Pagos irregulares a varios empleados y a abogados detectan en Inprema

Abogados y algunos empleados del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) encontraron en la institución la mina de oro perfecta para su beneficio particular.

Al menos eso es lo que se deduce luego de constatar documentación que evidencia el despilfarro que alcanza cuantiosas sumas de recursos pagados a profesionales del derecho, así como a empleados que fueron despedidos honrándoles sus prestaciones, pero que luego fueron recontratados.

El Inprema cuenta con un departamento legal donde trabajan nueve abogados, sin embargo, estos son relegados al momento de defender legalmente a la entidad.

Ante diversas demandas en contra de la institución, el directorio ejecutivo ha recurrido en diferentes ocasiones a profesionales del derecho externos para defender los casos, pero los han perdido y aun así se les ha pagado millonarias cantidades.

En los últimos años, el Inprema erogó alrededor de 40 millones de lempiras por pago de abogados, y recientemente el directorio discutió la contratación de dos abogados por un costo de 99 millones de lempiras para intentar votar una resolución desfavorable en primera instancia judicial, en la disputa de un terreno.

Despilfarro

El 15 de mayo de 2008, el entonces secretario ejecutivo del Inprema, Pedro Arnaldo Pinto, contrató al abogado Marco Tulio Castro por la cantidad de 18 millones de lempiras para que defendiera la posesión de un terreno que la institución había adquirido y en el cual realizaba la urbanización llamada Rubén Antúnez.

En la cláusula cuatro del contrato, Castro manifestó que el monto de los honorarios profesionales sería cancelado así: una tercera parte al firmar el convenio, otra tercera parte como segundo pago al momento de concluir el período probatorio y un tercer pago cuando se dicte la sentencia definitiva.

En el caso de que sea necesario acudir a una instancia superior, se procederá de conformidad a lo estipulado en el arancel del profesional del derecho, se estableció en el contrato. El 6 de agosto de 2009, el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán dictó sentencia sobre el caso y el Inprema perdió la demanda.

Al perder la demanda en primera instancia, perdió el terreno donde se ejecutaba la urbanización Rubén Antúnez, identificado por contabilidad del Inprema con el código 124-04-00000, el cual tiene un valor en libros por la cantidad de 95,389,557.55 lempiras.

El considerando 19 de la sentencia dice: "que del análisis y valoración de la prueba documental, inspección personal del señor juez y peritaje en su conjunto se concluye: 1, que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio reconoce que los demandantes, señores Dionisio y Florencio, ambos de apellidos Irías García, son dueños del inmueble ubicado en el sitio denominado el Bocón", o sea el lugar donde el Inprema estaba urbanizando.

A pesar de haber perdido la demanda en primera instancia, y de reconocer que el terreno en disputa pertenece a los demandantes, el 12 de agosto de 2009, Pinto contrata nuevamente al abogado Castro, ahora por la cantidad de 2,000,000 de lempiras, para que apele la sentencia. Sin embargo, Castro interpone el recurso de apelación de forma extemporánea.

"El juez de Letras Civil de este departamento, Wilfredo Alfaro, decide declarar no a lugar el recurso de apelación referido, por estimarlo extemporáneo", le notifica Castro a Pinto, en un memorando enviado el uno de septiembre de 2009.

Castro justifica el haber interpuesto el recurso de apelación fuera de tiempo aludiendo a una confusión con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil.

Aparte de este juicio, Castro también había recibido, años atrás, otros 2.5 millones de lempiras por representar al Inprema en una demanda judicial por un terreno en Omoa, Cortés.

Asimismo, se le habían pagado alrededor de 1.3 millones de lempiras por representar a la institución en otros casos. Hasta el 10 de mayo de 2010, Castro había recibido del Inprema 22,503,132.50 lempiras.

Pero los gastos en abogados para recuperar la posesión de los terrenos donde el instituto realizaba la urbanización Rubén Antúnez no terminaron con los 20 millones pagados a Castro.

A pesar de que la sentencia ya estaba firme, el 14 de julio de 2010 el actual directorio ejecutivo discutió el pago de 99,000,000 de lempiras a los abogados Nicolás García Osorto e Ivis Discua Barillas para que revoquen la sentencia.

Estos dos abogados fueron propuestos por los asesores legales de cuatro colegios magisteriales. La aprobación de este pago se suspendió ante la oposición de uno de los miembros del directorio.

Además de esto, el Inprema también ha pagado 7,014,402.23 lempiras al bufete Hernández y Asociados para que defendiera a la institución en otra demanda judicial por un terreno ubicado en Cuyamel, Cortés, según los informes de auditoría.

También se registran pagos a otros abogados por la suma de 7.7 millones de lempiras, supuestamente por la defensa de la institución.

Embargo

A pesar de tener un departamento legal y contratar abogados por sumas millonarias, el Inprema sigue teniendo problemas en la defensa de sus recursos y bienes.

Tras el despido del contador general Carlos Humberto Zúñiga Aguilar, este acudió a los tribunales del trabajo para interponer una demanda contra el Inprema, exigiendo derechos laborales.

Según auditoría interna, ante tal situación, el 3 de marzo de 2009, Yamir Lisandro Reyes Alvarado, receptor del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, requirió en forma legal al secretario ejecutivo del Inprema -Arnaldo Pinto- para que en el término de 24 pagara o consignara en el tribunal y a nombre del señor Carlos Humberto Zúñiga Aguilar la cantidad de 1,450,538.70 lempiras.

Pinto, mediante oficio SE-351-08 del 3 de marzo de 2009, autorizó el trámite de pago con carácter de urgente y ordenó que se consigne en los juzgados respectivos en el término de 24 horas. El 9 de marzo de 2009, o sea cinco días después de vencer el término judicial, dice auditoría interna, la unidad de caja entregó el cheque número 18699 a Zúñiga, sin haber notificado a las instancias respectivas.

Como el juzgado no recibió notificación, el apoderado legal de Zúñiga embargó la cuenta número 1-17000082-0 que el Inprema mantiene en una institución bancaria.

El 7 de diciembre de 2009, auditores acudieron al tribunal correspondiente para exigir la devolución del dinero y verificar el avance de una demanda contra Zúñiga, y se encontraron que el expediente 0801-2009-1967- número seis desapareció.

Recontrataciones

Pero el desorden administrativo en el Inprema sigue. Algo muy común en esa entidad es el despido de empleados, entre ellos dirigentes magisteriales, a quienes se les pagan prestaciones y posteriormente se les recontrata. Solo en tres casos el Inprema ha pagado 1,181,193.81 lempiras.

Por ejemplo, a Emil Danilo García García en 2004 se le pagaron en prestaciones 679,829.60 lempiras, según el cheque 24564. Sin embargo, ese mismo año fue jubilado. Pero contradictoriamente, ahora es el jefe de cartera del Inprema. García aseguró a EL HERALDO que el pago de su jubilación está suspendido.

Asimismo, está el caso de Jairo Roberto Bados Mendoza, quien actualmente es el secretario general, pese a que este funcionario fue despedido en 2008 y según el cheque 18007 se le pagaron 240,728.05 lempiras.

También está el caso del dirigente magisterial Ángel Octavio Martínez Márquez, a quien se le pagaron 260,636.16 lempiras en prestaciones el 23 de enero de 2009, según el cheque 18166, y este año fue recontratado y colocado como jefe de cobros.

Directorio no responde por otras administraciones

No pueden responder por las administraciones anteriores, sostuvo Belarmino Reyes, subsecretario del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), al referirse al despilfarro de dinero en esa institución.

Sobre los millonarios pagos a profesionales del derecho, teniendo la institución un departamento legal, Reyes respondió que encontraron un problema en la colonia Rubén Antúnez, y se le informó al directorio, "no podríamos nosotros responder por otras administraciones, pero si nos preocupa toda esa problemática acumulada".

"Hemos dicho que en los 39 años de vida de la institución -del primero de julio de 1971 al primero de julio del 2010- ha acumulado mucha problemática que hoy pone en riesgo su existencia", añadió. Agregó que se tendrán que tomar medidas para corregir una serie de irregularidades que se presentan en el instituto de previsión.