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No hay solución a crisis del Bajo Aguán

“Es necesario identificar la ubicación exacta de los predios que podrían ser asignados”: numeral 3 del acta de compromiso.
21.04.10 - Actualizado: 22.04.10 01:18am - Faustino Ordóñez Baca: faustino.ordonez@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

Las fincas ubicadas en la margen izquierda del río Aguán son las únicas que están a disposición del gobierno y del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (Muca), dijeron ayer ejecutivos de la Corporación Dinant, propiedad del empresario agrícola Miguel Facussé.

Los representantes del inversionista informaron que él se encuentra sorprendido porque funcionarios del gobierno han identificado y revelado a los medios de comunicación como posible ubicación de los campesinos algunas fincas que están en la margen derecha del río, en la zona urbana de Tocoa, entre ellas La Confianza, La Aurora y Los Laureles.

Fue el asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario (INA), Marco Ramiro Lobo, el que reveló a EL HERALDO el nombre de algunas fincas pretendidas por los campesinos, pero aclaró que no era una decisión definitiva porque había que negociar con el propietario de las tierras.

Los cercanos colaboradores de Facussé indicaron que desde un principio el empresario fue claro con el gobierno al expresarle su disposición de vender tres mil hectáreas comprendidas en la margen izquierda del río, entre ellas Marañones 1 y 2, Nueve de Agosto, Isla 1 y 2, Paso Aguán y Camarones.

Según los ejecutivos, en estas fincas -que también están cultivadas de palma africana- hay suficiente tierra como para identificar las tres mil hectáreas comprendidas en el compromiso firmado por la administración Lobo Sosa con los campesinos del Bajo Aguán.

El inversionista no quiere que los campesinos queden ubicados en tierras que colinden con otras de su propiedad, seguramente por temor a que se las invadan en el futuro y se genere innecesariamente un nuevo conflicto.

Si el gobierno insistiera en ubicar a los campesinos en las fincas que no quiere vender Facussé, "no vamos a llegar a ningún arreglo", advirtieron sus representantes.

Tampoco se justificaría una expropiación porque esta figura ahora es inconstitucional, aparte de que las tierras nunca han estado ociosas.

No hubo cortesía de avisarle

Los ejecutivos lamentan que ni el gobierno ni Lobo Sosa ni ningún miembro de la comisión que le buscó una solución a la crisis se dignaron en llamar al empresario Facussé y tomarlo en cuenta en el momento de las negociaciones con el Muca.

"Aquí estamos como sujetos pasivos. Nadie ha tenido la gentileza de decirnos: el avance es este. Ningún representante del gobierno nos ha llamado", dijo un ejecutivo.

El empresario, que no solo se dedica a la actividad agrícola, se enteró de que hubo un arreglo del conflicto en el Bajo Aguán gracias a la amplia divulgación de los medios de comunicación, especialmente EL HERALDO.

Los entrevistados informaron que si a corto plazo no reciben una comunicación, una llamada o alguien de la comisión gubernamental que se acerque a la Corporación Dinant, se verán ellos en la necesidad de buscar al gobierno para pedir información oficial sobre las negociaciones.

Facussé no está del todo conforme con que se haya puesto fin al conflicto sin haber deducido responsabilidades a quienes usurparon sus tierras. "Es preocupante que el gobierno haya hecho acuerdos con gente que cometió delitos, que usurpó propiedades. El gobierno les siguió el juego".

Compradas legalmente

Estas tierras -expresaron- fueron compradas legalmente hace unos quince años. Todo se hizo con base en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y de la Ley de Municipalidades, y la Ley de Modernización Agrícola establece que las tierras afectadas por la reforma agraria podían ser vendidas a empresas, empresarios o personas particulares.

El decreto 20-99 de la Ley Especial de Inversiones Agrícolas y Generación de Empleo Rural, en su artículo cuatro, dice que los sobretechos de tierras de propiedad privada que estén siendo explotados por sus propietarios serán inafectables mientras estén siendo efectivamente trabajados.

Para los allegados a Facussé, no es una comisión la facultada para dictaminar "sobre la procedencia o consistencia técnica o legal de las compraventas", como lo establece el numeral cinco del acta de compromiso". Solo un tribunal de justicia puede emitir este tipo de resoluciones.

Un aspecto que preocupa al empresario, según sus allegados, es el futuro de los trabajadores que laboran en las tres mil hectáreas del margen izquierdo del río, que está dispuesto a vender.

Dijeron que estos empleados, pese a haber estado parados durante las tomas, han estado recibiendo su salario. Habría que preguntar a los trabajadores si estarían dispuestos a cambiar de patrono.

Son un total de 16 fincas las tomadas desde diciembre del año pasado, en las que laboran, solo en el Aguán, cuatro mil personas, según fuentes de la empresa. Las tierras siguen ocupadas a cuatro días de haber sido ratificada el acta por la asamblea del Muca.

El justiprecio

Los ejecutivos de Corporación Dinant dicen que no se puede hablar de precios por hectárea mientras no se haya hecho un estudio pormenorizado en el que deberá haber representación de la empresa.

No se puede tomar como definitivos los 750 millones y 1,200 millones a los que aluden algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el designado presidencial Samuel Reyes.

Un estudio objetivo de posibles costos deberá incluir la inversión hecha por Facussé en cada finca, incluso las consecuencias de las pérdidas arrojadas por la toma durante los últimos cuatro meses.

Además, habrá que tomar en cuenta los efectos que la toma produjo en el sistema financiero, principal proveedor de recursos al inversionista agrícola.

Inseguridad jurídica

La situación que imperó en el Bajo Aguán durante los últimos cuatro meses tiene preocupados a los inversionistas.

El presidente de la Federación Nacional de Agricultures y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Leolpoldo Durán, dijo sentirse satisfecho por el arreglo, que trae paz y tranquilidad a la región, pero a todo luces es un acuerdo político y no jurídico.

"Hoy somos la palma africana, mañana pueden ser los camaroneros. La inseguridad jurídica nos está matando", afirmaron los ejecutivos de Corporación Dinant.

Fue en diciembre del año pasado que los campesinos del Bajo Aguán comenzaron a tomarse los predios de Facussé con el argumento de que son tierras afectadas por la reforma agraria de la década de los setenta.

Los campesinos, agrupados en su mayoría en la Central Nacional de Trabajadores del Campo, admiten que las tierras fueron vendidas por los dirigentes del pasado, que no midieron las consecuencias.

La confrontación en el Bajo Aguán produjo la muerte de nueve personas, de las cuales siete eran guardias de seguridad y dos eran campesinos, según cifras oficiales.

El gobierno accedió a entregar de inmediato a los campesinos seis mil hectáreas de tierra (tres mil cultivadas y tres mil sin cultivar). Otras cinco mil serán distribuidas en un año (mil cultivadas y cuatro mil sin cultivar).

INA dice ahora que llamará al empresario Facussé

El Instituto Nacional Agrario (INA) llamará al empresario Miguel Facussé a negociar la ubicación de las tres mil hectáreas de tierra que está dispuesto a vender, anunció ayer el asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario (INA), Marco Ramiro Lobo.

"Así como fue difícil alcanzar el acuerdo con los campesinos del Muca, probablemente haya necesidad de sentarse con don Miguel Facussé para hacer la revisión de los lotes que se van a ofertar", dijo.

Agregó: "Yo creo que así como se llegó a un acuerdo con los campesinos, que en un principio manejaban una posición muy cerrada, se puede alcanzar con don Miguel. Seguramente a corto plazo, el Presidente o el ministro Ham lo estarán convocando a una mesa de negociaciones para establecer cuáles son las fincas".

"Nosotros -añadió- hemos estado siguiendo instrucciones del Presidente de la República. él nos ha dicho que don Miguel Facussé estaba dispuesto a vender tres mil hectáreas, pero no se especificó el lugar, solo se especificó que eran fincas que no estuvieran próximas a las plantas procesadoras".

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La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, creada en 1992, prohíbe las tomas de tierras y la expropiación por parte de las autorida.
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