Cancelación de contratos tiene vicios de nulidad

El Decreto Legislativo 04-2010, que deja sin valor y efecto la extensión de contratos suscritos por el Estado hasta el 1 de febrero de 2010, no es aplicable a los contratos privados que las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) suscribieron con los maestros a partir de esa fecha y con duración hasta el 31 de enero de 2011.

Al menos esa es la conclusión que obtienen profesionales del derecho al argumentar que decidir que esos contratos pueden anularse mediante el decreto legislativo significa que el gobierno también daría por anulados los contratos laborales que contraen los patronatos y las Organizaciones no Gubernamentales con sus trabajadores.

Basándose en el decreto legislativo 4-2010 publicado en La Gaceta el 10 de marzo recién pasado, el 16 de abril, la coordinadora general del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) Yuny Goldberg ordenó a los coordinadores departamentales anular los contratos que las Aeco suscribieron con los maestros el 1 de febrero de 2010.

Ella argumentó ampararse en que el decreto 2010 establece dejar sin valor ni efecto los contratos de servicios personales de profesionales y técnicos y los contratos bajo cualquier otro renglón o modalidad "cuyo vencimiento sea posterior al 26 de enero de 2010, celebrados por la administración pública central, organismos descentralizados y desconcentrados, y gobiernos municipales que no hayan contado previamente con la asignación presupuestaria respectiva y que prolonguen sus efectos al siguiente período de gobierno".

Inaplicable

La abogada Magda Cálix asegura que el decreto es claro, principalmente cuando estipula el tiempo y las instituciones a las cuales es aplicable.

En primer lugar, los contratos que suscribieron los maestros Proheco el año pasado no tienen prolongación para el 2010 pues vencieron el pasado 31 de enero.

"El decreto estipula contratos suscritos en el gobierno pasado con prolongación a la nueva administración, pero eso no se da en este caso", explicó.

Los contratos que Goldberg ordenó anular fueron suscritos por las Aeco el 1 de febrero, o sea cinco días después de que el nuevo gobierno tomó el poder.

Además, el decreto plantea los contratos suscritos por la administración pública central, organismos descentralizados y desconcentrados, y gobiernos municipales, y Proheco no caen dentro de ninguna de estas categorías porque es un programa, relacionó Cálix.

Y en todo caso, que alguien argumente que es descentralizado los contratos anulados por orden de la coordinadora de Proheco, no fueron suscritos por ninguna autoridad de este programa, sino por la directiva de las Aeco, que son una Asociación de padres de familia de la comunidad, que cuenta con personería jurídica, y como cualquier ONG o patronato que recibe fondos del gobierno para proyectos, actúan independientemente.

¿El que la Aeco reciba dinero del gobierno es razón para aplicar el decreto?, se le consultó. No, porque no están en la categoría de institución pública de ninguna naturaleza, contestó.

De acuerdo con el reglamento, aprobado mediante decreto ejecutivo 007-99, las Aeco son un equipo de personas organizadas en la comunidad, a las cuales el Estado les da personería jurídica para que sus actos tengan validez legal.

Las responsabilidades que se les asigna es el administrar los recursos que les da el Estado para los servicios educativos.

Estas son entidades jurídicas de servicios educativos a la comunidad, sin fines de lucro, apolíticas y no religiosas.

Las personas que conforman sus directivas no tienen ningún tipo de remuneración, la única recompensa es la educación de sus hijos.

En reciente entrevista, Goldberg sostuvo que Proheco y las Aeco son entidades descentralizadas y que, por lo tanto, sus contrataciones entran dentro del decreto 2010, que ella está haciendo cumplir.

Aunque los directivos Aeco prestan sus servicios gratuitamente, Goldberg, los considera empleados gubernamentales porque administran dinero del gobierno.

Demandas

En la anulación de contratos al margen del Código Laboral, las autoridades de Proheco y los políticos no han tenido contemplación con las profesoras embarazadas ni con aquellas que padecen de cáncer, tal es el caso de la profesora Yasmina Judith Sosa, quien prestaba sus servicios en la escuela Fuente de Agua Viva, en la aldea Los Chorros, Trojes.

La anulación de contratos por orden de la coordinadora general de Proheco abrió las puertas para que los maestros afectados inicien una serie de demandas laborales y penales por incumplimiento de contrato.

Decenas de maestros están acudiendo al Ministerio del Trabajo a calcular sus derechos adquiridos y prestaciones.

Tras agotar esta instancia, los maestros despedidos han recurrido los tribunales de justicia interponiendo acciones contra los directivos Aeco que ejecutaron los despidos y contra aquellos directivos Aeco que fueron marginados por los directivos impuestos de dedo y que no defendieron los contratos que suscribieron en febrero.

Y de manera solidaria, las demandas, incluyen a Proheco.

El 20 de abril, la Secretaría del Trabajo, oficina regional de Danlí citó a Luz Marina Sánchez, presidenta Aeco, para que conciliara con la maestra Proheco Juana Elizabeth Zúniga Barahona, el pago de derechos adquiridos, salarios adeudados por incumplimiento de contrato. Como no se llegó a ningún acuerdo, las autoridades del trabajo levantaron el acta de las diligencias conciliatorias dejando expedita la vía judicial laboral.

En el Juzgado Segundo de Letras Seccional, consta la demanda que la maestra de Proheco, Juana Elizabeth Zúniga Barahona interpuso contra la presidenta de la Aeco, Luz Marina Rodríguez Sánchez y contra Proheco, pidiendo citar a Goldberg para que responda por la anulación del contrato firmado el 1 de febrero.

Abogados embargarán cuentas de las Aeco y Proheco para cubrir pagos de demandantes

El patrono de los profesores que trabajan en las escuelas Proheco no es el gobierno, sino las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) explicó el abogado Ramón Valladares tras revisar documentos sobre el caso.

A pesar de que se les paga con dinero del gobierno, son contratos privados, por lo tanto no los abarca el decreto 4-2010, añadió.

La anulación de estos contratos de forma arbitraria, y por cuestiones políticas, traerá graves consecuencias contra el modelo educativo. Las demandas laborales proceden contra las Aeco y solidariamente contra Proheco, aseguró.

Según él, lo preocupante de todo esto, es que las directivas Aeco, no tendrán cómo pagar derechos adquiridos y prestaciones "por lo tanto tendrán que vender enchiladas y poleada para recaudar los recursos que los tribunales laborales orden cancelar a los demandantes.

Si los directivos Aeco argumentan que no pueden pagar, entonces los abogados recurrirán al embargo de las cuentas, o de aquellos bienes que forman parte del patrimonio de las asociaciones.

Los cálculos de prestaciones que la Secretaría del Trabajo les ha realizado individualmente a los maestros son superiores a los 60 mil lempiras en la mayoría de casos.

A criterio de Valladares, los resultados en el aspecto laboral son parte de las consecuencias penales que enfrentarán las autoridades de Proheco, los alcaldes, regidores, que violentando el reglamento de las Aeco, colocaron directivas de dedo, despidieron y contrataron nuevos maestros y cambiaron firmas en los bancos sin seguir los procedimientos legales establecidos en el reglamento.