Saro Bonano salpicado en irregular pavimentación de pista en El Aguacate
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Honduras
Usaron viejas artimañas para llevarse a la bolsa millones de lempiras.
El método de fraccionamiento del costo de una obra fue el que se utilizó en la SecretarÃa de Obras Públicas, Transporte y Viviendas (Soptravi) para violar la Ley de Contratación del Estado al realizar las obras de acondicionamiento de la pista de la base aérea de El Aguacate, en Catacamas, Olancho.
El proyecto fue realizado en 2009 y fue dividido en dos etapas mediante ciertas artimañas para convocar a dos licitaciones privadas y asà eludir una licitación pública que hubiese garantizado mayor participación de oferentes y mejores precios.
Por cada una de las etapas, el Estado, por medio de Soptravi, erogó 1.6 millones de lempiras, sin que existiesen argumentos legales para hacer la licitaciones privadas.
El ex ministro de Soptravi, Rosario Bonano, fue quien firmó estos acuerdos que curiosamente fueron agenciados a una misma compañÃa, la constructora Rosales, propiedad de René Rosales.
El ex presidente Manuel Zelaya dio instrucciones para que Soptravi mejorara de forma urgente la calzada de la base para ponerla en funcionamiento, se supone.
Burlaron la ley
La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) financió el proceso de limpieza de todos los obstáculos que habÃa en la pista y para ese trabajo contrató a la constructora Rubio.
Luego, a inicios de 2009, comenzó la trama cuando Soptravi programó hacer en dos etapas el proyecto para "la colocación de la base compactada e imprimación de la pista", como dicen los convenios concedidos a la constructora Rosales.
Pese a que se trataba de una sola obra, Soptravi, por medio de Bonano, convocó a dos licitaciones privadas, es decir, ninguna mayor a 1.7 millones de lempiras, valor techo para hacer este tipo de adquisiciones.
Un costo mayor a esta cifra obligaba a Soptravi a convocar a una licitación pública, según las disposiciones presupuestarias del año pasado.
El primer contrato se firmó el 27 de marzo de 2009 por un valor de 1,659,758.45 lempiras, que fue lo que ofreció Rosales cobrar. A este tÃtulo se le denominó "Colocación de base compactada e imprimación de aeródromo El Agucate, en Catacamas, Olancho, etapa I".
La imprimación consiste en colocar una base protectora de asfalto sobre la sub-base, mientras se hacen los trabajos definitivos. Este contrato tenÃa un mes para ser ejecutado.
La pista mide 2,300 metros de longitud por 25 de ancho. El grosor de la sub-base que se colocó es de 30 centÃmetros, mientras que la imprimación fue solamente consiste en un ligero tratamiento de asfalto.
En la primera etapa se realizó este procedimiento en una mitad de la pista, y en la segunda etapa se llevó a cabo en la otra mitad, por lo que es evidente que se podÃa hacer una sola obra y no dos.
Una licitación privada implica que se hagan invitaciones a tres empresas para que oferten el bien o servicio que se quiere contratar.
Además de Constructora Rosales, participaron las compañÃas Lamar y Bono y Sicmen, que ofrecieron 1,823,522.50 y 1,747,077.27 lempiras, respectivamente.
Las invitaciones a licitar las hizo el ex director de Carreteras, Melvin MartÃnez, el 16 de marzo de 2009.
Lo que llama la atención es que ambas compañÃas sabÃan que se trataba de una licitación privada y presentaron ofertas que desde el inicio estaban descalificabas por ser mayores a 1.7 millones de lempiras.
En este proceso de licitación hubo una serie de infracciones a la Ley de Contratación del Estado porque no se cumplieron los presupuestos que se indican para invocar este método de adquisición, de acuerdo el artÃculo 60 de esa norma.
Este numeral avala una licitación privada cuando, por ejemplo, "existiere un número limitado de proveedores o de contratistas" o "cuando una licitación pública resulte desierta o fracasada por causas no imputables a los funcionarios responsables del procedimiento, siempre que por razones de urgencias debidamente calificada no fuese posible repetir dicho procedimiento".
El ex presidente Zelaya alegó en aquel entonces que existÃa urgencia para mejorar la pista, pero esa premura nunca estuvo fundamentada en la Ley de Contratación de Estado.
Al no haber justificación para hacer una licitación privada, también se violó el artÃculo 7 de esta ley, que deja claro que "todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad…".
Paralelamente a este proceso, el ex viceministro de Transporte, Bayardo Pagoaga, firmó el 16 de marzo de 2009 el contrato irregular para la construcción de la terminal con fondos de Cocesna.
II etapa del delito
La segunda licitación es casi una copia al carbón de la primera: participaron las mismas tres empresas por invitación de Soptravi y la ganadora fue la compañÃa Rosales porque ofreció menos de 1.7 millones, mientras que las perdedoras sobrepasaron ese monto.
Constructora Rosales ofertó 1,660,543.00, Lamar y Boni pidieron 1,825,729.00, mientras que Sicmer cobraba 1,747,000.00 lempiras.
En consecuencia, el 16 de junio de 2009, Rosario Bonano firma el contrato de nombre "II Etapa para la colocación de la base compactada e imprimación del aeródromo El Aguacate", con la empresa Rosales.
El trabajo consistió en nada más terminar la mitad de la pista que no fue compactada ni tratada con asfalto, labor que se concluyó en un mes, como contemplaba el contrato.
El artÃculo 72 de la Ley de Contratación de Estado dice que el contratista "podrá ejecutar la obra en el plazo convenido. También deberá cumplir los plazos parciales para las diferentes etapas del proyecto, si asà se hubiese previsto en los documentos de licitación".
Este renglón fue invocado por Soptravi para cubrir la ilegalidad del fraccionamiento de la obra, pues no existÃa asidero legal para ello.
Si bien el artÃculo 70 de esa misma ley habla de que si conviene a los intereses del Estado se podrán celebrar contratos separados para la ejecución de cada sección de la obra, aclara que ello solo es permitido "siempre que fuesen susceptibles de ser utilizadas o puestas al servicio en forma independiente".
Esto no sucedió en el caso de la pista de El Aguacate, ya que una calzada de un aeródromo tiene que estar completa para entrar en servicio.
En el caso de que se argumente que el uso que se querÃa dar a la obra era solo protección de la pista, eso desmerita la urgencia que invocó el ex presidente Zelaya para hacer las licitaciones, pues entonces no existÃa intención de ponerla en funcionamiento a la brevedad posible.
El proyecto de la pista de El Aguacate no estaba en la planificación de inversiones de Soptravi, por lo que al hacer esa inversión se violentó el artÃculo 7 de la Ley de Contratacion, que ordena hacer una planificación para controlar sus actividades de contratación en base a un programa anual de adquisiciones.
I etapa se firmó en marzo
El ex presidente Roberto Micheletti firmó, en calidad de mandatario del paÃs, el contrato de supervisión de la primera etapa del acondicionamiento de la pista de El Aguacate, pese a que todavÃa no asumÃa el poder.
El contrato se suscribió el 27 de marzo de 2009 con la compañÃa Sprinsa, por un monto de 382 mil lempiras. Micheletti asumió la presidencia de la República el 28 de junio en sustitución de Manuel Zelaya.
En la parte final del contrato aparecen la firma de Micheletti y del ex ministro de Soptravi, aunque no la del gerente de Sprinsa, Gustavo Adolfo Izaguirre.
El segundo contrato para la siguiente etapa del proyecto fue adjudicado a la empresa IngenierÃa Riedel, por 328,992 lempiras, convenio que extrañamente no indica cuándo fue suscrito.
Los firmantes de este contrato son el ex ministro Bonano y Arturo Riedel Morales, representante de la supervisora.
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