“Somos migrantes, no delincuentes”

Migrantes y habitantes de este poblado, ubicado a unos 300 kilómetros de la frontera con Guatemala, marcharon para protestar por el asesinato de 72 inmigrantes centro y sudamericanos y por la incapacidad del gobierno de México para frenar la violencia sistemática en contra de ellos.

La caminata inició a las 11:00 de la mañana en el albergue Hogar de la Misericordia y concluyó en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles, donde el sacerdote director de la casa del migrante, Heyman Vázquez Medina, encabezó una oración en memoria de las víctimas de la masacre.

En su intervención, el clérigo pidió a la sociedad no ser indiferente al sufrimiento de los hermanos migrantes. "El evangelio nos invita a no permanecer indiferentes a la realidad social que estamos viviendo", señaló.

A este poblado arriban decenas de "sin papeles" para abordar el ferrocarril que los acerque a la frontera con Estados Unidos.

Protesta

Durante la marcha denominada, donde participaron inmigrantes en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador e integrantes de la sociedad civil y activistas defensores de derechos humanos, quienes portaban cruces de madera y banderas de países del Istmo centroamericano, exigieron un alto a los secuestros, violaciones sexuales y asesinatos en contra de los inmigrantes. Y también el cese de la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, ya que por su falta de sensibilidad e incapacidad ha contribuido al fortalecimiento de las mafias, principalmente al interior de esa institución.

"Calderón, somos migrantes, no delincuentes, respeten nuestros derechos", se leía en una de las mantas que portaban los extranjeros.

Por su parte, el coordinador del albergue para inmigrantes de Huimanguillo, Tabasco, Rubén Figueroa Díaz, hizo un llamado a las instituciones No Gubernamentales de Derechos Humanos (ONG) para que conformen una comisión independiente que investigue la masacre de los 72 inmigrantes de Tamaulipas, para evitar que el gobierno de Calderón esconda o manipule los hechos violentos. Figueroa Díaz alertó a las organizaciones de derechos humanos a "vigilar con lupa" la actuación de las autoridades mexicanas. En especial la de los propios agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes pudieran estar involucrados con el crimen organizado, en el tráfico de seres humanos.

"En Quintana Roo, una treintena de agentes de migración participaron en el lucrativo negocio del tráfico de seres humanos. Por ello no se les puede descartar. Se les tiene que investigar, así como a todos los carteles del narcotráfico, que han penetrado al interior de las instituciones", denunció Figueroa durante la marcha por "La dignidad de los migrantes".

Explicó que la noticia de la masacre de los 72 migrantes, de los cuales 16 son hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño, hasta ahora identificados, mientras que el resto no se ha establecido su identidad, provocó el descenso de los migrantes que viajan a Estados Unidos. "Los tiene aterrorizados, están confundidos, no saben si continuar o regresar, los últimos cinco ferrocarriles han salido casi vacíos, sin gente", señaló el activista.

Investigaciones

El gobierno mexicano anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) asumirá la investigación de la matanza de los 72 inmigrantes centro y sudamericanos, en un rancho en el norteño estado de Tamaulipas, por considerar que es un delito federal. Refirió que decidió atraer las investigaciones para garantizar una indagatoria debida y poner a los responsables en manos de la justicia.

Hasta ahora solo se ha dado a conocer la identidad de 31 personas asesinadas por el grupo de narcotraficantes Los Zetas, quienes portaban sus documentos.