acciones de los que tienen adjudicado el uso de la fuerza como las militares y policiales", manifestó la fiscal Ponce.

La Fiscalía está pendiente de lo que pueda ocurrir en el Aguán y conduce una investigación ante denuncias de varios organismos.

El discurso oficial es que la presencia militar y policial en la zona obedece a operativos contra el narcotráfico, lo que para la Fiscalía hay credibilidad.

"La Fiscalía no puede no adjudicarle veracidad a lo que el gobierno está afirmando, sin embargo, mantenemos la responsabilidad de vigilar qué es lo que ocurre y que todas las acciones estén bajo la dirección técnico-jurídica de un fiscal", expresó.

Asimismo, aclaró que la Fiscalía verifica la legalidad de las actuaciones que se promuevan en el lugar, sin promover la impunidad. "Alentamos que la Policía funcione y que lo haga en forma eficiente y eficaz".