“Se viene lluvia de demandas”

Tony Banegas, cónsul honorario de Honduras en esta ciudad y líder de la comunidad hondureña, explica cuál es el futuro legal de la ley SB 1070, el procedimiento que debe seguir la Corte Federal y la otra opción, la del voto popular, que sería la salida a largo plazo.

A continuación el diálogo sostenido con EL HERALDO.

¿Cuál es el ambiente en las organizaciones de inmigrantes respecto a esta ley?

Ya oficialmente hay dos demandas, una se hizo ayer (el jueves) por la Coalición de Clérigos y Líderes Religiosos y otra se hizo por un policía, a nivel personal, en la ciudad de Tucson, Arizona, un policía que trabaja como tal desde hace 15 años.

Los argumentos son los mismos, que esta ley usurpa las obligaciones constitucionales del gobierno Federal, pues la migración es un tema que le compete al gobierno Federal y en este caso lo está asumiendo el gobierno local (a través de la ley) y además, el otro argumento es que fomenta la discriminación racial.

¿Se podrían esperar más demandas contra la ley?

Yo diría que una lluvias de demandas. Ya tenemos datos que confirman que asociaciones como Mexicans Defense Funed, American Civil Liberty Union y la National Inmigration Law Center también actuarán legalmente contra esta ley.

He escuchado incluso que gobernadores de otros estados tienen la idea de presentar demandas contra esta ley.

A nivel político, senadores y congresistas ¿qué se dice?

La mayoría de los demócratas están en contra de la ley y los republicanos están a favor, entonces hay división, aunque los representantes de los latinos votaron en contra, incluso fuera de la línea de su partido.

¿Qué futuro le podemos ver a esta ley?

Yo soy optimista, aquí se respeta la ley, existe la separación de los poderes y todos deben respetar ese principio, y por eso el gobierno local no puede usurpar las funciones del Federal. Los argumentos son buenos y los jueces son transparentes, objetivos y son nombrados de por vida y no tienen compromisos con nadie.

Son noventa días para que entre en vigencia la ley ¿qué pasará en este tiempo?

Tenemos hasta el 23 de julio para cambiar esta ley. Legalmente hay buenas bases para que no sea implementada. El procedimiento es sencillo. La juez ve los argumentos y ve si hay bases legales para abrir el caso, y si considera que existen bases legales para abrir el caso las partes van a juicio para defender sus posiciones. Este proceso puede durar mucho tiempo.

¿Y si dura más de tres meses, qué pasa?

Si el caso es conocido por la Corte Federal (donde se han entablado las dos demandas) la ley no se puede implementar, es decir que debe existir un fallo de la Corte para que la ley se aplique, si el juicio dura más de tres meses entonces se retrasa la entrada en vigencia de la ley.

Se habla del voto popular como una salida alterna para derogar esta ley, ¿en qué consiste este proceso?

Eso surgió hace un par de días. Hay dos formas de emitir leyes, una es a través de la Cámara de Representantes (Congreso) y la otra es por medio del voto popular.

Si queremos llegar al voto popular debemos recolectar 76 mil firmas de gente registrada para votar en el estado de Arizona, para pedir que esa ley se derogue; sin embargo, esta sería una salida a largo plazo, al menos no para este año, debido a que las elecciones de noviembre están muy cerca.

¿Por qué 76 mil?

Es el resultado de una operación (matemática) que es el cociente de una cantidad determinada de personas registradas para votar en este estado.

¿En qué radica el problema para llevar a cabo el voto popular para noviembre?

El aspecto logístico nos afecta. Es todo un proceso, hay que recoger las firmas, validarlas, hay que ponerlas en boletas, por ley se les manda a los miembros del Ejército registrados en Arizona y que están en diferentes partes del mundo para notificarles y que ellos también se pronuncien al respecto, entonces en cuestión de logística no es posible, al menos no para este noviembre, sino hasta el 2012. Todos estos trabajos los lleva la Secretaría del Estado de Arizona.

¿Es cierto que el voto popular tiene su debilidad?

El voto popular es un arma de doble filo porque los que están apoyando esta ley también podrían convocar a otro popular para anular el primero que hagamos, entonces es un arma de doble filo.

Se dice que la gobernadora Jan Brewer está jugando política con esta ley, que aspira a ser reelecta en noviembre ¿es cierto?

Claro, ella era secretaria de Estado, y cuando el presidente Barack Obama nombró a la ex gobernadora Janeth Napolitano dentro de su gabinete, entonces el puesto lo asumió Brewer, ahora ella luchará en noviembre en las elecciones internas republicanas para lograr enfrentarse el próximo año ante su contendor demócrata para ver quién gana el puesto de gobernador.

¿Es cierto que las encuestas la favorecen más ahora, que antes de la ley?

Eso es lo que dicen las encuestas, pero hay que dudar siempre. Antes de firmar la ley, el 23 de abril pasado, tenía un 40 por ciento de popularidad y la más reciente encuesta dice que ese porcentaje subió a 56 por ciento.

Cónsul de México dice que "debemos unirnos"

El gobierno mexicano recomienda solo una cosa: "unirnos" ante la amenaza que representa la Ley SB 1070. Las consideraciones del cónsul adscrito de México acreditado en esta ciudad, Alfonso Navarro, consideró que se debe preparar una estrategia conjunta con todas las naciones que ven a sus ciudadanos afectados con la normativa.

"De momento es lo único que te puedo decir, debemos unirnos ante esto", apuntó el cónsul luego de salir de una reunión con el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, quien también se ha expresado en contra de esta ley.

México es la nación que más ciudadanos tiene en territorio estadounidense y que serían afectados. Se calcula que de los 30 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos, unos 12 son mexicanos.

La segunda comunidad más afectada sería la centroamericana, en especial los guatemaltecos, salvadores y hondureños.

Hay que destacar que el alcalde de esta ciudad, si bien no está de acuerdo en el boicot económico que emprenden los latinos en contra del Estado, ha sido claro al oponerse a la aplicación de la ley SB 1070.

De hecho, el edil intentó que la alcaldía de Phoenix demandara ante la Corte Federal la nulidad de la ley, sin embargo, una votación de regidores le impidió el paso. Cinco republicanos, del mismo partido de la gobernadora Jan Brewer, se opusieron, mientras que hubo cuatro votos a favor, todos miembros del partido demócrata.