Investigan delitos que se cometieron contra las Aeco y maestros Proheco

El Ministerio Público investiga los delitos que estarían cometiendo las autoridades del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) conjuntamente con los alcaldes y regidores, al usurpar las atribuciones de las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco), para colocar activistas políticos como docentes.

El 16 de abril, amparada en el decreto legislativo 4-2010, la coordinadora general de Proheco, Yuny Goldberd ordenó a los coordinadores departamentales anular los contratos que las Aeco habían suscrito con los maestros de las escuelas Proheco a partir del 1 de febrero y con vigencia hasta el 31 de enero del 2011.

Para expertos en temas legales, el decreto legislativo antes mencionado no abarca la cancelación de los contratos suscritos por las Aeco, por lo tanto la determinación de Goldberg estaría al margen de la ley.

La orden de la coordinadora general ha permitido que los coordinadores departamentales y los promotores de Proheco, conjuntamente con los alcaldes, regidores y otros políticos se dediquen a sustituir directivas Aeco, al margen de la ley para luego despedir maestros y contratar activistas como docentes, llegando al extremo de sustituir firmas en los bancos para manejar las chequeras, tal como lo denunció Donatilo Rojas Rodríguez, presidente de la Aeco de El Quebracho, El Paraíso, a quien le cambiaron su firma sin consentimiento.

En la denuncia número 58-2010 recibida por la oficina del Ministerio Público en Danlí, El Paraíso, interpuesta por una veintena de profesores de las comunidades de San Lucas y San Antonio de Flores, denuncian por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios a la directora municipal de Proheco Rosa Amelia Quiñónez, a su esposo el regidor Tulio Enrique Sánchez y a los promotores Olman Danilo Mendoza y Noris Díaz Mendoza.

La denuncia establece que las personas antes mencionadas se tomaron las atribuciones de las Aeco, cuyas directivas electas en asamblea, según el reglamento, son las únicas que pueden contratar y despedir profesores en ese modelo educativo.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, la Fiscalía de las Etnias recibió alrededor de seis denuncias de maestros Proheco procedentes del departamento de Lempira.

Al igual que los mentores de El Paraíso, denunciaron que los coordinadores departamentales, promotores y alcaldes están cometiendo iguales acciones en su departamento.

María Ester López Rivera, quien laboraba en la escuela Efraín Eugenio Nolasco, ubicada en la aldea Yuni, del municipio de San Manuel Colohete, denunció en la fiscalía de las Etnias que el alcalde José Inés Mejía Romero, su asistente técnico y por instrucciones del promotor de Proheco, cambiaron al presidente de la Aeco, utilizando niños de doce años para la votación.

Días después le llegó una nota de despido firmada por el nuevo presidente Aeco y por el alcalde, por su asistente y por el promotor de Proheco.

Indagaciones

La titular de la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural, Yani Del Cid, sostuvo que la semana pasada un equipo de fiscales acompañados de agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) se desplazaron a Lempira a constatar las acusaciones.

Explicó que como las denuncias hacen referencia al daño que se les está causando a grupos étnicos, con el cambio de maestros, entonces esa fiscalía está investigando los hechos para tipificar los delitos y luego poder proceder en los tribunales de justicia.

"Los hechos son los mismos en todas las denuncias. Se están sustituyendo maestros de forma ilegal sin contar con la venia de las Aeco", agregó.

En la investigación de la Fiscalía se incluye citación a las autoridades de Proheco para que comparezcan a declarar. Ella manifestó que con la investigación se identificarán los delitos cometidos y se individualizarán las acusaciones penales.

En sus investigaciones, el Ministerio Público busca documentar delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, apropiación indebida y violación del deber de los funcionarios.

Derechos Humanos

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también está investigando una serie de quejas que están llegando a sus oficinas en todo el país, donde los maestros Proheco denuncian atropellos a sus derechos laborales y atropellos a su integridad física y emocional.

En el oficio número 11/10/DDL, del 3 de mayo de 2010, Isabel Ochoa, delegada del Conadeh en Lempira, se le reclama al coordinador departamental de Proheco, Bairon Lemus, que no cumplió con su palabra de respetar la personería jurídica de la Aeco, tal como lo prometió en una reunión realizada el 14 de abril. En el oficio, la delegada le pregunta a Lemus las razones de ¿por qué no cumplió su compromiso verbal?

Nery Velásquez, comisionado adjunto del Conadeh, aseguró que en todas las oficinas que tiene el Comisionado en el país, hay distintas quejas de los maestros de Proheco por la forma en que se les está despidiendo.

La normativa que rige este programa establece que será la comunidad la que nombrará el docente, pero "en la mayoría de casos no se está siguiendo el procedimiento, y lo que se está haciendo es un despido sin la formalidad del caso", explicó.

Analizó que en los despidos que se están registrando en Proheco pueden haber varias violaciones, "por una parte una violación al debido proceso porque no se está siguiendo el procedimiento administrativo, violación al derecho del trabajo que tiene todo hondureña y hondureño, y violación al derecho de educación que tienen los niños".

Velásquez explicó que cada una de las quejas, el Conadeh podría cerrarla haciendo una recomendación administrativa, o si encuentran abuso de autoridad entonces las cierran por ese delito y luego lo turnan al Ministerio Público.

Maestros Proheco cumplen con calendario escolar

Gracias a que los padres de familia, organizados en las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) son los que contrataban y pagaban a los maestros de las escuelas Proheco, los niños recibían clases todo el año lectivo.

Sin embargo, a partir de la crisis generada por la anulación de los contratos y la usurpación de las funciones de las Aeco, algunas escuelas han cerrado temporalmente, los niños están divididos, unos con los maestros contratados legalmente, y otros con los activistas contratados por los políticos.

A los maestros Proheco se les paga un salario de 5,500 lempiras mensual. Hasta el 2006 a estos maestros se les hacía deducciones, en calidad de aportaciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), posteriormente esas aportaciones fueron a parar a dos bancos privados.

En total, según informes, que manejan los maestros, en el Inprema tienen aportaciones por 57,581,736.34 lempiras y en la banca privada 51,331,736.22 lempiras, o sea un total de 108.9 millones de lempiras.

A pesar de contar con estos recursos, los maestros Proheco no tienen ningún beneficio ni del Inprema ni de la banca privada.

Estos maestros que apenas ganan el salario mínimo, sin tener mayores beneficios, dan clases todo el año lectivo. En este modelo educativo los docentes no hacen huelga ni asambleas informativas.