Bajo ataque el libre ejercicio del periodismo

El crimen organizado, el narcotráfico y las acciones del mismo Estado tienen bajo fuego a la libertad de expresión y los periodistas de Honduras.

De acuerdo con informes de organizaciones nacionales e internacionales que monitorean este derecho, la situación actual "es preocupante", bajo este velo los periodistas del país conmemoran hoy su día.

La inseguridad generalizada, producto de la incapacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad, ha puesto a los comunicadores en una total indefensión. A medida que el temor se impone, la libertad de expresión cede espacio al silencio.

La Constitución estipula el respeto a ese derecho, sin embargo, el Estado no es capaz de tutelarlo. Aunque las leyes sostienen que en Honduras la gente puede decir lo que quiere, hablar abiertamente sobre ciertos temas puede costarle la vida al ciudadano o al periodista.

El asesinato de siete comunicadores que ejercían su profesión y el de un locutor en menos de 60 días disparó las alarmas.

Aparte de esto, la libertad de expresión es amenazada constantemente por la corrupción, efecto de la impunidad, por el abuso de ese derecho, por la falta de independencia de los periodistas y de los medios, lo cual deja como consecuencia censura, autocensura y manipulación de la información.

En este ambiente hostil, la lucha entre las amenazas y la responsabilidad también ha abierto una relación antagónica entre la intolerancia gubernamental y las coberturas noticiosas o investigativas en las salas de redacción, revelan los monitoreos.

Tutela

La libertad de expresión es un derecho contenido en las normativas nacionales e internacionales, pero el Estado no está tomando las medidas necesarias para garantizar su respeto, cuestionó Anarella Véléz, vicepresidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El artículo 72 de la Constitución reconoce el derecho a la libre emisión del pensamiento, similar a como lo hace la Convención Americana en el artículo 13.

Esta enunciación constitucional es respaldada por la Ley de Libre Emisión del Pensamiento -creada en 1958-, cuyo artículo 2 establece: "Las libertades de expresión del pensamiento e información son inviolables.

Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión. No se aprobará ley alguna que las restrinja.

Esta ley determina las responsabilidades en que incurran los que abusen del tal libertad en perjuicio de la honra, reputación o intereses de personas o entidades".

Realidad

Para el experto en derecho procesal, Rigoberto Cuéllar, a las autoridades del Estado no debe bastarles decir que en Honduras hay libertad de expresión, si en realidad el mismo Estado no garantiza su respeto.

La libertad de expresión comenzó a deteriorarse aceleradamente desde noviembre de 2003, cuando en Santa Rosa de Copán fue acribillado a tiros el periodista German Rivas. De ese año a la fecha, 13 periodistas han sido asesinados y en ninguno de los casos se ha capturado a los culpables.

En el año 2006 los informes registraron 34 amenazas a la libertad de expresión, entre ellas el asesinato del abogado Dionisio Díaz García, quien daba seguimiento a investigaciones periodísticas sobre corrupción y narcotráfico.

De estos casos, 20 fueron agresiones, seis querellas y tres condenas a periodistas. En 2007 la situación continuó complicándose. En octubre es asesinado en Tegucigalpa el periodista y humorista Carlos Salgado.

En ese año, 13 comunicadores fueron amenazados e intimidados, mientras que otros siete y un propietario de medios de comunicación resultaron querellados. En el siguiente año, otros 21 periodistas sufrieron amenazas, agresiones verbales y físicas.

Polarización

A partir de 2009, las amenazas a las libertades alcanzaron su máxima temperatura. La polarización de la sociedad fue el factor desencadenante. En el fragor de la confrontación, durante el primer semestre, tres periodistas perecieron acribillados en circunstancias todavía no aclaradas.

En este período se registraron 18 casos, entre amenazas, agresiones, un secuestro y el asesinato de los comunicadores Bernardo Rivera, Santiago Rafael Munguía y Osman López.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostiene que antes del 28 de junio había una tendencia disimulada y encubierta a limitar la libertad de expresión, posteriormente hubo hechos lamentables que limitaron ese derecho. Se cerró temporalmente un canal y una radio, y eso ha tenido un precio bastante alto para el Estado.

"Cuando uno habla de libertades debe ser ecuánime y quien cometa restricciones o usurpaciones debe ser enjuiciado", añadió. Durante 2009, C-Libre registró 169 violaciones a la libertad de expresión, 151 se dieron en el segundo semestre.

Entre ellas sobresalen agresiones físicas, verbales, hostigamiento a periodistas, sabotajes, lanzamiento de explosivos y bombas incendiarias, intervención y militarización de medios. También se dio el asesinato del comunicador Gabriel Fino Noriega.

El aniquilamiento de la libertad de expresión alcanza un grado alarmante en 2010. Solo en los primeros cinco meses, media docena de periodistas han sido amenazados y siete ya perdieron la vida a manos de sicarios. Como octava víctima está un locutor ultimado en la zona norte del país.

Incumplimiento

En febrero, el presidente Porfirio Lobo Sosa, tras firmar en Miami la Declaración de Chapultepec, se comprometió a defender el derecho a la libertad de expresión.

A pesar de que la Secretaría de Seguridad entregó recientemente al Congreso Nacional un informe sobre la muerte de los periodistas ocurridas este año, no hay ninguna captura y la sociedad teme que los casos queden en la impunidad, como los anteriores.

Lobo también aseguró que castigaría a los funcionarios que no pongan a disposición de los ciudadanos la información oficial.

Estado no garantiza libertades de ciudadanos

En este momento Honduras vive una realidad bastante compleja. El Estado no está dando garantías a los ciudadanos y ciudadanas para que tengan un pleno goce de las libertades, analizó Anarella Vélez, vicepresidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Ella es la redactora del informe sobre libertad de expresión 2009, en el cual se registran 169 violaciones a ese derecho, principalmente tras los sucesos políticos del 28 de junio.Vélez lamentó que el Estado sea incapaz de garantizar a los ciudadanos la paz, la seguridad y el goce de la libertad de expresión, la cual sustenta el ejercicio de los demás libertades.

"Si las personas no pueden hablar, cómo van a demandar que se les respeten sus otros derechos. El ejercicio de la libertad de expresión es el pilar de la democracia", reflexionó.

Vélez consideró que la inseguridad generalizada y la impunidad son las principales amenazas a la libertad de expresión en el país. Aquí se ensañan contra los que venden discos piratas y no persiguen a los delincuentes de mayor envergadura.

La situación de impunidad es tan preocupante que la ciudadanía ya ha perdido su confianza en las instituciones del Estado, criticó. Proyectó que si no se toman medidas serias sobre lo que está pasando, "vamos hacia una gran descomposición social .

Nosotros vemos con suma preocupación esta situación", dijo.

Sobre el abuso de la libertad de expresión, manifestó que el ejercicio del derecho de una persona se acaba donde comienza el de los demás.