Hondureños y mayoría de latinos no apoyan boicot

El boicot económico que impulsan los migrantes más radicales de este estado genera dudas entre los hondureños que dependen en su mayoría de negocios propios o de fuentes de ingreso generadas por el turismo.

El problema es que un boicot económico solo vendría a empeorar la situación financiera del estado, que ya está deteriorada por la reciente crisis que afectó el año pasado la economía de todo el país.

El boicot fue una idea que propusieron varias organizaciones de derechos de los migrantes después del 23 de abril, cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aprobó la ley SB 1070, que criminaliza la inmigración.

Esa ley faculta a la policía local para solicitar documentos, siempre y cuando hayan violentado otras leyes, a quienes ellos consideren sospechosos de estar indocumentados en el país.

Desde el 23 de abril, decenas de migrantes protestan frente a las oficinas del Capitolio de Phoenix, sede de la gobernadora. Estas marchas se mantendrán hasta el 23 de julio, cuando entrará en vigencia la SB 1070.

Luis Henríquez, un hondureño propietario de una tienda de abarrotes en la parte del sur de Phoenix, cuenta que desde el año anterior las ventas han caído estrepitosamente.

"Todo ha caído a la mitad, lo que compro y lo que vendo; desde el descalabro en el sector inmueble, muchos de nuestros clientes se fueron a sus países o a otros estados", relató, mientras apoyaba su codo en una de las vitrinas en las que ofrece su producto.

Apoyar el boicot afectaría los bolsillos de los latinos que aún permanecen aquí, dijo, luego de explicar que los migrantes generalmente trabajan en los sectores de servicios, que dependen en gran medida del turismo.

Varias organizaciones y ciudades han cancelado eventos que tenían previsto realizar en esta ciudad.

Al parecer equipos de fútbol americano, béisbol y otros deportes también han suspendido los entrenamientos y períodos de preparación que año con año realizan en este estado, por ser uno de los más calientes de todo el país y apto para mejorar la condición física de los deportistas.

Santos Monge, otro catracho que visitaba el negocio de Luis, comparte esa opinión, aunque considera que ley SB 1070 es "grosera".

Monge contó que ahora debe portar el permiso de trabajo que le otorga el Estatus de Protección Temporal (TPS). "Antes no me lo pedían, pero ahora sí", confió.

Monge iba mandar dinero a una hija en Puerto Cortés.

La cuota ha ido disminuyendo a causa de la crisis económica y teme que siga bajando debido al boicot. El vicealcalde de esta ciudad, Michael Nowakowski, opinó que con el boicot serán afectados los pequeños negocios de latinos. Para este funcionario hay que buscar un modo de protestar que no afecte a los latinos.

"Al afectar el pueblo, la gente se va ir del estado y eso es lo que quieren los anglos, eso es lo que quieren los racistas y no hay que jugar su juego", recomendó.

Tony Banegas es el cónsul honorario de Honduras en esta ciudad y catalogó de equivocado irse al extremo del boicot.

"Ellos son extremistas y lo han demostrado con esa ley racista, pero nosotros no debemos ser como ellos, extremistas, por el contrario, hay que demostrarles que somos importantes y que somos muchos… el boicot nos afectará a nosotros", analizó.

A pesar de que el boicot ha generado preocupación en este estado, la gobernadora Brewer ha dado muestras de que no retrocederá con esa ley.

La esperanza de la comunidad latina es que la Corte Federal decida, a petición de las dos demandas interpuestas contra la SB 1070, derogar esa ley.

En Arizona residen unos seis millones de personas, de ellas el 41 por ciento son latinos, lo que convierte al sector en importante para la economía de este estado. Se estima que viven unos dos mil hondureños de forma indocumentada.